Reporte revela que Jeff Sessions sabía que con la política de 'tolerancia cero' cientos de familias serían separadas

Cuando el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció la política de 'tolerancia cero', sabía que al enjuiciar a los adultos migrantes que llegaban a Estados Unidos con sus hijos se generaría un problema mayor: la separación de familias. A pesar de eso y sin acordar con las agencias federales implicadas cómo funcionaría la reunificación de los menores con sus padres, presionó para seguir adelante. El resultado: los adultos fueron acusados por entrada ilegal, en muchos casos deportados, y más de 3,000 niños —incluso bebés— quedaron bajo custodia del Estado, sin rastro de sus papás. Eso concluyó la Oficina del Inspector General (OIG) tras revisar el proceso de planificación e implementación de la medida.

Por primera vez, en este informe altos cargos como el vicefiscal general del momento, Rod Rosenstein; el jefe de gabinete de Sessions, Matthew Whitaker; y el consejero del fiscal, Gene Hamilton, reconocieron a la OIG que —ellos y Sessions— comprendían las consecuencias de la 'tolerancia cero' y aún así no pusieron un freno. "La respuesta es sí. Pienso que todos entendíamos que íbamos a enjuiciar a todo el que cometiera un crimen sin importar si venían con niños o no", dijo Rosenstein al ser entrevistado por el comité de la OIG que investigó el problema a raíz de la petición de congresistas en julio de 2018.

La respuesta de Rosenstein es similar a la que dieron a la OIG varios líderes del Departamento de Justicia. Cuando la política comenzaba a ser formulada entre marzo y noviembre de 2017 y se implementó con secretismo como plan piloto en el sector de El Paso, Texas, unas 280 familias fueron separadas —incluso con niños en plena lactancia y hasta los seis años— y se demostró la dificultad para reunificarlas, lo que disparó las alarmas entre fiscales, jueces y funcionarios implicados.

Sin embargo, eso no fue tomado en consideración, explica el reporte, y el fiscal Sessions insistió en seguir adelante.

Según Hamilton, Sessions sabía que imputar criminalmente a migrantes sería una decisión "difícil". Aún así creía que era "lo que había que hacer" para "restablecer la legalidad en la frontera" justo en momentos en que aumentaban los cruces de inmigrantes y se conocía la noticia de una caravana en camino, narra el reporte. "No había manera de frenarlos, no había consecuencias por entrada ilegal, especialmente si la gente venía con niños... tenía que haber consecuencias", dijo Hamilton al describir las razones por las que el fiscal general mantenía su decisión de implementar la 'tolerancia cero'.

Sin reglas claras para nadie

Para el 4 de mayo de 2018 —dos semanas después del anuncio de Sessions del 6 de abril— la política ya era implementada en la frontera sur sin que las fiscalías de esos estados ni las agencias federales involucradas hubieran sido consultadas o estuvieran claras en cómo ponerla en marcha. El reporte asegura que las tomó por sorpresa. "El Departamento (de Justicia) no planificó efectivamente ni coordinó con las oficinas de los fiscales generales, ni con los US Marshals, ni con el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Salud y Servicios Humanos el impacto de acusar a los adultos que venían con sus familias (...) a pesar de que funcionarios con experiencia advirtieron de que podría acabar en la sepación de niños de sus padres", se lee en el reporte.

La OIG encontró además que el fiscal general —quien no aceptó ser entrevistado por la Oficina del Inspector General— "subestimó las complejidades" de la separación de familias, demostró "poca preparación" y "un entendimiento deficiente de los requerimientos relacionados con el cuidado y custodia de los menores no acompañados" y de cómo resolver el problema que se generó cuando cientos de niños quedaron separados de sus familias y sin rastro de dónde encontrarlos. A pesar de las preocupaciones de los fiscales generales sobre cómo se haría la reunificación familiar, la política se mantuvo vigente hasta que el propio Trump, presionado con el número creciente de niños separados de sus padres, debió dejarla sin efecto con una orden ejecutiva el 20 de junio de 2018.

"Encontramos que los US Marshals no tenían políticas ni procedimientos para facilitar la comunicación entre los niños migrantes en custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos y sus padres en custodia de los US Marshals", explican.

