Líderes de seguridad nacional y ex secretarios de Estado piden al Congreso que apruebe el Dream Act antes que termine el 2017
Un grupo integrado por 13 ex altos cargos de seguridad nacional le enviaron este miércoles una carta a los líderes de ambos partidos en el Congreso para pedirles que aprueben el Dream Act antes que finalice el 2017.
La iniciativa le otorgaría estatus legal permanente a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos (antes de cumplir los 16 años de edad) y se encuentran protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA), programa que fue cancelado por el gobierno de Donald Trump el pasado 5 de septiembre.
Los firmantes de la carta, entre los que se encuentran la ex secretaria de Estado Madelaine Albright, el ex secretario de Defensa León Panetta, el ex secretario de Comercio Carlos Gutiérrez y la ex secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano, advierten al Congreso y al gobierno que deportar a los destinatarios de DACA costaría al país unos $7,500 millones, recursos que serían desviados de la lucha contra las amenazas graves a la seguridad nacional de Estados Unidos.
"En lugar de desviar recursos para deportar a miles de dreamers, el gobierno debería centrarse en combatir las amenazas reales a las que nos enfrentamos", señalan los firmantes del documento dirigido a los senadores Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, y Charles Schumer, líder de la minoría demócrata, y a los representantes Paul Ryan, líder de la mayoría republicana y presidente de la Cámara de Representantes, t Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata.
El grupo pide además que, en vez de centrar esfuerzos en la expulsión de los dreamers, el gobierno federal debería “priorizar los recursos para asegurar la frontera, deportar a criminales violentos, prevenir el crimen violento, y también los ataques terroristas y ciberataques".
Los 13 firmantes del documento argumentan además que deportar a los destinatarios de DACA que sirven en nuestras Fuerzas Armadas "sería un desperdicio de recursos”, y urgen al Congreso a que tome en cuenta un reciente informe que demuestra el papel “cada vez más vital de los reclutas militares nacidos en el extranjero en la preparación militar y la seguridad nacional de nuestra nación”.
La misiva enfatiza además la urgencia de llegar a una solución antes de fin de año, señalando que incluir Dream Act en el proyecto de ley de gastos del Congreso de este año (presupuesto) es la mejor oportunidad para aprobar legislación bipartidista, y probablemente sea la única oportunidad para el futuro previsible.
La fecha límite para la aprobación del presupuesto del 2018 es el 8 de diciembre.
"Nuestra seguridad nacional depende de la priorización de recursos limitados para contrarrestar las amenazas más graves", señaló Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración (NIF). "Además de interrumpir las vidas de miles de personas que contribuyen a la prosperidad de nuestra nación, la deportación de dreamers desviaría los recursos críticos de la prevención de amenazas reales a la seguridad, poniéndonos a todos en peligro".
La carta asoma una semana después de las manifestaciones llevadas a cabo la semana pasada en el Capitolio, donde activistas y organizaciones proinmigrantes le pidieron a congresistas demócratas y republicanos que debatan y aprueben antes del receso de Navidad un proyecto de ley que legalice la permanencia de 800,000 dreamers beneficiarios de DACA.
Los manifestantes también solicitaron un trato similar para miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), programa que el gobierno de Trump ha comenzado a cancelar.
La Casa Blanca ha dicho que el presidente quiere un Dream Act que incluya fondos para la construcción del muro en la frontera y dinero para la construcción de nuevas cárceles y para aumentar las deportaciones.
Por el contrario, los dreamers piden una solución “limpia”, es decir un proyecto de ley sin fondos para el muro o para aumentar las deportaciones, que pueden afectar a sus propios padres y familiares.
El pasado 5 de septiembre el gobierno de Trump anunció el fin de DACA tras cinco años de vigencia. Y la semana pasada, luego de casi dos décadas en vigor, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso fin al TPS de Nicaragua –concediéndole una última extensión hasta el 5 de enero de 2019– y dio una extensión de seis meses al TPS de Honduras mientras toma una decisión final al respecto. Ambos programas conceden un amparo temporal de la deportación y una autorización de empleo.
El liderazgo republicano presiona para que el Dream Act se incluya dentro del debate del presupuesto con las enmiendas solicitadas por la Casa Blanca en materia de seguridad nacional, algo a lo que los demócratas se oponen, al igual que los dreamers.
