Juez federal afirma que el gobierno de Trump "eludió una vez más sus obligaciones" en respuestas por la polémica de las deportaciones a El Salvador
Un juez federal ordenó este jueves al gobierno de Donald Trump que expliqué por qué cree que haber permitido que dos vuelos de inmigrantes deportados continuaran su viaje a El Salvador no violó las instrucciones del magistrado, incluso después de que este ordenara que los aviones volvieran a Estados Unidos.
En una orden escrita en un tono airado, el juez James Boasberg le dio a la Casa Blanca hasta el próximo martes para recibir sus respuestas sobre la operación que el gobierno realizó el pasado fin de semana, en un creciente enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo.
Inicialmente, Boasberg había dado al gobierno hasta el mediodía de este jueves para proporcionar más detalles sobre los vuelos o alegar que debían retenerse porque atentarían contra secretos de Estado. El gobierno se opuso a la solicitud del juez, calificándola de una "pesca judicial innecesaria".
El juez calificó esta última respuesta de los funcionarios de Trump de "lamentablemente insuficiente" y afirmó que el gobierno "eludió una vez más sus obligaciones" al limitarse a repetir "la misma información general sobre los vuelos".
Además, ordenó al gobierno que presentara justificación de por qué su actuación no violó su orden judicial para regresar los aviones, lo que aumenta la posibilidad de que considere declarar a funcionarios del gobierno por desacato.
Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respondió al juez este jueves que el gobierno necesitaba más tiempo para decidir si invocaría el privilegio de secreto de Estado para bloquear la divulgación de esta información.
Boasberg ordenó a los funcionarios de Trump que presentaran, antes del viernes, una declaración jurada de una persona "con participación directa en las discusiones a nivel de gabinete" sobre el privilegio de secreto de Estado y que informaran al tribunal antes del próximo martes si el gobierno lo invocará finalmente.
Escala el conflicto entre el gobierno de Trump y el Poder Judicial
Boasberg exigió respuestas después de que dos vuelos con más de 200 inmigrantes venezolanos (que el gobierno de Trump considera de la banda criminal Tren de Aragua, pese a no haber sido acusados ni condenados) aterrizaran en El Salvador después de que el juez bloqueara temporalmente las deportaciones efectuadas en virtud de una ley de guerra del siglo XVIII.
El juez había ordenado al gobierno que regresara a los aviones estadounidenses que ya estaban en el aire cuando ordenó la suspensión.
El Departamento de Justicia argumentó anteriormente que las instrucciones verbales del juez no eran válidas, que solo debía seguirse su orden escrita y que esta no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de EE. UU.
Un portavoz declaró este jueves que el departamento "sigue creyendo que el cuestionamiento superfluo por parte del tribunal de información sensible de seguridad nacional constituye una extralimitación judicial inapropiada".
En un conflicto cada vez más profundo entre ambos poderes, Trump y muchos de sus aliados han pedido la destitución del juez Boasberg, quien fue nominado a la magistratura federal por el presidente demócrata Barack Obama.
En una inusual declaración a principios de esta semana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó tales peticiones, afirmando que "el juicio político no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial".
¿Quién es el juez Boasberg y qué ataques ha recibido del gobierno de Trump?
Trump ha hecho del juez Boasberg uno de los principales objetivos de sus críticas, al llamarlo incluso “lunático de la izquierda radical”.
Este miércoles, Boasberg siguió recibiendo ataques y el Departamento de Justicia subestimó su autoridad asegurando que “el juez sigue empeñado en una causa perdida”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue más allá al calificar a Boasberg de “activista demócrata” y decir que el juez “no tiene autoridad” para “afirmar que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros” de EEUU.
Sin embargo, y pese a estas acusaciones, lo cierto es que Boasberg se ha labrado una reputación entre sus colegas como un jurista íntegro y respetado tanto por el Partido Demócrata como el Republicano.
De hecho, analizando su trayectoria, cabe destacar que esta no es la primera vez que se enfrenta a casos políticamente complejos, y ya participó en algunos que involucraban al ahora presidente como acusado.
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