Abogados muestran preocupación por exigencias de Trump contra niños de la frontera: “Ignora la realidad centroamericana”
Dos de las nuevas recomendaciones migratorias del presidente Donald Trump al Congreso, una para cancelar la ley de protección a las víctimas de tráfico humano, y otra para anular un acuerdo que prohíbe encarcelar a inmigrantes menores de edad, preocupa a abogados.
El presidente “ignora la realidad centroamericana”, dice Bárbara Hines, exprofesora de la facultad de leyes de la Universidad de Texas en Austin. “Miles de niños han escapado y huyen de la violencia y el peligro en el denominado Triángulo Norte”, agrega.
El domingo Trump envió a los líderes del Congreso una carta para pedirles que legalicen a los dreamers, pero condiciona el reclamo a cambios en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (INA), para entonces aumentar su capacidad de arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados.
“Lo que destaca ese borrador es que al presidente no le importa nada los derechos de esos niños que huyen de la violencia”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Tampoco le importan los recientes de DACA, solo aprovechar la situación para presentar sus propuestas antiinmigrantes”.
Los niños de la frontera
Uno de los principales blancos de Trump son los llamados niños de la frontera, menores de edad que en su mayoría huyen de Centroamérica y México a causa de la violencia y la pobreza en sus países de origen, y llegan a Estados Unidos en busca de asilo para salvar sus vidas.
La Ley William Wilberforce de Protección de Víctimas de Tráfico (TPVA) aprobada por el Congreso en 2008, prohíbe la deportación inmediata de estos menores cuando son detenidos y provengan de países no fronterizos.
La legislación exige que sean procesados para que un juez decida sus futuros en Estados Unidos. Los mexicanos y canadienses son deportados de inmediato.
Trump dijo en la carta enviada el domingo, que la ley del 2008 “tiene lagunas” que impiden que los menores no acompañados que lleguen al país ilegalmente, “sean expulsados”. Y agrega que el envío de estos inmigrantes a los tribunales de inmigración constituye “un gasto” para los contribuyentes.
Condena a muerte
Hines advierte que, con este tipo de propuesta, “Trump prefiere que (los niños) se mueran allá (en los países de donde huyen para salvar sus vidas), y señala que “la falta de una verdadera reforma migratoria es otra de las causas de la inmigración de menores”.
La crisis de niños en la frontera con México estalló a mediados de 2014 cuando la patrulla fronteriza reconoció que había arrestado a más de 46,000 menores solos cuando intentaban ingresar sin papeles al país, y que la mayoría de ellos venían en busca de asilo. A finales de ese año fiscal la cifra superó los 65,000.
En mayo de este año Univision Noticias reportó que, entre el 18 de julio de 2014 y finales de enero de 2017, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, procesó 185,768 casos entre menores solos y unidades familiares, y había emitido más de 41,643 órdenes de deportación.
Trump asegura que el flujo de menores hacia la frontera obedece a fallos en la ley del 2008 que crearon “un factor dramático de atracción para la inmigración ilegal adicional”, y en ninguna parte de su lista de principios menciona las razones que los inmigrantes argumentan en sus pedidos de asilo.
Propuesta inhumana
“La propuesta es inhumana”, insiste Hines. “Estamos hablando de niños. No estoy segura de lo que pasaría con los niños que ya están aquí. Depende de si el Congreso aprueba una ley como la que sugiere el mandatario y ésta tenga efecto retroactivo. Pero no lo creo. Esto es solo una propuesta”, apunta.
Trump plantea al Congreso que la modificación de la ley debe permitir que todos los menores indocumentados sean tratados de la misma forma, y que quienes no sean víctimas de tráfico humano, puedan ser deportados o trasladados a terceros países. No menciona la ruta del asilo.
“Estos acuerdos se han conseguido tras muchos años de esfuerzo”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “El presidente quiere revertir esos derechos que son lógicos y protegen a las personas más vulnerables de la sociedad, los niños”.
“Es triste e insólito. Trump quiere llevarnos nuevamente a la edad de piedra, regresar al pasado en materia migratoria. Nosotros esperamos que el Congreso, con su sabiduría, rechace estas peticiones que hace el presidente Trump”, agregó.
El acuerdo Flores versus Meese
El mandatario también quiere anular el acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores de edad en centros de detención.
En 2015 un tribunal del distrito de California ordenó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) liberar a todos los menores arrestados en sus centros y también a sus madres, y que esperen libres la resolución de sus casos en las cortes de inmigración.
El dictamen, sin embargo, no se ha cumplido, porque el gobierno de Obama utilizó las detenciones como medida para disuadir el flujo de inmigrantes en la frontera.
Trump también quiere anular este acuerdo para acelerar las deportaciones. E incluso derogar la potestad a los agentes de inmigración para determinar el curso de una solicitud de asilo tras una primera entrevista de miedo creíble.
“Como le digo, esto es muy triste. Se trata de protecciones que han sido conseguidas con mucho esfuerzo para proteger los derechos de los niños inmigrantes”, recalca Velásquez.
Discrecionalidad en riesgo
El lenguaje utilizado por el presidente en su lista de principios también causa alarma.
“Por una parte, estamos convencidos de que en el gobierno hay personas con integridad y que las palabras del presidente no los impactarán negativamente. Como los militares, que no hicieron caso a la política de rechazo a los transgéneros”, dice Velásquez.
“Pienso que con el tema de la inmigración ocurrirá lo mismo. Pero queda la preocupación porque, antes de conocer esta lista enviada al Congreso, ya estábamos viendo a agentes fronterizos que estaban negando asilos en la frontera”, indicó.
Velásquez dice que “afortunadamente, existe una demanda en contra de la política del presidente sobre los transgéneros en las Fuerzas Armadas. Y pienso que en el caso de la ley del 2008 y el acuerdo Flores versus Meese, los jueces no lo van a permitir, menos aún porque el planteamiento de Trump viola acuerdos internacionales parta proteger las vidas de los niños y de las personas que llegan hasta nuestras fronteras en busca de asilo”.
“Pero claro, el lenguaje antinmigrante del presidente Trump, sin lugar a dudas, empodera a algunos agentes quienes, de seguro, actuarán negando derechos a los inmigrantes que detengan en la frontera o en cualquier otra parte de Estados Unidos”, concluyó.
