Estos estados republicanos buscan replicar las duras políticas antiinmigrantes de Trump
Una serie de legislaturas estatales con mayorías republicanas buscan endurecer sus leyes con el fin de replicar las duras posturas antiinmigrantes impulsadas por el presidente Donald Trump.
Tras asumir el poder en enero de 2020, Trump ha reiterado su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes sin estatus legal y ha echado abajo protecciones temporales para inmigrantes con el fin de expulsarlos del país.
Al unísono, legisladores republicanos en estados como Texas, Louisiana, Missouri, Mississippi y Tennessee han autorizado o buscan aprobar duras leyes con el fin de monitorear y arrestar a inmigrantes indocumentados.
A continuación te presentamos algunas de las principales medidas que estas entidades buscan autorizar a nivel legislativo en contra de los inmigrantes sin papeles.
Texas
En Texas, el gobernador Greg Abbott ya había iniciado una dura campaña en contra de la inmigración irregular incluso antes del triunfo electoral de Trump en noviembre.
Por ejemplo, Abbott había autorizado la instalación de barreras con alambre de púas y otras medidas en los límites de Texas con México y había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional para monitorear la zona fronteriza.
Luego anunció el lanzamiento de una campaña publicitaria con duros mensajes en contra de los migrantes en ruta hacia Estados Unidos.
Pero los legisladores estatales también impulsan una serie de medidas encaminadas a endurecer las políticas locales en contra de los indocumentados.
Por ejemplo, los legisladores republicanos impulsan leyes para prohibir que los inmigrantes sin documentos obtengan apoyo legal financiado por el estado y para crear una unidad de Protección Fronteriza que autorizaría a las policías locales expulsar a los inmigrantes detenidos cerca de la frontera.
Además a finales de diciembre, legisladores en ese estado presentaron una iniciativa de ley que autorizaría a agencias gubernamentales detener a menores indocumentados y obtener sus registros biométricos.
El texto de la iniciativa dice que las agencias podrían detener a menores si existe la sospecha de que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular.
Abbott por su parte había ordenado el año pasado a los hospitales llevar a cabo un monitoreo del costo de los tratamientos prestados a inmigrantes indocumentados.
Mississippi
En Mississippi, una ley propuesta este año busca autorizar la operación de “cazadores” de inmigrantes indocumentados.
El Proyecto de Ley 1484 de la Cámara de Representantes dice que la operación de esos “cazadores” funcionaría a través de un “Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Mississippi”.
El programa además contaría con una línea directa donde los ciudadanos podrían denunciar a inmigrantes sin papeles de forma anónima.
Las personas registradas en el programa recibirían una comisión por cada deportación exitosa.
El fiscal de distrito de Mississippi, Matthew Barton, impulsa el proyecto de ley, que fue elaborado por el representante estatal republicano Justin Kean.
En una entrevista con la filial local de Fox News, Kean destacó las supuestas virtudes de la iniciativa.
El legislador sostuvo que la propuesta busca llenar "una especie de vacío de vigilancia vecinal para las personas que tratan con delincuentes en el día a día".
Estar indocumentado en el país es una falta civil, no penal. Críticos de esta medida afirman que criminaliza a personas que no han cometido ningún delito, deshumanizándolos y colocándolos en peligro por ser blanco de quienes buscan delataros para cobrar na recompensa.
Missouri
A finales de diciembre, David Gregory, senador estatal republicano en Missouri, propuso una medida similar a la impulsada en Mississippi.
La iniciativa consiste en autorizar que el gobierno ofrezca una recompensa de 1,000 dólares a quienes denuncien inmigrantes sin estatus legal.
La iniciativa crearía el delito de “intrusión ilegal por parte de un extranjero ilegal”, que sería considerado grave.
La propuesta además crearía un sistema dentro del Departamento de Seguridad Pública para que los ciudadanos denuncien a inmigrantes indocumentados.
"El Departamento de Seguridad Pública desarrollará el 'Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Missouri' que certificará a los solicitantes como cazarrecompensas con el fin de encontrar y detener a extranjeros ilegales en este estado", dice el proyecto de ley. “Cualquier persona con licencia como agente de fianzas, agente general de fianzas o agente de recuperación de fianzas puede postularse al programa según lo dispuesto en la ley”.
La propuesta también crearía el "Fondo del Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Missouri".
“Cuando me postulé para el Senado estatal, prometí hacer de Missouri un líder nacional en la lucha contra la inmigración ilegal”, escribió Gregory a través de X. “Ahora estoy cumpliendo mi promesa. La SB 72 tipifica como delito estar aquí ilegalmente y el proyecto de ley finalmente permitirá que las fuerzas del orden de Missouri encuentren y arresten a inmigrantes ilegales”.
