No solo los indocumentados: el miedo llega a activistas y abogados que defienden los derechos de los inmigrantes
Al igual que millones de extranjeros sin papeles de estadía legal en todo el país, abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos temen que el gobierno de Donald Trump use ‘herramientas’ para vigilarlos, presentarles cargos criminales, arrestarlos y conducirlos ante la justicia. Incluso ciudadanos estadounidenses reconocen que llevan todo el tiempo consigo no sólo la licencia de conducir actualizada bajo las reglas del Real ID, sino también la tarjeta-pasaporte.
Además, sostienen que, debido a su apariencia y hablar en otro idioma que no sea el inglés, corren el mismo peligro que los extranjeros sin papeles a quienes el gobierno tilda de ‘ilegales’ y muchas veces son detenidos por su color de piel. “Usan el perfil racial”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Derechos Plenos de los Inmigrantes, en Los Ángeles, California.
El miedo aumentó a mediados de febrero cuando el zar fronterizo, Tom Homan, un exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas durante el primer gobierno de Trump, comentó que había solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) que investigara a la congresista Alexandra Ocasio Cortez (demócrata por Nueva York), quien transmitió en vivo a través de redes sociales seminarios para enseñarle a los inmigrantes sus derechos constitucionales y del debido proceso en caso de una redada u operativo de inmigración.
Homan consideró en esa ocasión que este tipo de mensajes sobrepasan los límites de la educación cívica, y alegó que el público al que estaban dirigidos los seminarios eran individuos que se encontraban ilegalmente en el país y representaban una amenaza para la seguridad pública.
Clima de incertidumbre
“El ambiente de animosidad contra los inmigrantes o aquellas personas que parezcan inmigrantes, eso sí nos preocupa”, dice Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Cabrera dijo que la advertencia sobre el caso de la congresista Cortez Ocasio exigió a las organizaciones a estar ‘prevenidos’ ante posibles represalias por el trabajo que llevan a cabo en favor de los más vulnerables de la comunidad inmigrante. Y mencionó que la cancelación de un programa federal que permitía a organizaciones proinmigrantes asistir a residentes legales permanentes durante el proceso de convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización, ordenada el 20 de enero por el presidente, conformó que el ataque a la inmigración tiene diversos blancos.
“Nos quitaron los fondos”, explicó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “También nos quitaron los recursos para ayudar a los inmigrantes recién llegados y pudieran insertarse en la comunidad. Para muchas personas que luchan por sus derechos de permanencia ahora la vida se les ha vuelto más difícil. Ya lo era antes del 20 de enero, ahora es mucho más compleja”.
Salas dijo además que “en el primer gobierno (de Trump) también nos quitaron los fondos y trataron de silenciarnos para que no asistamos a la comunidad, pero seguimos trabajando”.
La cancelación de programas fue advertida varios meses antes de la segunda toma de posesión. En uno de los capítulos del Proyecto 2025, estrategia de unas 900 páginas que fue redactada por más de 170 lideres conservadores, propusieron la creación de un nuevo gobierno federal liderado por un presidente con poderes extraordinarios entre cuyas prioridades está cerrarle el paso a la inmigración indocumentada y, simultáneamente, crear un sistema de inmigración legal basado en méritos.
“El Congreso debe detener los fondos otorgados a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) para procesar y transportar a extranjeros ilegales hacia y a través de Estados Unidos”. Pero no ha sido el Congreso la instancia que quitó los presupuestos para el desarrollo de programas de ayuda a nuevos inmigrantes y residentes en camino a la ciudadanía, sino una orden del mandatario a través de decretos y memorandos internos entre las distintas agencias que participan en el proceso migratorio.
“Narrativa tan enfermiza”
“Hemos decidido que nuestro papel como defensores de los inmigrantes es ser una organización mucho más pública, y asegurarnos de contrarrestar una narrativa tan enfermiza utilizada por el gobierno”, afirma Cabrera. “Y eso no se puede hacer escondiéndonos, enterrando la cabeza”.
