Entablan demanda contra la orden ejecutiva de Trump que detuvo la inmigración legal por la pandemia
Un grupo integrado por abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes demandó en una corte del Distrito de Columbia la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el 22 de abril y que detuvo por 60 días la inmigración legal.
La coalición dijo que la demanda fue presentada para proteger a familias afectadas por las restricciones decretadas por el gobierno y que podrían permanecer separadas durante décadas.
La demanda, entablada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración ( AILA), el Centro de Acción y Justicia ( JAC) e Innovation Law Lab, con el apoyo probono de Mayer Brown LLP, argumenta que fue presentada en nombre de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes “que pidieron a hijos y parientes derivados para unirse a ellos en Estados”, pero que debido al decreto no pueden hacerlo.
De qué se trata
Denominada Gomez et al v. Trump (Gómez y otros contra Trump) el recurso busca una protección inmediata a estas familias del daño causado por el presidente al emitir la restricción bajo el argumento de la pandemia del nuevo coronavirus.
La prohibición de visas de inmigrante ordenada por el mandatario “obligará a muchos niños a esperar durante años, incluso décadas, en su proceso de solicitud de visa si se vencen sus categorías de visa” y alcanzan, por ejemplo, la mayoría de edad se lee en el documento entregado a la corte.
La ley de inmigración permite a los ciudadanos estadounidenses solicitar la residencia legal permanente en Estados Unidos para ciertos familiares que cumplan con los requisitos necesarios para residir permanentemente en el país. Sin embargo, solo los familiares inmediatos (cónyuges e hijos mejores de edad y solteros, al igual que padres de ciudadanos mayores de 21 años) reciben una tarjeta de residencia (Green card) sin tener que esperar, explica el libro ‘Inmigración: las nuevas reglas, una guía de Univision’.
“Los residentes legales permanentes también pueden pedir a sus hijos menores de edad solteros”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
Para otras categorías de parentesco, el solicitante tiene que consultar el Boletín de Visas del Departamento de Estado que se actualiza mensualmente. De ser así, la prohibición de visas de inmigrante “obligará a muchos niños a retroceder años, incluso décadas en su proceso de solicitud de visa si se vencen sus categorías de visa actuales y pierden su capacidad de emigrar inmediatamente a Estados Unidos”, indica la demanda.
Los argumentos
Entre otros alegatos, los demandantes plantean que el decreto del 22 de abril “es un intento ilegal de anular un sistema que juega un papel vital en la salud y el bienestar de las familias y comunidades en todo el país”.
Señalan que la orden fue emitida “con poco más de un día de antelación” y que la prohibición “tendrá un impacto devastador en los niños, quienes perderán su oportunidad actual de emigrar a Estados Unidos antes de cumplir 21 años”.
Advierten que, si la prohibición sigue vigente, “estos hijos e hijas de residentes legales permanentes y ciudadanos de Estados Unidos, los padres podrían tener que esperar años, o incluso décadas antes de poder obtener un cupo de visa disponible y emigrar a Estados Unidos”.
Uno de los demandantes, Domingo Arreguin Gómez, es un residente legal permanente desde hace 30 años. “Él y su esposa solicitaron a su hijastra Alondra para que inmigrara a Estados Unidos desde México. Pero debido a la orden ejecutiva “ahora corre un riesgo inminente de perder su lugar en la cola de visas porque en junio cumple 21 años”, señalan los demandantes.
Otro de los afectados se trata de una mujer sobreviviente de abuso doméstico severo cuya hija también permanece fuera de Estados Unidos y está a punto de cumplir la mayoría de edad.
Obligados a demandar
Para Esther Sung, litigante principal del JAC, “ es absolutamente ridículo y despiadado que las personas se vean obligadas a demandar a su propio gobierno para estar con sus propios hijos”.
Agregó que “como país, tenemos siempre, histórica y correctamente, identificado a los jóvenes para ser tratados de manera diferente a los adultos en nuestro en nuestro sistema de inmigración. El texto de esta prohibición no ha hecho una excepción para los niños y esto significa que el gobierno se apresuró a emitir e implementar la prohibición poco después de que el presidente la anunciara”.
El JAC señala además que la prohibición ha estado vigente durante más de un mes y que el gobierno “aún no ha intentado solucionarla. Eso demuestra que no tienen corazón y que no le importan los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes que solo quieren estar con sus familias y mantenerlos a salvo durante una pandemia mundial".
A su vez, Nadia Dahab, Abogada Senior del Laboratorio de Derecho de Innovación, indicó que “durante décadas el Congreso ha promulgado leyes para ayudar a las familias a reunirse a través del sistema de inmigración” y que esta larga tradición de reunificación familiar “es un componente clave de la estabilidad, la prosperidad económica y la fortaleza colectiva de nuestro país”.
“Esta prohibición es otro intento por parte del gobierno de usar como chivo expiatorio de inmigrantes y se trata de un ataque sorpresa que separa a las familias inmigrantes de sus seres queridos", añadió.
En lugar de implementar políticas racionales y basadas en medidas que promueven la salud pública y los intereses económicos de nuestro país durante esta crisis nacional, el gobierno ha recurrido a la distracción y al teatro político”, dijo Jesse Bless, director de litigios federales de AILA. “Esta prohibición no curará la economía. Es una medida punitiva que separará a las familias y perpetuará el sufrimiento humano innecesario y el daño económico”, apuntó.
El decreto de abril
La orden ejecutiva del 22 de abril covid-19. El decreto es para priorizar y proteger los trabajos para los estadounidenses afectados por la crisis de salud pública, dijo el mandatario en esa ocasión.
La orden estipula la suspensión de los trámites de residencia basados en familia y trabajo y señala que el freno regirá por un período de 60 días. Al término de ese plazo Trump dijo que tomará la decisión de suspenderlo o prorrogarlo. También mencionó, en la víspera de la firma del decreto, que una segunda orden ejecutiva de menor impacto ampliaría algunas restricciones contenidas en el decreto principal.
La medida afecta principalmente a quienes están solicitando una visa de inmigrante en un consulado o quienes esperan para la emisión de una visa de inmigrante sea por familia o empleo. Pero quedan exentas varias categorías, que no se verán afectadas, entre ellos los que buscan refugio, inversionistas, militares, y los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses.
Tampoco afecta a los extranjeros que tienen una visa de inmigrante vigente en el pasaporte, aunque no la hayan utilizado para entrar al país. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que la orden tampoco menciona las solicitudes de ajuste de estatus pendientes con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
