¡Ustedes no guardaron bien mis datos!: el reclamo de los clientes al bufete Mossack Fonseca después de ‘Los Papeles de Panamá’

“Yo supongo que están bromeando cuando me piden actualizar mis datos. No quiero verlos en la prensa dentro de tres años”, respondió airadamente un cliente a un correo del bufete Mossack Fonseca después del escándalo de 'Los Papeles de Panamá'. Y tenía razón, pero no fueron tres años sino dos, cuando volvieron a filtrarse las comunicaciones internas de la cuestionada firma panameña, que tuvo que cerrar operaciones luego de que casi 400 periodistas y más de un centenar de medios del mundo revelaran los secretos de sus correos electrónicos, entre los que hubo casos de lavado de dinero y evasión fiscal.

La incómoda respuesta pertenece a un empresario marroquí señalado de pertenecer a un esquema de lavado de dinero entre Francia y Suiza. “Lo menos que podemos decir es que no conocen la palabra confidencialidad! (...) Así que también aprovecho la oportunidad de este correo electrónico para preguntarle: ¿y los papeles de Panamá?”, escribió un mes después de la publicación.

Esta nueva filtración corresponde a las comunicaciones internas de la firma justo después del 3 de abril de 2016, cuando se salieron a la luz las notas periodísticas, hasta finales de 2017. El lote de correos llegó nuevamente al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y los periodistas Frederik Obermaier y Bastian Obermayer lo volvieron a hacer: se la entregaron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), quienes coordinaron la investigación con periodistas de más de una docena de medios del mundo.

Como era de esperarse, el escándalo –al cual se refieren con ese nombre los propios empleados de Mossack Fonseca en correos internos– provocó una implosión dentro de la empresa, mientras era objeto de medidas judiciales, prisión, allanamientos en sus sedes y finalmente el cierre de operaciones, que decretaron este año.

En los días siguientes a las revelaciones, las acciones giraron principalmente en dos frentes: los clientes buscaban retirarse inmediatamente y disolver empresas, algunos bajo intensos reclamos y, por otra parte, el Departamento de Cumplimiento del bufete corrió a hacer el trabajo que no había hecho: revisar las debidas diligencias (EDD: Enhanced Due Dilligence) y hacer Reportes de Actividades Sospechosas (SAR: Suspicious Activities Reports) de los clientes.

Univision examinó algunos casos en los que Mossack Fonseca, en su carrera por controlar los daños, dejó en evidencia omisiones en la evaluación de los antecedentes problemáticos de algunos clientes como es el caso de un empresario colombiano de televisión por cable.

En otro caso, en su afán por disolver sociedades, a petición de los clientes, la firma no tomó mayores precauciones para proteger la identidad de los beneficiarios finales de un conglomerado de herederos de la multimillonaria industria de la esmeraldas de Colombia.

Links de periódicos y comentarios sobre artículos de prensa se convirtieron entonces en discusiones por correo electrónico, dentro del departamento de Cumplimiento. “¿Qué hacemos con esta persona? La prensa dice que el dinero es de dudosa procedencia…”, preguntaba alguno, y comenzaba un largo proceso en la firma para renunciar como agente registrador de cientos de compañías, que operaban en British Virgin Islands, Seychelles y otros paraísos fiscales.

De verdad, cliente… ¿quién eres tú?

Los clientes que enseguida buscaron romper relación con el cuestionado bufete se encontraron con un muro: una lista de peticiones incómodas, el pago de honorarios y, lo peor: el proceso de disolución no se haría de forma inmediata.

La respuesta desde la firma era amable pero cargada de requisitos:

Además de tener que aportar información, que ya habían enviado al abrir la sociedad, algunos se encontraron en el aprieto de tener que informar quién era el beneficiario final de la compañía. Justamente, una de las razones por las que bufetes como Mossack Fonseca resultan atractivos es porque permitían mantener esa y otras informaciones en secreto.

Hasta ahí llegó el trato amable y los clientes se encrisparon.

"¿Quieres saber..? Revisa los medios"

Sin duda los correos más belicosos son los que se refieren al tema de pagos y deudas a Mossack Fonseca por los trámites de liquidación de compañías y mantenimiento de cuentas mientras el proceso ocurría.

