Trump puso condiciones para regularizar a los dreamers; sin embargo algunas ya están en práctica
La lista de principios de inmigración que Donald Trump firmara el domingo no es nueva. Desde mucho antes que la enviara al Congreso como pieza de negociación para legalizar a los dreamers, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viene trabajando sigilosamente para transformar el sistema migratorio vigente y hacerlo congruente con los objetivos del mandatario.
La lista de Trump arranca con el muro y le siguen una serie de medidas, entre ellas aumentar los arrestos, acelerar las deportaciones, eliminar el sorteo de la lotería de visas y cambiar la política de asilo, entre otros cambios a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA).
También agrega poner fin a una ley de 2008 y un acuerdo judicial de 1997 para frenar la entrada de niños inmigrantes que llevan a la frontera en busca de asilo, y deportar cuanto antes a los que han sido arrestados y esperan que un juez de inmigración decida sus futuros en el país.
El memorando de Kelly
Algunos principios clave que Trump quiere convertir en ley ya se están implementado y no ha sido necesaria la autorización del Congreso.
El 1 de febrero, menos de una semana después que Trump firmara las órdenes ejecutivas sobre el muro en la frontera con México y las ciudades santuario, decretos que catalogaron a los indocumentados como “una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública”, el jefe de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thoman Homan, advirtió que la agencia estaba buscando ampliar su capacidad de detención.
Homan explicó en aquella ocasión que la agencia se estaba preparando para atrapar y deportar a más inmigrantes, al tiempo que estaba buscando nuevos centros de detención. “Tenemos que asegurar nuestras fronteras. Quienes sean arrestados entrando a Estados Unidos, deben ser detenidos. Estamos en el proceso de identificar capacidad adicional de detención”, agregó.
Tres meses antes del anuncio, en octubre del 2016, ICE tenía casi 45,000 indocumentados detenidos en proceso de deportación. En los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca, las detenciones aumentaron en más de un 40%, pero las deportaciones se mantuvieron ligeramente por debajo de las expulsiones del año pasado en el mismo período de tiempo.
Reuniones a puertas cerradas
Fuentes consultadas por Univision Noticias indicaron que en los días siguientes a la toma de posesión de Trump, el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, impartió instrucciones a los directores de las distintas agencias de inmigración para dar cumplimiento a las órdenes ejecutivas del 25 de enero.
El resultado, luego de dos semanas de evaluaciones, se tradujo en el memorando del 19 de febrero firmado por general, donde estableció cómo serán aplicadas las órdenes ejecutivas migratorias de e Trump.
El primer punto fue definir una lista de prioridades de extranjeros que serán deportados de manera acelerada:
- Aquellos que han cometido crímenes o delitos graves
- Aquellos indocumentados que fueron deportados y regresaron a Estados Unidos sin autorización
- Los indocumentados con orden de deportación final, aunque no hayan cometido delitos
- Los indocumentados con orden de deportación final en ausencia o que no asistieron a las cortes de inmigración para cumplir con sus citas ante un juez
El documento también reitera la orden de Trump de poner fin a la práctica de detener y liberar (catch and reléase), y que “todos los extranjeros sin autorización de permanencia serán detenidos, arrestados y procesados” por el DHS.
Kelly también citó en el memorando el Artículo 235 de la INA, que estipula que todos los extranjeros deben ser inspeccionados, o de lo contrario podrán ser deportados de EEUU.
“Pueden hacer muchas cosas”
¿Necesita el presidente que el Congreso cambie la ley de inmigración para seguir arrestando y deportando a inmigrantes? “No”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Usando las leyes existentes, el DHS puede hacer muchas cosas, por ejemplo, eliminar el poder de la discreción de los agentes de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas, encargada de las deportaciones) y eliminar las salidas bajo fianza o bajo palabra”.
“Los fiscales dentro de la corte de inmigración ya están restringiendo la discrecionalidad para abrir casos o arreglar la residencia para casos que están activos”, agregó. “Eso lo estamos viendo a diario desde enero a esta parte.
“Y vamos a ver más revisiones de casos de inmigración”, previene Gálvez. “Están revisando a fondo todo. Y a partir del 18 de octubre el gobierno podrá incluso revisar las redes sociales de los inmigrantes a todo nivel. Bajo el argumento de la seguridad nacional, ellos pueden infiltrarse en los sistemas electrónicos y para ello no necesitaron la aprobación del Congreso”.
Gálvez dijo además que “el método de aplicar la ley con el corazón de una manera humanitaria ya no existe, se quitó de la mesa. Ahora muchas cosas, incluso están cambiando con un tuit, como por ejemplo la manera de ejecutar la ley de inmigración”.
“Están reinterpretando la ley”
En Dallas, Texas, el abogado Jaime Barrón explica que si bien el gobierno federal no puede cambiar la ley sin un acto del congreso, o una demanda federal para que la corte suprema cambie la legislación vigente, “el DHS puede reinterpretarla”.
Barrón agrega que “antes, el gobierno tenía discreción de arrestar a ciertas personas, pero ahora ampliaron la lista de prioridades y colocaron prácticamente a todos los indocumentados, o personas que parecen que son hispanos e interrogarlas”.
“En la reinterpretación que está haciendo el gobierno se ha vuelto más agresivo, y en las cortes cada día vemos menos cooperación con los abogados y más restricciones, mayor rigurosidad”.
“Si quieren ser más perros, tienen la forma de hacerlo. Pero pienso que, en el ejercicio de esto, se está violando la ley. Y para eso están los tribunales de justicia, quienes al final del día determinarán si es legal o no lo que están haciendo. Pero mientras eso se resuelve, habrá mucho daño”.
También hay preocupación por las deportaciones aceleradas en la frontera. “Esto tiene el efecto de limitar el proceso migratorio”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de Miami, Florida, y que durante 15 años fue fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
Sánchez dijo que la reinterpretación e implementación limitada de las leyes “afecta negativamente a las personas que puedan beneficiarse de la legislación, porque rebaja el número de individuos que pueden beneficiarse de la misma”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo a Univisión Noticias que tiene los ojos puestos encima de las actuaciones del DHS.
“Estamos observando qué está haciendo el gobierno sobre el tema. Y estamos analizando cuál es la mejor táctica que vamos a implementar en caso sea necesario actuar”, dijo Lorella Praelli, directora de política migratoria de la ACLU. “A veces lo haremos con una demanda, con abogacía o con comunicaciones estratégicas”, apuntó.
