Juez federal bloquea deportaciones bajo la ley de tiempos de guerra que Trump invocó horas antes
Un juez federal bloqueó las deportaciones del gobierno de Donald Trump que utilizan la invocación por parte del mandatario de una ley creada para tiempos de guerra hace más de 200 años.
James E. Boasberg, juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, afirmó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, según afirmaba, eran recientemente deportables bajo la proclamación de Trump para ser encarcelados allí.
"No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar", declaró durante una audiencia el sábado por la noche en una demanda interpuesta por dos organismos civiles.
"Una breve demora en su deportación no perjudica al gobierno", añadió Boasberg, señalando que permanecen bajo custodia del gobierno.
El fallo se produjo horas después de que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La resolución del juez se desprende de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el organismo Democracy Forward, dedicado a denunciar actos de corrupción del ejecutivo.
Previamente, el juez había frenado por 14 días la orden de deportación emitida por las autoridades migratorias contra cinco venezolanos.
Esa medida judicial fue considerada el inicio de una serie de acciones y litigios contra la decisión de Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que expertos sostienen podría derivar en graves violaciones a los derechos humanos.
ACLU alertó que la invocación por parte de Trump de la antigua ley para expulsar inmigrantes no está justificada.
Según ACLU, la ley concede poderes al presidente pero sólo para aplicarlos durante una “guerra declarada” o durante “invasión o incursión depredadora” contra Estados Unidos.
De acuerdo con el documento de la demanda presentado ante el juez en Washington DC, cuatro de los cinco demandantes tenían solicitudes de asilo en proceso y permanecen en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) en Texas.
Desde que asumió el poder el 20 de enero y durante las campañas, Trump había dicho que invocaría esa ley para agilizar sus planes de deportaciones masivas, lo que ha desatado críticas de expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Este sábado Trump finalmente invocó esa ley apuntando específicamente al grupo criminal venezolano Tren de Aragua. En un texto publicado en la Casa Blanca el gobierno de Trump dijo que de esa banda "se han infiltrado ilegalmente en Estados Unidos y están llevando a cabo guerra irregular y acciones hostiles contra el país".
Organizaciones civiles y organismos dedicados al análisis de las políticas migratorias sostienen que la invocación de esa ley podría derivar en graves violaciones de derechos humanos, como ha ocurrido en el pasado.
Invocación de ley para tiempos de guerra por parte de Trump es “ilegal”, advierte ACLU
Ante del anuncio de la invocación de la ley, Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y asesor principal de los inmigrantes, dijo que la utilización de la antigua legislación para agilizar sus planes de deportaciones masivas es “ilegal”.
“La intención del gobierno de Trump de usar una autoridad en tiempos de guerra para la aplicación de la ley migratoria es tan inédita como ilegal. Podría ser la medida más extrema del gobierno hasta la fecha, y eso es mucho decir”, declaró Gelernt en un comunicado emitido antes de la resolución del juez.
De acuerdo con ACLU, una de las ocasiones anteriores en las que fue invocada la ley ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y derivó en violaciones a los derechos de la población de ascendencia japonesa en Estados Unidos.
“Su invocación durante la Segunda Guerra Mundial para justificar el internamiento de personas de ascendencia japonesa— ha suscitado, con razón, constantes críticas. Emplearla para evadir las leyes nacionales en tiempos de paz es fundamentalmente erróneo”, dijo el organismo.
Arthur Spitzer, asesor principal de la ACLU en el Distrito de Columbia, coincidió en que la utilización de la ley no está justificada en el contexto actual del país.
“No existe ninguna acción militar extranjera que justifique la intención del presidente Trump de invocar esta ley, lo que convierte sus acciones no solo en ilegales, sino en un flagrante atentado contra los derechos fundamentales”, dijo.
Spitzer agregó que la aplicación de esa ley representa “otra peligrosa extralimitación del gobierno, diseñada para apoyar un programa de deportación masiva sin control”.
“Eludiendo al mismo tiempo la revisión judicial necesaria”, dijo el experto.
El juez programó una audiencia virtual para analizar el caso este sábado a las 17:00 horas y una segunda audiencia presencial sobre los méritos de la demanda para el lunes por la tarde.
Las acusaciones “falsas” contra los inmigrantes que el gobierno planea deportar
De acuerdo con la demanda presentada por ACLU y la organización Democracy Forward, una organización con sede en Washington dedicada a exponer irregularidades del poder ejecutivo, cuatro de los cinco inmigrantes fueron acusados falsamente de pertenecer al Tren de Aragua.
La demanda no identifica por nombre a los inmigrantes que enfrentan las órdenes de deportación, sólo incluye sus iniciales.
Por ejemplo, uno de ellos, identificado como “J.G.G.” fue acusado falsamente de pertenecer al grupo criminal por sus “tatuajes”, pero en realidad las figuras de los tatuajes no tienen ninguna relación con esa banda y él “nunca ha pertenecido” a la organización, dice la demanda.
Además, el inmigrante es un “artista de tatuajes”, no un criminal, dice la demanda.
Además, la madrugada del 6 de marzo agentes migratorios lo despertaron y le dijeron falsamente que iba a ser liberado, le pidieron firmar documentos en inglés con ese engaño y luego le informaron que en realidad iba a ser deportado.
El inmigrante teme volver a Venezuela, ya que podría ser “torturado” o “asesinado” por la policía, según la demanda.
Otro de los inmigrantes, identificado como “J.A.V.”, también fue acusado de ser parte del Tren de Aragua, pero nunca ha pertenecido al grupo criminal, según la demanda. En realidad él huyó de Venezuela porque teme sufrir represalias por sus “puntos de vista políticos”.
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