Al mes de Panamá Papers (19 de mayo de 2016), por ejemplo, un empresario con negocios en Panamá quiso disolver su empresa y ante los requerimientos de la firma (con sede en Islas Vírgenes Británicas) para hacerlo, le pide al bufete que busquen “en internet” sus datos, en vista de que ya se han hecho públicos.

El mismo empresario marroquí refirió a Mossack Fonseca que: “Si mi nombre era conocido en sus archivos durante más de 15 años como director y / o accionista, ustedes aceptaron en abril de 2013 que yo me convirtiera en director (de su compañía) y hoy ustedes tendrán en cuenta que gracias a su (departamento de) Cumplimiento, no puedo ser más el director. También podría presentar una demanda por la divulgación de información sobre mí. Pero no complicaré la situación y les dejaré filosofar sobre la infeliz situación que se merecen”.

Entretanto, el bufete no tenía manos suficientes para atender la desbandada y eso también molestó a algunos clientes: “Lamento que ustedes se tomen tan poca diligencia para terminar con estos procesos, siendo que la responsabilidad total de los problemas mayúsculos que nos causaron son totalmente causa de su negligencia en el manejo de su compañía ( Panamá Papers.. ¿recuerdan?)”, reclamó el director internacional de dos sociedades que quería liquidar.

Una empresaria colombiana también quería disolver su empresa con mucha rapidez y esperaba por un acta de liquidación que no llegaba: “Señores me parece el colmo este correo, desde agosto he hablado con 20 personas en Colombia y seguimos en lo mismo, solo necesito el acta (de disolución) ya paga desde hace bastante tiempo, gastos de llamadas de idas a sus oficinas para nada, qué irresponsabilidad (…) el servicio prestado por ustedes ha sido terrible (…) De seguir en este proceso (...) la solución sería irnos a Panamá hasta que ustedes nos solucionen todo a su costo, ya que veo no les interesa cumplir con lo pagado".

Otros hicieron listas de empresas que querían retirar, como el empresario paraguayo que pidió liquidar 16: “Con motivo del escándalo internacional conocido como Panamá Paper, de amplia repercusión en nuestro país (varios titulares de primera plana: http://www.abc.com.py/), todos nuestros clientes, propietarios de sociedades panameñas offshore, están sintiendo la presión del sistema financiero sobre la titularidad de acciones registradas a nombre de estas sociedades… Esta explicación la hago, porque nuestros clientes –hasta ahora, la mayoría– decidió dejar de utilizar las sociedades”, escribió tres días después del escándalo.

La ley panameña establece en un decreto del 2 de diciembre de 2014 que los bancos –pero también las firmas que fungen de agentes registrados panameños– deben conocer el beneficiario final y establece algunas normas para hacerlo.

En Panamá, las empresas que se registran deben tener un agente registrador de esta nacionalidad (también conocido como agente residente) y ahí radica el papel que jugó Mossack Fonseca en la apertura de estas empresas, con ubicaciones en paraísos fiscales y la garantía para los clientes de un agente registrador nombrado por ellos.

Entre las cosas que hizo Mossack Fonseca para controlar daños fue cambiar su propio nombre comercial para eliminar cualquier referencia obvia a los fundadores panameños en los correos, los paquetes y las facturas. Fue entonces como en Samoa, Mossack Fonseca se convirtió en Central Corporate Services Ltd. En Panamá, Mossack Fonseca transfirió los clientes a Orbis Legal Services, la cual contrató a algunos empleados de Mossack Fonseca para mantener el “mismo nivel de servicio”.

¡Oh, sorpresa!

En mayo de 2016, dentro de Mossack Fonseca hicieron una evaluación y al corte del 21 de mayo de ese año en la jurisdicción de Panamá tenían registradas 10,551 empresas. De ellas, solo en 2,638 conocían el beneficiario final. En el 75% de las compañías restantes ese nombre era desconocido. En una situación similar estaba la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas (BVI): de 28,427 sociedades activas, el bufete solo tenía el nombre de los dueños reales de 28%. El otro 72% eran secretos.

“Se requiere listado similar, pero ahora listando las sociedades en las cuales no somos directores. Básicamente requerimos la información de las sociedades en las cuales no contamos con la información del BO (beneficiciario final), pero que sí contamos con la información del accionista”, exigía César Mina del departamento de Producción de Empresas de Mossack Fonseca.

