Fuertes críticas de jueces y abogados a la imposición de cuotas a los jueces de inmigración
La decisión del gobierno de Donald Trump, de imponer cuotas a los jueces de inmigración y utilizar esta herramienta como instrumento de calificación de sus desempeños, entró en vigor este lunes en medio de críticas por parte de jueces y abogados.
“A partir de hoy, 1 de octubre de 2018, el fiscal general Jeff Sessions exige que todos los jueces de inmigración cumplan con las cuotas de finalización de casos basados en el desempeño, lo que significa que los jueces se ven obligados a completar cierto número de casos o enfrentar la disciplina”, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un comunicado.
“Esta asombrosa medida la hemos definido como una ‘sentencia de muerte de la independencia judicial’, y significa que los jueces se verán obligados a apresurarse en estos casos, a menudo, de vida o muerte”, advirtieron.
La asociación, además, dijo que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementados en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día en corte justo”.
Reclaman independencia
AILA, un severo crítico de la dura política migratoria del gobierno de Trump y defensor de los derechos de los inmigrantes, dijo además que “debido a que los tribunales de inmigración están bajo el mando del Departamento de Justicia -la misma agencia de cumplimiento de la ley encargada de enjuiciar los casos de inmigración en los tribunales federales-, el fiscal general tiene autoridad sobre los fiscales y los jueces en casos de inmigración”, un problema que, alegan, debe ser resuelto para bien de la independencia judicial.
“Sessions ha ejercido este poder considerable no solo para imponer cuotas, sino también para incidir en seis casos de los jueces para decidir por sí mismo, reasignar jueces de casos particulares e implementar políticas que enfatizan la cantidad sobre la calidad”, apunta AILA.
“Frente a este ataque sin precedentes contra nuestro poder judicial, más de 1,000 de AILA están enviando una carta al fiscal general solicitándole que apoye la creación de un sistema judicial independiente (…) que pueda garantizar el debido proceso y la equidad fundamental. La justicia no exige nada menos”, precisaron.
La estrategia de Trump
El viernes la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), que también opera bajo el mando del fiscal general, anunció la investidura de 46 nuevos jueces de inmigración, incluyendo dos jueces asistentes.
Junto con otro nombramiento de 44 jueces el pasado 10 de septiembre, ambos pasos se convierten en piezas claves de la política migratoria de Trump, cuyo principal objetivo es descongestionar los tribunales, atascados con más de 760,000 casos, y acelerar las deportaciones.
"En este momento de la historia, su trabajo es de vital importancia”, dijo Sessions a los nuevos jueces. “La acumulación de casos ha llegado a más de 760,000. Se necesita un gran esfuerzo", agregó, en referencia a la cuota de 700 casos anuales para cada magistrado.
“Esta situación es inaceptable. No puede continuar”, agregó Sessions.
El fiscal general había anunciado en 2017 un "plan de contratación optimizado" de jueces para promover el uso de plazos claros y procesos de contratación eficientes”, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Desde finales de enero de 2017, un total de 128 jueces de inmigración tomaron posesión de sus cargos, agregó. Y anticipó que en otoño, el EOIR prevé otras dos clases de contrataciones, “lo que representará para más de 100 jueces de inmigración contratados durante 2018”.
Qué dicen los jueces
La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) ha dicho que el gobierno de Trump ha “ignorado las sugerencias sobre el debido proceso de inmigración”, y tampoco está cumpliendo con recomendaciones presentadas en un informe interno de la era de Barack Obama sobre cómo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos podría manejar mejor los procedimientos de inmigración mientras se adhiere al debido proceso.
Añade que “a través de acciones tales como establecer cuotas de desempeño para los jueces de inmigración, el actual gobierno va en contra de las recomendaciones contenidas en el informe de abril de 2017, que pidió que las revisiones de desempeño se basarán en el cumplimiento del debido proceso en lugar de en los resultados, de acuerdo con el consejo de los abogados de AILA y del Consejo de Inmigración”.
“Estos hallazgos (…) plantean preocupaciones muy reales sobre las motivaciones del fiscal general", dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
A comienzos de abril, cuando Sessions anunció la imposición de cuotas a los jueces, AILA condenó firmemente el anuncio y dijo que la estrategia supone un “ cambio que quita la independencia de los jueces cuando toman decisiones de alto riesgo”, sobre todo cuando una persona se encuentra en un proceso de deportación de Estados Unidos.
"Durante años el sistema de los tribunales de inmigración ha superado el punto de quiebre y con demasiada frecuencia niega a los inmigrantes, incluso a niños, una oportunidad justa de presentar sus reclamos", dijo en ese entonces Jeremy McKinney, secretario de AILA. "El sistema es tan imperfecto, que algunos comediantes, como el caso de John Oliver, utilizaron su show para ridiculizarlo”, agregó.
“El impacto más grande que muestra el enfoque político actual del gobierno a los tribunales de inmigración, es la persistencia de limitar la independencia de los jueces e impulsarlos a emitir órdenes de deportación rápidamente, en lugar de involucrarse en la resolución creativa de los problemas y resultados prácticos”, dijo a Univision Noticias Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ.
“Una vez más, desde la perspectiva de NAIJ, este es un paso que demuestra una falla fatal de tener una corte como la nuestra bajo el mando de una agencia de aplicación de la ley”, agregó Marks. “La naturaleza misma de nuestras misiones está en desacuerdo entre sí y, decisiones como esta, tomadas por una parte en el proceso, limitan la autoridad del juez y socavan la integridad del sistema porque no hay verdadera independencia para el que toma las decisiones”, concluyó.
Políticas adicionales
Además de la fijación de cuotas a los jueces, el gobierno de Trump ha implementado otra serie de políticas para endurecer su política migratoria:
- Eliminación del poder para cancelar istrativamente casos de deportación
- Acelerar los juicios de inmigración
- Rechazar la violencia doméstica como causa de asilo
- Aumentar los requisitos para ganar un caso (y con ello acelerar la emisión de órdenes de deportación)
- Eliminar la política del catch and release
- Aumentar los requisitos para ganar un caso de asilo
- Implementación de la política de tolerancia cero en la frontera
- Presentar cargos criminales a los extranjeros que ingresan al país por lugares no autorizados
- Separaciones forzosas de familias
- Castigar severamente el contrabando humano
- Permitir que los jueces aprueben un caso solo si existe “una buena causa”
- Anuncio de retiro del acuerdo judicial Flores de 1997 para mantener privados de libertad a menores inmigrantes por tiempo indefinido y garantizar que sean deportados.
