"Los nazis recibieron un mejor trato": la controvertida audiencia por la deportación de venezolanos a El Salvador
Una jueza de una corte de apelaciones consideró este lunes que "los nazis recibieron mejor trato" que los venezolanos expulsados a El Salvador desde Estados Unidos cuando, pese a existir una orden judicial en contra, se les aplicó una ley que data de tiempos de guerra y que fue nuevamente implementada por Donald Trump este mes.
El gobierno de Trump envió el 15 de marzo dos aviones con inmigrantes venezolanos a la conocida megacárcel de El Salvador tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y emitir una orden ejecutiva en la que calificaba a la banda venezolana Tren de Aragua de "fuerza invasora".
suspendió temporalmente las deportaciones llevadas a cabo en nombre de esta ley, lo que le valió duras críticas públicas por parte del mismísimo presidente.
Por ello, el gobierno de Trump invocó este lunes recurrió a un de tres jueces de la corte de apelaciones de EEUU para el Circuito del Distrito de Columbia, que escuchó sus alegatos.
“Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que el que ha ocurrido aquí”, aseguró la jueza Patricia Millett, quien forma parte de este que se mostró dividido sobre un caso que ha provocado una gran escalada de tensión entre los tribunales federales y la Casa Blanca.
La corte no especificó este lunes cuándo emitirá su fallo.
Las discrepancias sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros
Durante la audiencia de este lunes, el fiscal del Departamento de Justicia, Drew Ensign, mostró su desacuerdo con los comentarios de Millett.
"Ciertamente, cuestionamos la analogía nazi", respondió Ensign quien también señaló que la orden del juez Boasberg "representa una intrusión sin precedentes y enorme en los poderes del brazo ejecutivo" e impide a Trump ejercer "sus poderes en materia de guerra y asuntos exteriores".
A la jueza Millett no le pareció muy convincente este argumento. En su opinión, el juez de primera instancia no pone en duda la autoridad presidencial, sino que pide que los deportados puedan defender sus casos ante un tribunal.
Los abogados de varios de los venezolanos deportados aseguran que sus clientes no son del Tren de Aragua, ni han cometido crimen alguno. Según su versión, los han tomado como blanco por simplemente tener tatuajes.
"La gente en esos aviones ese sábado no tuvo la oportunidad de impugnar su remoción", protestó Millett, nombrada por el expresidente demócrata Barack Obama. "El presidente tiene que cumplir la Constitución y las leyes como cualquier otra persona", agregó.
Por su lado, el juez Justin Walker, designado durante el primer mandato de Trump, también sugirió la conveniencia de vistas judiciales, pero pareció receptivo a los argumentos de que la suspensión infringe los poderes presidenciales.
Walker también presionó al abogado de los demandantes para que citara algún caso anterior en el que una orden judicial que bloqueara "una operación de seguridad nacional con implicaciones en el extranjero" sobreviviera a la revisión en apelación.
Karen LeCraft Henderson, nombrada por el presidente republicano George H. W. Bush en 1990, fue la tercera juez del . No hizo preguntas durante la vista, que duró unas dos horas.
Por su parte, Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) autora de una demanda contra las deportaciones, señaló en la corte de apelaciones que el gobierno de Trump usa la ley de 1798 "para intentar eludir los procedimientos migratorios".
"Todo esto se ha hecho en secreto", dijo Gelernt.
La tensión entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial
Sin la suspensión temporal, el gobierno probablemente reanudaría de inmediato las deportaciones en nombre de esta ley, argumentó Gelernt.
"Estamos hablando de personas que son enviadas a El Salvador, a una de las peores prisiones del mundo, incomunicadas", añadió el abogado de la ACLU.
Alega que, antes de ser expulsados, los demandantes deben poder impugnar individualmente ante los tribunales estadounidenses su pertenencia al Tren de Aragua.
Boasberg también hace hincapié en la aparente falta de transparencia del gobierno de Trump porque el decreto lleva fecha del 14 de marzo y se publicó al día siguiente, aproximadamente una hora antes de la vista judicial de emergencia.
La expulsión acelerada de un extranjero en virtud de la ley de 1798 "sin darle la oportunidad de salir por su cuenta del territorio o de impugnar esa orden, es ilícita", escribió el magistrado.
Trump ha atacado a Boasberg, llegando incluso a pedir su destitución, lo que le ha valido una reprimenda pública del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.
En una declaración poco habitual, Roberts dijo que "el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial".
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