El activista explica que están "viendo un incremento de actos violentos en contra de la comunidad, no solo a nosotros, sino en general. El ambiente de animosidad contra los inmigrantes o hacia aquella persona que parezca inmigrante, eso sí nos preocupa. Hemos reforzado la seguridad en nuestras oficinas e incluso en nuestros sistemas digitales porque no hemos sido ajenos de ataques virtuales y violentos”.
Los ataques mencionados por Cabrera se tratan de insultos, calificativos de odio, mensajes de corte racista y señalamientos antipatriotas por el solo hecho de seguir trabajando para ayudar a inmigrantes indocumentados vulnerables necesitados de asistencia para luchar por sus permanencias legales en Estados Unidos.
Para Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC, el clima de hostigamiento generado tras la elección del 5 de noviembre del año pasado es “inquietante”, obligando a las organizaciones a actuar “cuidadosamente”.
Sin embargo, advierte que “los ataques a la comunidad inmigrante también van en contra de las organizaciones que los ayudan, sobre todo a los refugiados. Cancelaron todos los programas, entre ellos los de representación legal a menores no acompañados. Y los grupos que ejecutaban estos programas han tenido que despedir personal porque ya no pueden seguir pagándoles sus salarios”.
Núñez también dijo temer que el gobierno utilice “todas las herramientas a su alcance para hacernos auditorías, entorpecer nuestros oficios para ayudar a nuestra comunidad. Están minando nuestra capacidad de respuesta”.
A su vez, activistas reconocen que, durante el primer gobierno de Trump, el Ejecutivo, al igual que ahora, canceló programas y ordeno investigar a defensores de los derechos de los inmigrantes por brindar asistencia a personas irregulares que buscaban vías legales disponibles que les permitieran vivir en el país sin temor a ser arrestados y deportados.
Los miedos expresados por las organizaciones no son infundados. En Tennessee, legisladores republicanos están proponiendo en ambas cámaras de la Asamblea (controlada por los republicanos) dos proyectos de ley que, de ser aprobados, crearían nuevos delitos que penalizarían a los grupos benéficos que atienden a inmigrantes, quienes podrían ser arrestados por alentar o inducir a extranjeros ingresar o permanecer ilegalmente en el estado.
Las propuestas incluyen a iglesias y entidades sin fines de lucro, y otorgan poderes a los fiscales generales del estado a disolverlas y presentar a directivos y empleados cargos por delito graves de Clase E, punible con hasta seis años de cárcel y multas.
“Quieren convertir en delito nuestro trabajo”
“Sí, le puedo decir que sí tenemos miedo, existe miedo que nos persigan por el trabajo que llevamos a cabo”, confirma Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), organización que cuenta con más de 16,000 abogados, jueces y profesores universitarios a nivel nacional. “Y estamos conscientes que la vez anterior, durante la primera istración (del presidente Trump), el entonces fiscal general, Jeff Sessions, mencionó que existía el problema de los ‘abogados sucios’ de inmigración que estaban interfiriendo con el plan de deportaciones” bajo la política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Nieblas dice que, en aquel entonces, “el gobierno creó una lista de abogados que estaban ayudando en la frontera de California con México a los inmigrantes cuando solicitaban a los centros de detención de inmigrantes y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no los dejaba ingresar para defender sus derechos constitucionales y del debido proceso”.
“Ahora están atacando a los jueces de inmigración. Han despedido a varios de ellos y advirtiéndoles que, si no determinan como deben (favoreciendo la política migratoria de deportaciones masivas del gobierno), es una razón para que los despidan”, añade.
El sitio New Republic reveló que, “según un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) enviado a los jueces, la istración está declarando, en la práctica, que los aproximadamente 700 jueces de inmigración ya no pueden contar con las normas del servicio civil que salvaguardan su independencia al protegerlos del despido arbitrario”.
