Abogados dicen que la Corte de Inmigración no estaba preparada para hacer justicia en tiempos de pandemia
En 2017 Austin (Texas), San Francisco (California) y Nueva York se estaban entre las cinco ciudades más tecnológicas del mundo, según un informe de la consultora inmobiliaria Internacional Savills titulado Tech Cities 2017 . Dos años más tarde, otro estudio, elaborado por CompTIA, mostró que la evolución de la industria y una nueva generación de trabajadores puso mayor énfasis en la calidad de vida y los nuevos centros tecnológicos que estaban surgiendo alrededor del país.
La lista la encabezaron ciudades como San José, San Francisco y San Diego (California), Columbus (Ohio), Tampa y Jacksonville (Florida), pero Austin (Texas) seguía ocupando el primer lugar, por encima de Silicon Valley.
Los estudios revelaron, además, que el avance tecnológico cambió el rostro del país, simplificó la vida de millones de personas, generó nuevos empleos, mejoró salarios, aumentó la atención al público y ayudó a resolver problemas en menos tiempo. Pero hace nueve semanas vino la pandemia del coronavirus y mostró que, a pesar de los avances, las cortes de inmigración no estaban preparadas para el trabajo en línea. El sistema navegaba en un ritmo y una dirección totalmente contrarias al resto del país.
A media máquina
“Todos los juicios de inmigrantes en libertad están suspendidos por lo menos hasta el 15 de junio”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
Los casos de inmigrantes no detenidos representan el 97.7% del total de juicios pendientes. Según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), actualmente hay 26,660 inmigrantes detenidos en proceso de deportación. Y conforme datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, Corte de Inmigración) a los cuales Univision Noticias tuvo , a finales de marzo (segundo trimestre del año fiscal 2020) había 1,122,697 casos acumulados, que se distribuyen entre poco más de 440 jueces.
En los centros de detención, explica Hernández, durante estas nueve semanas de pandemia “los juicios varían dependiendo de las medidas de seguridad sanitaria implementadas por cada uno de ellos”.
“Muchos abogados hemos asistido, por ejemplo, a La Palma (Correctional Center). Estando ahí nos dijeron que las audiencias se habían movido porque hubo un outbreak (brote) de covid-19. Perro si sabían que había audiencias programadas debieron avisarnos con anticipación, no debimos habernos acercado por el riesgo que implicaba”, dijo.
Hernández indicó además que, “existe un alto riesgo de contagio por coronavirus” en los centros de detención. “Pero también todo depende de cada corte. Algunos lo hacen por teléfono y permiten que el cliente no esté presente. Pero no en todos los centros (de detención donde funciona un tribunal) ocurre lo mismo. No tienen un protocolo uniforme”.
Tomando en cuenta el número total de casos acumulados en la Corte de Inmigración a finales de marzo y el número de jueces (cada uno de los poco más de 440 toma 700 casos por año), en promedio cada caso puede demorar 3.6 años (42 meses) en ser resuelto.
Nuevas demoras
Para los abogados, la pandemia y la falta de un sistema que permita agilizar juicios generará demoras inesperadas. “Los detenidos permanecerán más tiempo encerrados, “al tiempo que aumenta el riesgo de contagio en abogados o que seamos nosotros quienes llevemos el virus a los centros de detención o a los tribunales”, dice Hernández.
“Estas nueve semanas han sido un dolor de cabeza para las personas que tienen la oportunidad de arreglar sus casos y están libres, y de frustración para los detenidos”, apunta Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).
“Se limitaron los s, el gobierno no estaba preparado tecnológicamente para esta pandemia a pesar de que la tecnología ya llegó a otras cortes del país. Los inmigrantes encarcelados viven una pesadilla”, agrega.
Barrón dijo además que “nos forzaron a todos a ir en persona a muchos juicios” y que ahora que los estados reabrieron, “esperamos que se reactiven los procesos y también que no se cometan injusticias con las personas privadas de libertad. Y tampoco más casos de infectados ni riesgos tanto para ellos como para nosotros”.
Barrón advierte que “miles se han visto afectados por la pandemia. No hay registros todavía, pero los retrasos serán muchos. Y esperamos que no se compliquen las cosas cuando reabran las cortes y que esto no perjudique los beneficios que muchas personas tienen legalmente. Puede que haya efectos negativos no intencionados, pero ¿quién puede garantizar que no habrá injusticias?”, preguntó.
Tras una pausa, mencionó que “todo el mundo ha sufrido de paranoia con esta pandemia. Tratamos de ser inteligentes y, cuando hemos tenido que ir a los tribunales, vamos protegidos pensando en que no nos queremos contagiar y tampoco queremos contagiar a otros, y todos esperamos o hemos esperado que las demás personas piensan de igual manera. Pero es muy triste que el gobierno no haya sido capaz de hacer justicia en línea en estos tiempos”, cuestionó.
La EOIR no ha revelado cuántas audiencias se han pospuesto debido a la pandemia desde el 18 de marzo. Pero según el Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), el cierre del gobierno de 2018-19 (cuando en el Congreso se debatía la aprobación del Presupuesto de Gastos de la Nación) resultó en la cancelación de 15,000 a 20,000 casos por semana.