La búsqueda de beneficiarios finales dio con algunos “hallazgos”, o por lo menos nombres que se habían escabullido debajo de la mesa del Departamento de Cumplimiento. Uno de ellos es el de César Augusto Rosenthal Hidalgo, hijo de Jaime Rosenthal, exvicepresidente hondureño acusado por lavado de dinero en EEUU. En 2015, Jaime Rosenthal y dos familiares habían sido incluidos en la lista negra de la OFAC. En 2017, los tres habían recibido cargos y el padre está en pedido de extradición por EEUU.

César Augusto es la cabeza de Cable Color SA y único accionista de Renton Management S.A., inscrita por Mossack Fonseca. En marzo de 2017, en uno de los correos presentan un informe de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para este accionista.

Luego de argumentación con artículos de prensa que explican los nexos de la familia Rosenthal con delitos graves, según acusaciones de las autoridades estadounidenses, en el documento precisan que, en efecto, la firma panameña brindó los servicios de agente registrador (como lo requiere la ley panameña) a Renton Managment hasta el 14 de abril de 2016 (11 días después de Panamá Papers), “fecha en la que renunciamos”.

“Entendemos que el sr. Cesar Augusto Rosenthal Hidalgo era el beneficiario final, a razón de que según nuestras leyes de prevención de lavado de dinero, el tenedor de las acciones del 25% o más, representan al beneficiario final dentro del proceso de identificación del último beneficiario”, agregaron en otro intercambio de correos.

El funcionario de Mossack Fonseca aclara en el informe (ROS) un conflicto legal sobre la ley 2 (o ley de sociedades anónimas de Panamá): los abogados que fungen de agentes residentes, deben realizar debida diligencia, están obligados a cumplir con leyes anti-blanqueo de capitales, aunque “la ley permite que la información sobre el cliente final o dueño de la sociedad, la mantenga el cliente intermediario”.

Sin embargo, explica que han enviado varios mensajes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitando una reunión para aclarar este tema, “sin éxito”. También refieren que la UAF les envió un email “fechado 9 de agosto de 2016 en donde se nos pide incluir la información del beneficiario final en el campo de cliente, aun a sabiendas de este requerimiento no se adapta a nuestra realidad”.

Los desaparecidos

Algunos protagonistas de historias de 'Los Papeles de Panamá' no volvieron a aparecer, pese a los intentos que hizo el bufete por comunicarles que querían renunciar como agentes registradores de sus empresas. Uno de esos casos es el del exgobernador venezolano Henrique Salas Römer, publicado por Univision Noticias y armandoinfo.com en Venezuela

Salas Römer, quien fuera también candidato presidencial contra Hugo Chávez, en Venezuela, negó a Univision Noticias ser el dueño de la empresa Tannenbaum LTD. No obstante, desde diciembre de 2016 en el bufete panameño tomaron la decisión de renunciar y dejar de tenerlo entre sus clientes. La persona que dibujaron en las debidas diligencias es exactamente Salas Romer: “es un opositor/crítico muy activo en los temas políticos de Venezuela, es colaborador del periódico El Nacional, desde donde publica artículos referente a los problemas cotidianos en Venezuela”, describió el departamento de Cumplimiento.

Las denuncias que el bufete encontró contra él en la prensa son acusaciones que le hizo la justicia venezolana, caracterizada por la persecución de opositores y acusaciones sin pruebas y encarcelamientos sin juicios. A Salas Römer lo señalaron a finales de 2014 de participar en un plan magnicida, que nunca se ha probado. Él lo ha negado insistentemente.

Los documentos revisados por Univision demuestran que hasta enero de 2017, el cliente Salas Römer no acusó recibo de las notificaciones de Mossack Fonseca antes de abandonarlo. Tampoco respondió esta vez las llamadas de Univision.

La apertura de sociedades en paraísos fiscales no es ilegal. La investigación de ICIJ en 2016 encontró, sin embargo, que Mossack Fonseca creó sociedades a favor de clientes sin haber hecho un estudio exhaustivo de su pasado. Algunos políticos corruptos, lavadores de dólares y narcotraficantes, usaron el sistema para ocultar su identidad y el origen del dinero, de acuerdo con la pesquisa periodística.

Estas historias dibujan el descalabro del bufete panameño en medio de acusaciones y litigios que terminaron por provocar el cierre de las operaciones, que finalmente ocurrió el 14 de marzo de 2018.