Para acelerar deportaciones en cortes atascadas, el nuevo presupuesto pide $80 millones
La petición al Congreso de $80 millones de dólares para aumentar la cantidad de jueces en las cortes de inmigración y aumentar la dotación de fiscales, es vista con cautela por abogados que ejercen la ley de inmigración estadounidense.
Los fondos se incluyen en el presupuesto 2018 que el presidente Donald Trump envió al Legislativo. Con ese dinero, el mandatario propone la contratación de 75 nuevos jueces para agregarlos a los 331 que había en febrero.
“Creo que es un buen comienzo” para arreglar el problema de los tribunales de inmigración que tienen acumulados más de medio millón de casos, dice Nelson Castillo, un abogado y doctor en la ley de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Por años ha existido la necesidad de más jueces, pero hay que capacitarlos”, señala.
Pero la duda salta no por los millones que pide el mandatario, sino por el lenguaje que utiliza para justificar la solicitud. Trump dice que en la petición que los fondos adicionales servirán para combatir la entrada y la presencia ilegal (de extranjeros) en Estados Unidos”.
“El punto es que para eso no están las cortes de inmigración”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y que colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias en todas sus plataformas. “Tampoco para combatir el terrorismo”, agrega. “Ellos están para determinar, en base a derecho, si las personas pueden quedarse o no en este país, y otorgar beneficios”.
Más de 540,000 casos acumulados
El último informe del del Centro de Información de a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revela que al 31 de enero las cortes de inmigración tenían 542,411 casos acumulados, y los tribunales más congestionados se ubicaban en California, Texas y Nueva York.
Del promedio de esperas para la primera cita, el reporte del TRAC indica que 677 días. Siendo Colorado el estado con mayor demora con 994 días de espera, seguido por Illinois con 956 y Nueva Jersey con 825.
Los datos no solo aportan información para conocer los tiempos de espera. “Nos permite conocer las diferentes clases de inmigrantes que existen”, dice Castillo. “Y todo dependerá del tipo de beneficio que piden para comprender el problema a fondo”.
“Si usted tiene un caso excelente, espera que los tribunales de inmigración se lo resuelvan pronto para recibir el beneficio que está esperando. Pero si el caso suyo no es firme, las demoras juegan a su favor porque ganará tiempo”, explica.
Castillo se refirió a casos de asilo con evidencias frágiles. Mientras llega el día en corte, que puede ser para el 2020, “el inmigrante recibirá un permiso de trabajo por ese tiempo. Y cuando pierda el caso tendrá que irse. Pero se quedará cuatro años trabajando legalmente en Estados Unidos. Para esa persona, por tanto, más jueces no es la solución”.
“Pero en el fondo, que el sistema tenga jueces capacitados y las personas tenga una audiencia a tiempo, es algo bueno para el sistema judicial estadounidense”, afirma Castillo.
Dinero insuficiente
En San Diego son más cautelosos. “No se trata solo de anunciar la contratación de nuevos jueces”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. “Hay que prepararlos, formarlos y eso lleva tiempo”.
Velásquez dice que el actual sistema y los más de 540,000 casos acumulados en los tribunales “tienen desgastados a los jueces”, pero advierte que los $80 millones solicitados por Trump y la contratación de 75 nuevos jueces “no será suficiente para descongestionar el sistema”.
“Va a ayudar pero es insuficiente. Necesitamos por lo menos el triple de ello, $240 millones de dólares, para enderezar el sistema”, apuntó.
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (INAJ) dijo que a finales de febrero había 301 jueces. Velásquez confirmó que el problema es de tal magnitud “que estamos viendo primeras citas de nuestros clientes para mediados de 2020”.
En las ordenes ejecutivas migratorias que Trump firmó el pasado 25 de enero, una sobre las ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México, el magnate invocó varias secciones de la Ley de Inmigración (INA) para acelerar las redadas y las deportaciones.
Faltan respuestas
Los abogados consultados por Univision Noticias dijeron que el cumplimiento de esas medidas agravará la acumulación de casos en los tribunales de inmigración.
Trump también pidió trasladar a los jueces a los centros de detención de indocumentados para acelerar los procesos.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), teme que estas decisiones afecten el debido proceso de los inmigrantes, al no conceder el suficiente plazo a los abogados para que preparen los casos de clientes que luchan por sus permanencias en Estados Unidos.
Trump ha reiterado que los indocumentados representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero el TRAC reporta que en enero, el 38.67% de las ordenes de deportación emitidas por los tribunales de inmigración corresponden a casos de reingreso indocumentado, 43,25% a otros casos menores, 2.06% a delitos graves (felonías), 4.7 por diversos cargos criminales, cero por ciento de casos por terrorismo, solo 0.03% de asuntos relacionados con la seguridad nacional y 11.2% de otros cargos no detallados.
