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"Si me matan a mí, los matarán a ellos": vicepresidenta de Filipinas amenazó públicamente al presidente y a su familia

"No es una broma. No es broma", aclaró luego de decir que había hablado con un presunto asesino a sueldo.
Publicado 23 Nov 2024 – 12:16 PM EST | Actualizado 23 Nov 2024 – 12:16 PM EST
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La vicepresidenta filipina Sara Duterte dijo este sábado que contrató a un asesino para matar al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes de su país si ella misma es asesinada.

Se trata de una amenaza pública que, según advirtió, no es una broma.

El secretario ejecutivo Lucas Bersamin ordenó a una fuerza de guardias presidenciales de élite “que se tomen las medidas adecuadas de inmediato” por tratarse de una “amenaza activa” contra el presidente Ferdinand Marcos Jr.

El Comando de Seguridad Presidencial reforzó de inmediato la seguridad de Marcos y dijo que consideraba la amenaza del vicepresidente, que fue “hecha tan descaradamente en público”, un problema de seguridad nacional.

La fuerza de seguridad dijo que estaba “coordinando con las agencias de aplicación de la ley para detectar, disuadir y defenderse de todas y cada una de las amenazas al presidente y la primera familia”. No se sabe aun si habrá medidas contra la vicepresidente.

De compañeros de fórmula a la amenaza de muerte


Marcos se presentó con Duterte, abogada, como su compañero de fórmula a la vicepresidencia en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que llamó a la unidad nacional. Sin embargo, los dos líderes y sus bandos rápidamente tuvieron un duro enfrentamiento por diferencias clave.

Al igual que su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, la vicepresidenta se convirtió en una crítica abierta de Marcos, su esposa Liza Araneta-Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, aliado y primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política de la familia Duterte y sus partidarios cercanos.

Su última diatriba fue provocada por la decisión de los de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a su jefa de gabinete, Zuleika López, quien fue acusada de obstaculizar una investigación del Congreso sobre el posible mal uso de su presupuesto como vicepresidenta. López se enteró de un plan para encerrarla temporalmente en una prisión de mujeres.

En una conferencia de prensa antes del amanecer, una enojada Sara Duterte acusó a Marcos de incompetencia como presidente y de mentiroso, junto con su esposa y el presidente de la Cámara en comentarios cargados de blasfemias.

'Planes para matarla'


Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones sobre su seguridad, Duterte de 46 años, sugirió que había un complot no especificado para matarla.

"No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije 'si me matan, matarán a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez'", aseguró, utilizando las iniciales para llamar al presidente.

“No es broma, no es broma... He dado la orden: ‘Si yo muero, no se detengan hasta que los hayan matado’", dijo la vicepresidenta, añadiendo que la respuesta del presunto asesino fue "Sí".


Según el código penal filipino, tales declaraciones públicas pueden constituir un delito de amenaza de infligir un mal a una persona o a su familia y se castiga con una pena de cárcel y una multa.

En medio de las divisiones políticas, el jefe militar, general Romeo Brawner, emitió un comunicado en el que aseguraba que las Fuerzas Armadas de Filipinas, compuestas por 160,000 , se mantendrían imparciales “con el máximo respeto por nuestras instituciones democráticas y la autoridad civil”.

“Hacemos un llamamiento a la calma y a la resolución”, dijo Brawner. “Reiteramos nuestra necesidad de permanecer unidos contra aquellos que intentarán romper nuestros vínculos como filipinos”.

La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya campaña antidrogas, impulsada por la policía cuando era alcalde de la ciudad y luego como presidente, dejó miles de sospechosos, en su mayoría de poca monta, y muertos en asesinatos que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como un posible crimen contra la humanidad. El expresidente negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, pero ha hecho declaraciones contradictorias.

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