En río revuelto
Para otros abogados la pandemia ha favorecido a muchos que, no teniendo un caso firme, han huido de la deportación y esperan que para cuando sus casos sean reprogramados, hayan podido reunir mejores evidencias o sus vidas den un giro favorablemente inesperado.
“Muchas de las audiencias a las que he tenido que asistir han sido postergadas por la pandemia”, dice Nelson Castillo, un doctor en derecho de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “Estamos esperando que sean reprogramadas a futuro, no sabemos para cuando”.
Castillo también cuenta que “de los miles de casos afectados, “algunos se han visto favorecidos, por ejemplo, inmigrantes que no tienen un buen caso y saben que se los van a negar y serán deportados. El retraso de sus casos les da más tiempo en Estados Unidos”.
“Conozco un caso en que la audiencia fue reprogramada para dentro de dos años”, comentó.
“Pero hay quienes tienen un excelente caso y ahora deberán esperar que sus audiencias sean reprogramadas”, señaló. “Ellos están siendo afectados terriblemente. Bajo ciertas circunstancias hay efectos secundarios graves. Por ejemplo, casos que requieren que sean vistos antes de cierto tiempo, como cuando hay hijos menores que, si alcanzan la mayoría de edad y el juicio no ha sido resuelto, pierden los beneficios derivados”.
“Se puede hacer una moción y explicar al juez el tema de la edad. Pero no hay garantía de nada. A menos que el gobierno otorgue dispensas por la pandemia. Pero sobre este tema no se ha hablado nada hasta ahora. Como puede ver, la lista de daños causados por esta enfermedad del covid-19 crece todos los días”, indicó.
Contra la pared
No solo los inmigrantes y los abogados padecen las inclemencias provocadas por la pandemia. También los jueces tienen miedo, viven desesperanzas y denuncian los fallos cometidos por el gobierno.
“Las últimas nueve semanas han sido difíciles para los tribunales de inmigración y el público al que servimos”, dice a Univision Noticias Dana L. Marks, presidenta honoraria de la Asociación de Jueces de Inmigración (NAIJ). “Hemos tratado de navegar por el delicado equilibrio de asegurarnos de continuar celebrando las audiencias que podamos mientras protegemos la seguridad del público, los inmigrantes y nuestro personal”, agrega.
Señala que la cancelación de todas las audiencias de no detenidos “ha significado que muchos jueces de inmigración trabajen desde sus hogares emitiendo decisiones sobre casos en los que ya se han presentado testimonios y pruebas, y resolviendo las mociones a medida que se presentan”.
“Los desafíos han sido mayores para los jueces que están manejando expedientes de detenidos”, señala. “Muchos celebran audiencias a través de tele-video, mientras que otros continúan con audiencias en persona. Este ha sido un equilibrio difícil entre nuestro deseo de asegurar que nadie permanezca bajo custodia por más tiempo del necesario y los desafíos planteados por las restricciones de a abogados y familiares para quienes ayudan a los detenidos”, indicó.
Marks, sin embargo, dijo que la NAIJ “ha instado reiteradamente a la EOIR respecto al cierre de todos los tribunales durante este tiempo por el peligro significa para la comunidad el covod-19”, pero la Corte de Inmigración ha desoído la recomendación.
“Somos conscientes de que, simplemente, viajar a la corte para asistir a una audiencia o apoyar a un ser querido a menudo significa viajar en transporte público y correr el riesgo de infección. Desafortunadamente, EOIR no ha acordado suspender todas las audiencias, a pesar del acuerdo entre los jueces, los sindicatos de fiscales y los abogados privados de que este sería el curso de acción adecuado”, precisó.
Fallos de comunicación
La NAIJ también cuestiona y critica la manera en que la Corte de Inmigración se comunica con los jueces.
“Hemos estado extremadamente decepcionados y críticos con EOIR por la manera de transmitir información importante sobre el cierre de la corte y la presentación de información a los tribunales”, dice Marks.
“La elección de EOIR de usar (la red social) Twitter y las actualizaciones publicadas en su página web son difíciles de localizar, y ha aumentado la confusión y eso no ayuda adecuadamente al público”, señala.
La presidenta honoraria de la asociación de jueces dice además que “en cuanto a los planes futuros para el tribunal, se nos informó que la reapertura seguirá las pautas publicadas de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, lo que significa que las decisiones sobre si se abrirá o no un lugar específico del tribunal se tomarán en función de las condiciones locales y definitivamente no serán una decisión única”.
Marks advierte que, por ahora, no hay un protocolo estándar de reapertura para la totalidad de los 69 tribunales alrededor del país, y que por ahora “se nos informó que habrá una notificación con 14 días de anticipación de la apertura de un lugar en particular, y que cuando se reabran los expedientes de no detenidos lo harán con limitaciones en el número de casos que se pueden llevar a cabo en un día determinado para para asegurar la distancia social adecuada”.
“Por lo que hemos escuchado, predeciría que la reanudación de las audiencias del calendario maestro todavía está bastante lejos”, indicó.
Respecto a los más de 65,000 casos acumulados y que corresponden a los inmigrantes que aguardan en México sus casos de asilo en Estados Unidos bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP) o también conocido como Programa Permanecer en México, Marks dijo que “no hay mucho que pueda compartir sobre se programa o los planes futuros sobre inmigración a Estados Unidos en general. NAIJ no recibe más información que la que se divulga al público en general y no se consulta en estas decisiones”, concluyó.
