Abogados condenan la imposición de cuotas de casos a resolver a los jueces de inmigración
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) condenó la decisión tomada por el Departamento de Justicia (DOJ) de imponer “cuotas estrictas” de casos a resolver a los jueces de inmigración “como parte de las evaluaciones de desempeño individual”, dijo la entidad.
Para esta entidad, la medida supone un “ cambio que quita la independencia de los jueces cuando toman decisiones de alto riesgo”, sobre todo cuando una persona se encuentra en un proceso de deportación de Estados Unidos.
"Durante años el sistema de los tribunales de inmigración ha superado el punto de quiebre y con demasiada frecuencia niega a los inmigrantes, incluso a niños, una oportunidad justa de presentar sus reclamos", dijo Jeremy McKinney, secretario de AILA. "El sistema es tan imperfecto, que algunos comediantes, como el caso de John Oliver, utilizaron su show para ridiculizarlo”, agregó.
El lunes el DOJ comunicó a los jueces que deberán resolver un mínimo de 700 casos al año para conseguir evaluaciones satisfactorias. Según el gobierno de Donald Trump, la estrategia va dirigida a descongestionar los tribunales de inmigración, atascado con más de 700,000 casos, pero AILA alega que restringe el debido proceso migratorio.
“Nuevo y peligroso”
“Este impulso para obligar a los jueces a completar los casos es nuevo y peligroso, y es el último ejemplo de por qué los tribunales necesitan independencia", añadió McKinney.
AILA señala que el Congreso aprobó más dinero para financiar los tribunales de inmigración, pero en vez de trabajar para mejorar los defectos estructurales, el gobierno de Trump “ está debilitando su función con cuotas numéricas sin precedentes y obligan a que muchos jueces apresuren los casos para proteger sus puestos de trabajo”.
“Las decisiones de las cortes de inmigración tienen consecuencias de vida o muerte. No se pueden gestionar como una cadena de montaje que busca eliminar rápidamente a un número masivo de personas a expensas del debido proceso”, subt¡rayó McKinney.
Autoridad en riesgo
La fijación de cuotas se suma a los planes del gobierno de Trump de revertir fallos de jueces que en los últimos cinco años han detenido más de 200,000 casos de deportación. Ambas medidas pusieron en alerta a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés) porque limita sus mandatos.
La autoridad de los jueces les permite usar la herramienta de cancelación de deportación “para actuar ante varias situaciones en las que hay otros tipos de remedios bajo las leyes de inmigración o los estados donde viven”, explica Dana Leigh Marks, portavoz de la NAIJ. “Dentro del debido proceso migratorio, la gente califica para un beneficio de acuerdo con lo que estipulan las leyes de inmigración”.
“ Los jueves no queremos seguir un caso de inmigración cuando esos otros pasos todavía se tienen que resolver. Tal vez un caso no está listo para una decisión porque hay otra avenida que resolver. Es entonces cuando se emplea esa herramienta”, añade.
“De esa facultad depende en la manera que se resuelve un caso”, dijo Marks.
Sistema con fallos
Pero no todos los casos cuentan con las mismas oportunidades. Karen Lucas, directora de la campaña de Inmigración y Justicia que AILA desarrolla en conjunto con el American Immigration Council, dice que "no podemos olvidar que éste es un sistema que ya carece de procedimientos básicos para garantizar una audiencia justa, como el derecho a la legalidad”.
“Si no puede una persona pagar y, en muchos casos, tiene derecho a una audiencia de fianza, el impacto de estas cuotas recaerá sobre las personas más vulnerables y aisladas, los inmigrantes detenidos que a menudo incluyen a quienes buscan protección contra la persecución en sus países de origen”.
“Poner limitaciones de tiempo a los jueces los presionará para que tomen decisiones sin permitir tiempo suficiente para que se obtengan pruebas, para que se obtengan intérpretes en idiomas raros y, quizás lo más importante, para encontrar asesores legales” que los ayude a navegar dentro del debido proceso migratorio, indicó.
Lucas señaló que “los datos muestran que entre los inmigrantes detenidos que tienen asesoría legal es diez veces más probable que se le conceda asilo u otro remedio del tribunal”. Y que forzar a los inmigrantes a seguir adelante sin la asistencia de un abogado, elimina cualquier posibilidad significativa de una audiencia justa en la corte. No debemos sacrificar el debido proceso por la velocidad y hacer que un proceso de deportación ya apresurado sea aún más injusto".
Ya estaban advertidos
En octubre del año pasado AILA había advertido que el gobierno de Trump buscaba “imponer nuevas medidas de desempeño a los jueces de inmigración”, una medida que, dijo, “ amenazará la integridad del sistema judicial de inmigración y socavará la independencia judicial”.
AILA agregó que el sistema de cuotas tiene como objetivo “acelerar las deportaciones”, una de las principales promesas hechas por Trump durante su campaña.
“Este esfuerzo sin precedentes para obligar a los jueces a terminar los casos sometidos a plazos más estrictos infringen la garantía constitucional del debido proceso”, apuntó en esa ocasión la entidad.
Agregó que “históricamente, los jueces de inmigración estaban exentos de evaluaciones de desempeño por completo debido a preocupaciones de que las evaluaciones de los supervisores influirían de manera incorrecta en las decisiones de los jueces y potencialmente afectar el resultado de los casos”.
