Supremo de Massachusetts dicta que la Policía no puede mantener detenidos sin cargos a indocumentados que no tengan antecedentes
La Corte Suprema de Massachusetts asestó un duro golpe a la política migratoria de Donald Trump después de dictar este lunes que la Policía no puede mantener detenidos sin cargos a los inmigrantes que no tienen antecedentes criminales para que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tenga más tiempo para arrestarlos.
Tras el dictamen, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, dijo que el fallo puede abrir la puerta para ventilar el caso “en otros tribunales” alrededor del país.
Healey, quien forma parte de una coalición de funcionarios que enfrenta la política migratoria del presidente Donald Trump, agregó que las acciones que ejecuta el fiscal general Jeff Sessions enfrentan dificultades.
En declaraciones a la agencia Reuter, la fiscal calificó algunas de las acciones puestas en vigor por el gobierno de Trump de “adversas” y de “mucho miedo” para la comunidad inmigrante, pero precisó que “es importante aclarar que nadie está por encima de la ley”.
La decisión
La Corte Superior de Massachusetts decretó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales por parte de la policía, aun cuando las autoridades federales hayan pedido que sean detenidos, son inconstitucionales.
Halley descartó que la decisión del tribunal ponga en peligro la seguridad pública, como sostiene el fiscal general Sessions, y aseguró que el estado mantendrá el apoyo para detener a inmigrantes que hayan cometido algún crimen.
El fallo fue emitido luego que los magistrados revisaran el caso del inmigrante Sreynuon Lunn, quien fue detenido en febrero por agentes de las cortes aun cuando los cargos criminales en su contra habían sido desestimados.
Lunn, de 32 años, nació en un campamento de refugiados tailandeses de padres camboyanos que huían del grupo guerrillero Jmer Rojo, y fue trasladado a Estados Unidos cuando tenía siete meses de edad como refugiado, que luego le permitió obtener la residencia legal permanente.
En octubre del año pasado fue acusado de robo sin arma y permaneció detenido hasta febrero mientras se buscada fecha para su juicio. Pero al final los cargos fueron desestimados.
Las nuevas reglas
El pasado 25 de enero, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmo dos órdenes ejecutivas migratorias, una sobre el muro en la frontera con México y otra relacionada con las ciudades santuario. En ellas decretó que la inmigración indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
El mandatario también ordenó aumentar las detenciones de indocumentados, acelerar las deportaciones y colocó en la lista de deportables a aquellos extranjeros que han sido acusados de un crimen y sus casos todavía no hayan sido resueltos.
La nueva política, sumada a la ampliación de la lista de prioridades de deportación que prevaleció durante el gobierno de Barack Obama, que sólo incluyó a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales graves), facilitó a ICE pedir a las policías que detuvieran por más tiempo a indocumentados que estuvieran en su camino, y una vez arrestados por la agencia federal determinar si son sujetos a ser deportados del país.
Al gobierno no le gustó
No todos festejaron la decisión de la Corte Suprema de Massachusetts. Un funcionario federal de inmigración dijo este lunes que el dictamen de la Corte pone a las comunidades en riesgo porque la policía no tendrá suficiente autoridad para detener a personas sospechosas de vivir sin permiso en Estados Unidos.
“Este dictamen socava el poder de las agencias locales del orden para proteger sus comunidades”, dijo C.C. Cronen, un funcionario de ICE en Boston en un comunicado citado por The Associated Press.
ICE dijo que estaba evaluando el dictamen de la Corte Suprema de Massachusetts para tomar decisiones de procedimiento.
Separación de poderes
“Es una decisión importante”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Si una persona es arrestada, por ejemplo, por manejar bajo la influencia del alcohol (DUI) o sin licencia y puede ser un indocumentado y llaman a la Patrulla Fronteriza, en ese caso hubo una detención legítima porque hubo una infracción. Pero si arrestan a una persona sin tener causa para arrestarlo y solo para que después venga ICE, eso no es constitucional porque no existe causa probable para haber detenido a esa persona”.
Velásquez dijo además que el fallo del tribunal superior de Massachusetts pone en evidencia, por un lado, que no hay consistencia en todos los estados sobre el tema de inmigración (como por ejemplo en Texas y Arizona), “pero estamos viendo que cuando el gobierno se excede u maltrata a los indocumentados, los tribunales de justicia no van a cerrar los ojos”.
El fallo de Massachusetts se da menos de una semana después que el Departamento de Justicia intensificara sus medidas contra las llamadas ciudades santuario, al advertir que ya no les proporcionará las deseadas subvenciones a menos que le den a las autoridades federales de inmigración a las cárceles y les avisen cuando alguien que esté ilegalmente en el país ese encuentre a punto de ser liberado.
Trump ha presionado a las ciudades santuario, y los estados afines a los inmigrantes como Massachusetts, para que no obstaculicen la comunicación entre las agencias locales del orden público y las autoridades de inmigración en relación al estatus migratorio de alguien detenido por ellos.
El mandatario prometió durante su campaña que deportaría en un plazo de 18 meses a los 11 millones de indocumentados.
