A qué se expone un dreamer cuando participa en un acto de desobediencia civil para defender DACA
El ultimátum dado por los fiscales generales de 10 estados al fiscal general Jeff Session para que cancele la Acción Diferida de 2012 (DACA) antes del 5 de septiembre, movilizó esta semana a dreamers y activistas en Texas para pedirle al gobierno del presidente Donald Trump que no elimine el beneficio, y de paso mostrar al resto del país que el programa ha sido bueno para Estados Unidos.
El grupo llevó a cabo una protesta pacífica cerca del Capitolio estatal en Austin, donde 15 jóvenes fueron arrestados por la policía, entre ellos cuatro dreamers protegidos por DACA.
La duda es si el arresto puede convertirse en una causa de deportación, o les afectará al momento de renovar la protección del programa activado al final del primer gobierno de Barack Obama.
El DACA entró en vigor el 15 de junio del 2012, ampara de la deportación a unos 788,000 indocumentados que entraron al país siendo niños (según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, USCIS), y concede un permiso de trabajo renovable cada dos años.
Riesgos calculados
El Movimiento COSECHA, que organizó la protesta, confirma que cuatro de los 15 arrestados el miércoles por la policía de Austin son dreamers protegidos por DACA.
“La policía arrestó a 15 activistas que bloquean el tráfico en Austin, Texas, como parte de un acto de desobediencia civil que pide a los legisladores que mantengan las protecciones de deportación en vigor para los inmigrantes indocumentados”, dice el movimiento en su página digital. “Cuatro de los activistas están cubiertos por la Acción Diferida”, agrega.
Los cuatro dreamers, junto a los otros 11 activistas (10 ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente), fueron liberados ese mismo día en horas de la noche.
A la pregunta si los protegidos por DACA corren riesgo de perder el amparo y ser deportados de Estados Unidos, COSECHA dijo que se trata de un “riesgo contemplado” por los activistas.
“Hay un riesgo por el hecho de ser arrestados. Siempre existe la posibilidad de que la policía se los entregue a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y que la agencia federal inicie un proceso de deportación”, dice Vera Elena Parra, vocera del movimiento COSECHA. “Y también que se vean afectados cuando renueven la protección”.
Pero COSECHA confía en que, por tratarse de un acto de desobediencia civil, que cae dentro de la categoría de delito menor, no les afecte a los arrestados, y que al final del día “la corte no formule cargos”.
Planean nuevas protestas
COSECHA califica la protesta del miércoles de “exitosa”, y dice que “estamos en proceso de planificación” de nuevos actos de desobediencia civil en varias ciudades del país”, dice Parra.
“Y no solo para proteger DACA, sino pidiéndole al gobierno y al Congreso una solución permanente para los 11 millones de indocumentados”, añade.
Parra agrega que “también estamos enviando un mensaje de que el DACA no se ganó porque Obama decidió de un momento a otro colocarlo, sino porque jóvenes indocumentados se tomaron grandes riesgos y sacrificios para cambiar la forma de pensar del público estadounidense. Y ahora con Trump estamos batallando por lo mismo, que vean a los inmigrantes como una fuerza productiva para nuestro país”.
La protesta también incluye las preocupaciones de los dreamers por las detenciones y deportaciones bajo el gobierno de Trump. “No podemos dejar que en este país se siga deportando y separando familias de inmigrantes sin antecedentes criminales, dice María Fernanda Cabello, del movimiento COSECHA.
El ultimátum a Sessions
A comienzos de julio los fiscales generales de 10 estados encabezados por Texas, fijaron un ultimátum al fiscal general Sessions hasta el 5 de septiembre para que cancele DACA. De lo contrario, advierten que demandarán el programa ante los tribunales de justicia.
A finales de 2014 Texas y otros 25 estados, con una estrategia similar, demandaron ante una corte de Brownsville una acción ejecutiva de Obama que incluía una ampliación de DACA y el amparo de las deportaciones de 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA).
Ambos programas fueron detenidos por los tribunales, disputa judicial que terminó sin decisión en la Corte Suprema de Justicia el 20 de junio del año pasado.
Citando un informe de 2016 del Center for American Progress, (CAP), COSECHA dice que la deportación de indocumentados afectará industrias como la construcción y la agricultura, causando daños irreversibles a la economía estadounidense.
“Seguiremos luchando para detener el ultimátum de los 10 estados para la cancelación de DACA”, dice Parra. COSECHA agrega que los activistas seguirán presionando para que el Congreso apruebe una solución permanente para los dreamers.