Antes de la 'tolerancia cero', el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrestaba a adultos que habían cruzado la frontera con sus hijos, pero no los referían al Departamento de Justicia para que fueran acusados criminalmente justo para evitar la separación del grupo familiar. En su lugar, los mantenían detenidos y los deportaban juntos o los dejaban en libertad en Estados Unidos a la espera de su audiencia ante un juez de inmigración que decidiría su caso.

El reporte de la OIG asegura que así han funcionado desde 1992 la mayoría de la oficinas de los fiscales generales en los estados de la frontera sur, "en su mayoría evitando la separación de familias al no acusar criminalmente a los adultos de un grupo familiar".

Han pasado poco más de dos años desde que la 'tolerancia cero' fue rescindida, pero aún hay niños separados de sus padres, más de 600 según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), cuyos abogados son parte del equipo que trabaja para reunificar a estas familias. Recién en diciembre y tras un año de pedidos infructuosos, el gobierno de Trump entregó a esta comisión de abogados una primera cuenta de datos que han permitido hallar a 38 padres.

La comisión de búsqueda cree que los padres de 333 menores están en Estados Unidos y los restantes 295 estarían fuera de territorio estadounidense, posiblemente porque fueron deportados sin sus hijos.

Grupos de voluntarios han intentado dar con los padres vía telefónica y han ido puerta por puerta en Centroamérica. Pero la labor quedó interrumpida por la pandemia del coronavirus. La comisión estableció teléfonos gratuitos en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y envió aproximadamente 1,600 cartas a familias donde creen pueden estar los padres de estos niños.

"Asumimos que DHS sabía que hacer con los niños"

Después del plan piloto en El Paso, fiscales, jueces y quienes aplicaron la 'tolerancia cero' alertaron sobre las decenas de familias que fueron separadas y las dificultades para su reunificación. Hamilton y Rosenstein dijeron a la OIG que no estaban al tanto de que eso hubiera pasado.

El primero dijo a la OIG que pidió al Departamento de Seguridad Nacional información sobre las reunificaciones antes de la implementación: "Le dijimos a DHS que si lo hacíamos (implementar la política) teníamos que ingeniárnosla para volver a unir a la gente. No tuvimos discusiones individuales con el Departamento de Salud y Servicios Humanos antes del anuncio de la política de 'tolerancia cero'. No los llamamos porque era función de DHS encargarse de estos extranjeros. Así que asumimos que DHS sabía qué hacer con los niños", dijo Hamilton a la OIG.

Rosenstein dijo que no preguntó por el asunto porque asumió que sabían qué hacer. "Esperarías que DHS y HHS supieran cómo lidiar con los niños que se le entregan (...) Debieron haber dicho: 'Hey, hay un problema si hacemos esto, perderemos la pista de los niños y no va a ser posible reunificarlos", aseguró y agregó que no era responsabilidad del Departamento de Justicia. En una entrevista posterior, cuenta la OIG en el reporte, Rosenstein reconoció que "el gobierno no estaba listo para lidiar con la separación de familias" e intentó exculparse al decir que no estuvo involucrado en la formulación de la política.

Después de las quejas de los fiscales generales en los estados fronterizos sobre la separación de niños de sus padres luego de que los adultos eran liberados o deportados, es que Hamilton, Rosenstein y Whitaker se dan por enterados.

"Pensé que quizás podíamos entregar al acusado a DHS, que ellos mantuvieran allí al niño mientras el padre estaba en corte y que fueran reunificados esa mismoa noche", dijo Rosenstein.

Hamilton pensó que el proceso era similar y que la familia era deportada en conjunto: "Entendíamos que la acusación podía pasar en una tarde o en días, que el ninno podía pasar a custodia de DHS y que luego serían reunificados. Nunca nos imaginamos que DHS perdería la pista de los niños y su ubicación". Aseguró que en "múltiples ocasiones le aseguraron que DHS tenía las reunificaciones bajo control" y que inclusive se lo habían informado funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Reconoció además que hubo fallas que hicieron, por ejemplo, que un niño fuera introducido en un proceso de custodia temporal en lugar de reunificarlo rápidamente con su familia: "Así la mamá estaba en Texas y el niño en Nueva Jersey y se hacía imposible reunirlos (...) Era increíblemente frustrante ver eso".