Tennessee
En Tennessee, una mayoría de legisladores republicanos avalaron una iniciativa que busca penalizar a los funcionarios locales que apoyen políticas de ciudades “santuario”.
Las autoridades que implementen políticas de protección a inmigrantes indocumentados podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.
La ley aún no ha sido promulgada por el gobernador republicano, Bill Lee.
Los impulsores de la ley sostienen que es necesaria para endurecer las restricciones a la inmigración irregular.
Sin embargo, los funcionarios demócratas buscan combatir la ley. Por ejemplo, el alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, un demócrata, dijo que su gobierno analiza los potenciales impactos de la ley.
Oklahoma
Los padres que matriculen a sus hijos en las escuelas públicas de Oklahoma deberán presentar pruebas de la ciudadanía estadounidense o de un estatus migratorio legal de sus hijos, según una norma aprobada a finales de enero por la Junta Estatal de Educación.
La junta votó por unanimidad para aprobar la medida, que busca apoyar las políticas de inmigración de Trump. Todavía necesita ser aprobada por la Legislatura y el gobernador.
La norma exige que los padres o tutores legales proporcionen una prueba de la ciudadanía de sus hijos al inscribirlos en una escuela pública, u otra prueba de su estatus migratorio legal.
Entre las “pruebas” requeridas podría estar un certificado de nacimiento de EEUU, un pasaporte de EEUU, un informe consular de nacimiento en el extranjero, una tarjeta de residente permanente u otro documento legal.
La propuesta no impediría que los que no tengan estatus legal se inscribieran ni que asistieran a la escuela.
Pero exigiría a los distritos que registren el número de estudiantes para los que no se proporcionó una prueba de ciudadanía y que informen de esas cifras, excluyendo la información de identificación personal, al Departamento de Educación del Estado de Oklahoma.
La norma parece entrar en contradicción con un fallo de 5 a 4 de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, conocido como Plyler vs. Doe.
Ese fallo afirmó el derecho de los niños que viven en el país sin estatus migratorio a asistir a las escuelas públicas, aunque algunos legisladores conservadores han cuestionado si los inmigrantes sin residencia legal deberían tener derecho a una educación pública.
Alabama intentó exigir a las escuelas públicas que preguntaran sobre el estatus migratorio de los estudiantes como parte de una amplia ley de inmigración en 2011, pero el estado finalmente aceptó bloquear permanentemente esas disposiciones después de que un tribunal federal de apelaciones las suspendiera temporalmente.
Los expertos en inmigración dicen que los intentos de socavar la decisión Plyler deben tomarse en serio, y señalan recientes fallos de la Corte Suprema que han anulado precedentes de larga data sobre los derechos al aborto y la acción afirmativa en la educación superior.
Pero los legisladores republicanos que impulsan las leyes que buscan restringir el a la educación pública en EEUU dicen que su objetivo es que, finalmente la Corte revierta la resolución de 1982, ahora que el máximo tribunal parece inclinarse a la derecha.
Florida
En Florida, los legisladores aprobaron un amplio proyecto de ley de inmigración que exige que todos los niveles de gobierno (así como los contratistas gubernamentales) cooperen con las autoridades federales de inmigración "en la mayor medida posible".
Sin embargo, a diferencia de Tennessee, los legisladores de Florida se encuentran actualmente en un enfrentamiento con el gobernador republicano Ron DeSantis, quien prometió vetar la legislación después de que la Legislatura rechazara sus propuestas iniciales.
El año pasado, un juez federal bloqueó temporalmente una parte de la dura ley antiinmigrante de Florida que penaliza el transporte al estado de cualquier persona que carezca de estatus migratorio legal.
La Sección 10 de la SB 1718 ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados -tanto ciudadanos como no ciudadanos- en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar a Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida, incluso por actos simples como llevar a un miembro de la familia a una cita médica o irse de vacaciones en familia.
La Ley SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de inmigrantes indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
Louisiana
En Louisina, dos días antes de la toma de posesión de Trump, el gobernador republicano Jeff Landry, firmó una orden ejecutiva que exige a las agencias gubernamentales recabar datos sobre las actividades de inmigrantes sin documentos en el estado.
También ordenó que las agencias informe sobre los “efectos de la inmigración ilegal” en el estado.
El mandatario dijo que la orden estaba encaminada a establecer los costos relacionados con la "provisión de servicios públicos o el gasto de fondos públicos directa o indirectamente para, o en beneficio de extranjeros ilegales".
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