Trump y el Departamento de Justicia presentan a sus nominados para revisar los documentos de Mar-a-Lago
El Departamento de Justicia y el equipo legal de Donald Trump presentaron sus propuestas ante un juez sobre los candidatos para servir como árbitro independiente para revisar los materiales incautados de Mar-a-Lago y cómo debe funcionar el proceso.
Pero las dos partes no están de acuerdo sobre el alcance de los deberes que debe realizar el llamado maestro especial.
Los abogados de Trump dijeron que creen que el llamado supervisor especial debe revisar todos los documentos incautados por el FBI durante su búsqueda el mes pasado en Mar-a-Lago, incluidos los registros con marcas de clasificación, y filtrar cualquiera que pueda estar protegido por reclamos de ejecutivos. privilegio.
El Departamento de Justicia, por el contrario, dijo que no cree que se deba permitir que el árbitro inspeccione registros clasificados o que tenga en cuenta posibles reclamos de privilegio ejecutivo.
Quiénes son los nominados
Sobre los nominados, el Departamento de Justicia propuso a dos jueces jubilados para el puesto: Barbara Jones, que se desempeñó en el tribunal federal en Manhattan y ha desempeñado el mismo papel en investigaciones previas de alto perfil, y Thomas Griffith, exjurista de la corte federal de apelaciones en el Distrito de Columbia.
El equipo de Trump propuso a un juez jubilado, Raymond Dearie, también exfiscal federal principal en el Distrito Este de Nueva York, y a un destacado abogado de Florida, Paul Huck Jr.
La jueza de distrito de EEUU Aileen Cannon había dado a ambas partes hasta el viernes para presentar posibles candidatos para el papel de "maestro especial", así como propuestas sobre el alcance de los deberes de la persona y el cronograma de su trabajo.
Un retraso de meses en la investigación
La presentación judicial del viernes por la noche es el último giro legal en la histórica investigación criminal del Departamento de Justicia sobre el posible mal manejo de documentos por parte de Trump cuando su mandato finalizó en enero de 2021.
El FBI ejecutó una orden de allanamiento el mes pasado en la casa y centro turístico del expresidente en Florida, incautando 11,000 documentos, incluidos más de 100 registros gubernamentales clasificados.
Aunque es poco probable que la disputa legal tenga efectos importantes a largo plazo en la investigación criminal o la desvíe significativamente, es casi seguro que la retrasará y ya ha provocado que la comunidad de inteligencia detenga temporalmente una evaluación de riesgo nacional que estaba haciendo.
A pesar de las enérgicas objeciones del Departamento de Justicia, Cannon accedió el lunes a la solicitud del maestro especial del equipo de Trump y ordenó al departamento que detuviera temporalmente su revisión de registros con fines de investigación.
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