“Ese memorando, que supervisa los tribunales de inmigración, me lo hizo saber la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE), el sindicato de jueces, que cree que esto facilitará mucho el despido sin causa”, precisó Nieblas. Y añadió que “existe el temor de que esto haya sido diseñado con el fin de allanar el camino para la destitución de más jueces que no están fallando sistemáticamente en contra de los inmigrantes en los casos de deportación y asilo, y de esa manera frustrar los planes del presidente y de sus asesores de inmigración de línea dura”. Entre ellos Homan, Stephen Miller, el subdirector de política de la Casa blanca y artífice de los planes antiinmigrantes durante la primera istración.
New Republic sostiene que el objetivo del DOJ es reemplazar a los jueces por otros “que fallarán de manera más confiable en contra de los inmigrantes”, un paso que podría, en teoría, “acelerar el ritmo de las deportaciones masivas y aceleradas” planeadas por Trump.
Hasta ahora, el DOJ ha despedido a una treintena de jueces, entre ellos cinco gerentes superiores de la Oficina de revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-), según la IFPTE. Los despidos afectarán en el plazo inmediato unas 10,000 audiencias. La EOIR tiene más de 3,7 millones de casos acumulados. A finales del primer mandato de Trump el atasco bordeaba los 1.2 millones, mientras que a finales del segundo gobierno de Barack Obama la cantidad era de 530,000, de acuerdo con datos del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York.
Nieblas también dijo que los abogados “estamos revisando, poniéndole atención a esto y anticipar cómo va a seguir desarrollándose. Pero sí, es problemático y no podemos actuar como si no nos pudieran hacer esto a nosotros (persecuciones y amenazas). Estamos viendo lo que ha sucedido en otros estados donde quieren convertir la entrega de información a los inmigrantes en un delito, incluso abogados y legisladores que comparten opiniones en los miedos de comunicación. Pensamos que el gobierno puede causar muchos problemas en cualquier momento”.
Las amenazas de Homan
A finales de febrero Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo que llevaría el ‘infierno’ a Boston en respuesta a las políticas santuario de la capital de Massachusetts. La amenaza fue hecha durante una Conferencia Conservadora del AC en las afueras de Washington DC.
Homan atacó a Boston debido a su molestia y porque las jurisdicciones santuario no colaboran con la política de deportaciones masivas de Trump, a pesar de que tribunales de justicia han fallado que estas políticas no violan la ley. El funcionario acusó a las fuerzas policiales de Boston de descuidar su deber de perseguir a los criminales que están en el país ilegalmente y colaborar con el gobierno.
Las ciudades santuario limitan dicha cooperación cuando se trata de personas acusadas que aún no han sido condenadas por delitos, de acuerdo con las leyes estatales o locales. Estas prohíben entregar a los detenidos a ICE simplemente por carecer de permiso legal para estar en el país, una falta de carácter civil no criminal.
La Ley de Confianza de Boston, actualizada en 2018, permite que la policía coopere con ICE en “cuestiones significativas de seguridad pública, tal como la trata de personas, la explotación infantil, el tráfico de drogas y armas, y los delitos cibernéticos”. Pero se abstiene de participar en la aplicación de la ley de inmigración civil.
La ciudad también debe cumplir con un fallo de 2017 de la Corte Suprema del Estado que prohíbe que las autoridades de Massachusetts priven de libertad a una persona que, de lo contrario, tendría derecho a ser liberada de la custodia basándose únicamente en una solicitud federal, escribió el diario Los Ángeles Times.
Homan también ha dicho que tiene la intención de centrarse en deportar “a los peores primero”, entre ellas personas arrestadas por delitos no relacionados con la inmigración, personas que ya tienen órdenes de deportación y otros dos millones que considera riesgos para la seguridad del país. Pero también ha prometido que el alcance de la iniciativa eventualmente será más amplio.
