El gobierno planea negarle la residencia a inmigrantes que usan fondos públicos
El principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha presionado para que el gobierno le niegue la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde) a inmigrantes que han utilizado ciertos fondos federales disponibles.
El sitio POLITICO reporta que Miller envió un par de correos electrónicos a los funcionarios de inmigración, en los que expresó malestar y “vergüenza” por no actuar de manera más acelerada para castigar a una parte de la inmigración legal.
Los correos publicados por POLITICO asoman tres meses después de conocerse que el gobierno de Trump consideraba una nueva política que busca modificar el nuevo reglamento de carga pública anunciado el año pasado.
Univision Noticias reportó en mayo que el gobierno de Trump planea crear las bases para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes que han utilizado beneficios públicos.
Lo nuevo
Según la publicación de POLITICO, los planes no solo apuntan a castigar a los residentes legales, sino permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “prohíba” a los inmigrantes legales obtener la green card si reciben ciertos beneficios del gobierno
Agrega que la regla, que se sumaría al nuevo reglamento que ya fue publicado en el Registro Federal y recibió el comentario público, se lanzaría en los próximos días.
Citando fuentes que no identifica, la publicación dice que la estrategia está dirigida a la base política de Trump en medio de la campaña del 2020, y que se trata de “una herramienta ilegítima para reducir la inmigración legal”.
La reforma de Trump
A mediados de julio Trump se reunió con si gabinete para dar un nuevo impulso a su plan de reforma migratoria que sólo cuenta con el respaldo de 10 de los 53 senadores del Partido Republicano.
"Nuestro país realmente tiene una enorme brecha de inmigración", dijo Trump. Seguidamente volvió a criticar las actuales leyes de inmigración, a las que responsabiliza de la actual crisis en la frontera y que tilda de “laberinto de complejidad".
Además, añadió que propone “lo mejor de todo” y aseguró que se trata de un plan “compasivo”.
Desde el inicio de su campaña, en 2015, Trump ha esgrimido un discurso antiinmigrante enfocado en atacar a los migrantes indocumentados, sobre todo mexicanos, a quienes ha tildado innumerables veces de criminales, narcotraficantes y criminales.
Miller ha sido una pieza clave en el discurso migratorio de Trump y en la elaboración de la política de 'tolerancia cero'.
El blanco de Miller
En uno de los correos publicados por POLITICO, fechado el 88 de junio del año pasado, Miller le escribe al exdirector de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), L. Francis Cissna, para criticarlo y burlarse de su desempeño y cuestionarlo por la falta de implementación de una nueva regla de carga pública.
"Francis, la línea de tiempo en la carga pública es inaceptable", escribió el asesor de Trump. “El registro de carga pública ha estado en proceso durante un año y medio. Este es el tiempo que no tenemos. No me importa lo que necesites hacer para terminarlo a tiempo. Dirige una agencia de 20,000 personas", añadió.
Cissna dejó el cargo el pasado 1 de junio y en su reemplazo Trump nombró a Kenneth Cuccinelli, un republicano antiinmigrante de línea dura y fiel defensor de la política migratoria de Trump.
En otro correo Miller dijo que era “vergonzoso que hayamos estado aquí durante 18 meses y USCIS no haya publicado un solo registro importante”.
La nueva regla
En mayo Univision Noticias reportó que el proyecto de reglamento que estaba elaborando la Casa Blanca utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.
La regla propuesta por el DHS en octubre del año pasado y cuya versión final se encuentra detenida, establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.
Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.
El sistema de méritos
La última versión del plan de reforma migratoria de Trump fue ventilada a mediados de julio y fue redactada por su yerno, Jared Kushner. El proyecto, que sigue en manos de la Casa Blanca, deja fuera a los dreamers e ignora a la totalidad de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. También incluye modificaciones a la Ley de Asilo, acelera las deportaciones y establece un complejo sistema de inmigración legal basado en méritos.
La iniciativa selecciona a los inmigrantes en función de un sistema de puntos y presenta tres categorías de alta habilidad: talento extraordinario, vocación profesional especializada y expedientes académicos excepcionales.
Asegura, además, que la implementación de este sistema por méritos permitirá una “mayor diversidad” y protegerá “a todos los trabajadores contra la explotación, el fraude y el desplazamiento ilegal”.
Trump también ha anunciado cambios al sistema de asilo vigente desde 1980 y pide cerrar ‘lagunas’ para abordar las fuerzas impulsoras detrás de la crisis humanitaria en la frontera sur. Esos vacíos se refieren a protecciones legales para menores de edad y sectores vulnerables expuestos al tráfico y el contrabando humano Entre ellas, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, que previene el tráfico humano infantil.
Para algunos analistas, la política de tolerancia cero de Trump se enfoca en la campaña de reelección 2020 y no en mejorar o modernizar el sistema migratorio vigente. “Simplemente se trata de un tema de campaña para seguir en su línea de motivar su base electoral, o un sector de ella que tiene rasgos xenofóbicos”, dice Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.