El zar fronterizo, por su parte, ha señalado que se ha reunido con ejecutivos de la industria de alta tecnología para hablar sobre ‘herramientas’ para hallar a indocumentados, entre ellas software de reconocimiento facial o lectores de matrículas. Y ha amenazado con arrestar a los líderes estatales y locales que intenten bloquear al ICE, entendiendo como bloqueo también el trabajo de las organizaciones proinmigrantes.
El 25 de febrero, cuando el gobierno comunicó que todos los extranjeros que no han sido itidos en el país deberán entregar sus huellas digitales y sus direcciones al DHS, la secretaria de ese ministerio, Kristi Noem, dijo en un comunicado que se ministerio bajo su mando había creado “múltiples herramientas para rastrear a los extranjeros ilegales y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”. Y advirtió que “estas herramientas incluyen sanciones penales para ciertos extranjeros que no abandonen voluntariamente los Estados Unidos, no se registren ante el gobierno federal ni se tomen las huellas digitales, y no informen al gobierno federal sobre los cambios en su dirección”.
Noem agregó en ese momento que “el hecho de que un extranjero no abandone los Estados Unidos es un delito que podría resultar en una sanción financiera significativa”. Y que el hecho de que un extranjero no se registre “es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas”.
Los abogados “nos sentimos paralizados”
En el sur de California el miedo también es una preocupación constante, como en el resto del país. “A pesar de que ya lo sabíamos”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Esto es algo para lo que debimos estar preparados, para las políticas antiinmigrantes de Trump, porque estaba claramente señalado en el Proyecto 2025 que habla de deportar a millones de extranjeros ilegales o forzarlos para que se autodeporten”.
“Desde la toma de posesión le están haciendo la vida más difícil a los inmigrantes. Han sembrado miedo y lesionado el debido proceso migratorio. Para ser honesta, todos los abogados nos sentimos paralizados y nos preguntamos cómo vamos a manejar esto. Muchas de las personas que están siendo detenidas no tienen alivio en los tribunales de inmigración. Es un escenario muy difícil y delicado, una pesadilla para miles de personas”, indica.
Velásquez cuenta además que, “mire, yo trabajo de cerca con el Consulado de México en San Diego. Por ejemplo, le puedo contar que en el Departamento de Vehículos y Motores (DMV) la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) obtuvo los datos de las personas indocumentadas que obtuvieron una licencia de manejar. Y están utilizando esta base de datos para después ir a sus casas y detenerlos. Usan los datos que fueron recabados con un propósito para otro distinto. Esto es algo nuevo para mí”.
En 2015 la Asamblea de California aprobó la Ley AB 60 que permite otorgar licencias de manejar a indocumentados. En enero de 2017 el DMV de este estado reportó haber emitido 14,000 licencias a personas sin un estatus de permanencia durante ese mes. Y que al sumar las licencias del 2015 y 2016, en total sumaron unos 836,000 permisos bajo la AB 60, y que los s pagaron $27,588,000 dólares.
Un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI) de 2017 reveló que en California había 3 millones de extranjeros indocumentados. Un segundo informe publicado por Univision Noticias en marzo de 2024 reveló que la población indocumentada en este estado del oeste había disminuido, principalmente de mexicanos.
Otros cambios bruscos detectados en los primeros 45 días del segundo gobierno de Trump “afectan a personas que someten una petición de ajuste para su cónyuge que no tiene documentos”, dijo Velásquez. “Usan (el gobierno) esa información para detener a la persona y colocarla en proceso de deportación. Entonces me pregunto, ¿las personas no van a poder someter peticiones a favor de otras que no tienen papeles? Esto es algo sin precedentes, una lluvia de políticas antiinmigrantes”.
Velásquez también mencionó que “existe temor de que ciudadanos naturalizados y residentes legales permanentes puedan ser detenidos y colocados en un proceso de deportación por errores cometidos hace muchos años. Este es el nivel de miedo que existe hoy en día, es cruel”.
A la pregunta si los abogados temen ser perseguidos como lo advirtió Nieblas, Velásquez dijo que “no lo sabemos. Estamos escuchando, viendo. Ahorita todo se vale, no hay lugares protegidos, ya no existen las zonas sensibles. Es una lluvia de medidas tan fuerte, que no podemos navegar esta situación. Estamos viviendo un caos y los abogados no sabemos cómo actuar ante este escenario tremendo que está dejando mucho sufrimiento en todas partes”.
“Esto no es normal”
María Bilbao, Activista del American Friends Service Committee (AFSC) en Mami, Florida, comparte las preocupaciones de Velásquez y dice que en Miami “existen los mismos miedos que en San Diego, distante a 2,956 millas (4,757 kilómetros) por tierra. “Hay temor, pero seguimos adelante. Esto no es normal”.
Bilbao dijo denunció además que “la mayor preocupación nuestra es que, una vez detienen a los inmigrantes, los trasladan inmediatamente a centros de detención en otros estados, una estrategia que hace imposible que puedan conseguir un abogado para que los represente y defienda sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.
En Maryland, Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización CASA, dijo que en este estado del noreste del país “por supuesto que existe miedo. La gente (de las organizaciones de ayuda) estamos bien preocupados, pero continuamos haciendo nuestro trabajo con mucha dedicación. No hay otra opción”.
“Estamos trabajando con abogados, con instituciones, con las iglesias que nos apoyan y con los políticos que respaldan nuestro trabajo. Hemos elaborado estrategias para utilizarlas por cualquier arresto. Hay inquietud y alarma en todas partes”.
En el norte de la costa oeste Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle ( Northwest Immigrant Rights Project -NIRP-) señala que “reconocemos que si hay riesgo de que el gobierno va a ser lo posible por quitar fondos y usar trampas para impedir el trabajo que hacemos las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes”.
“Lo que vemos que está pasando, amenazas y arrestos, van a seguir sucediendo y se pondrá todo más difícil, sobre todo para las personas que no pueden demostrar un estatus legal de permanencia en Estados Unidos”.
Mientras tanto, en el sur de Texas, Rogelio Núñez, director ejecutivo del Proyecto Libertad en Harlingen, cuenta que “aquí, por el gobierno del gobernador Greg Abbott y con el fiscal Ken Paxton, ya han hecho esto, endurecer las políticas y sembrar el miedo en la comunidad inmigrante desde hace un rato”.
“Y creemos que a nivel nacional andan buscando a personas que están contrarios al pensamiento del presidente Trump. No sabemos cuándo llegarán aquí, pero en Texas ya la situación es compleja. Han llegado a las oficinas. Y tememos, claro que sí, porque no sabemos las consecuencias ni los cargos que te pongan. Y pueden inventar cargos contra nosotros y las consecuencias que ello pueda traer no las conocemos. Por eso el miedo”, confiesa.
En Los Ángeles, Francisco Moreno, director ejecutivo de la Confederación de Federaciones Mexicanas, asegura que “es la primera vez en mi vida soy ciudadano y cargo mi tarjeta de pasaporte. Por lo pronto sí tengo miedo, no confío, y si me arrestan no sé cómo nos van a tratar. Estamos en o, construyendo redes de apoyo. Es una posibilidad real. Claro que tenemos miedo”.
Gutiérrez, por su parte, el director ejecutivo de la organización Derechos Plenos de los Inmigrantes, asegura que el escenario actual “es un peligro latente”. Y tras una pausa, agrega: “la posibilidad de que en esta campaña de ir sobre aquellos que tengamos puntos de vistas de inmigración distintas seamos blanco de posibles represalias, pienso que sí. Y así
como damos consejos a los inmigrantes sobre sus derechos, nosotros también nos estamos informando sobre qué hacer ante un posible problema de agresiones legales por parte del gobierno de Trump”, concluyó.
