El fantasma de una nueva crisis fronteriza pone en aprietos el plan de Biden de deshacer la política migratoria de Trump
La política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump ha sido construida sobre la base de poco más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos que buscaron sustituir reglamentos y protocolos para cercar y perseguir la inmigración indocumentada y restringir la inmigración legal.
El presidente electo, Joe Biden, ha prometido, revertir los pasos dados por Trump desde el primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero próximo. Pero, de hacerlo como muchos piensan, anulando decretos, puede poner su plan en aprietos y enfrentarse a desafíos que sobrepasen la capacidad de respuesta de su gobierno.
La nueva istración, que aún debe ser certificada, heredará un sistema de aplicación de la ley de inmigración severamente cuestionado ante los tribunales de justicia y la opinión pública. También una Corte de Inmigración que acumula más de 1.2 millones de casos y con la mayoría de esos procesos a media máquina debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.
Y a esto se suma “una fuerza laboral desmoralizada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde la inestabilidad del liderazgo y el caos istrativo han sido firmas del mandato de Trump”, de acuerdo con un reporte del diario The Washington Post.
Una situación migratoria difícil en la frontera
Uno de los mayores retos que deberá enfrentar Biden será la crisis humanitaria que se vive en la frontera con México, donde aguardan miles de inmigrantes, la mayoría centroamericanos, que desde enero de 2019 fueron devueltos a ese país tras pedir asilo en Estados Unidos.
Conocido bajo el nombre de Programa de Protección al Migrante (MPP, por su sigla en inglés), fue creado por el gobierno de Trump tras la negativa de México de convertirse en un 'tercer país seguro', una condición que hasta ese momento solo garantizaba Canadá.
Con los MPP, el gobierno redujo los beneficios del programa de asilo y, entre otras cosas, otorgó poderes extraordinarios a los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) para que determinaran la existencia de miedo creíble. Con ello regresó a los solicitantes de asilo a territorio mexicano para que esperen a ser llamados a una audiencia ante un juez, la que puede demorar meses, incluso años, debido a los atrasos causados por el atasco en los tribunales y la suspensión de juicios por la pandemia.
Los inmigrantes que aguardan por sus casos lo hacen en tiendas de campaña que se asemejan a campos de refugiados. Y, muchos de esos campamentos, fueron erigidos en algunas de las zonas más peligrosas del mundo.
No es fácil cambiar las leyes migratorias
Biden ha señalado que recuperará la política de refugiados, la misma en la que se sustenta la política de asilo. Si bien para ello bastaría con cancelar algunos o la mayoría de los decretos firmados por Trump y anular memorandos, el problema no será resuelto.
“La nueva istración puede cambiar las políticas que tienen que ver con discrecionalidad de los agentes que aplican la ley de inmigración, pero no puede cambiar la ley. Eso le corresponde al Congreso y para ello se necesita un acuerdo bipartidista del que hasta ahora no hay señales”, agregó.
Velásquez va mas allá de las promesas de campaña y señala que el nuevo gobierno “está enviando una señal de luz verde a los países con alta inmigración hacia Estados Unidos de que va a ser más receptivo y más generoso en tramitar los casos de asilo de las personas que huyen. Y creen que inmediatamente una vez lleguen a la frontera, les van a aprobar sus casos”.
“Habrá complicaciones y serias”, remarcó. “La pandemia sigue azotando al país, la frontera seguirá cerrada, habrá un problema más grave en el lado mexicano, muchos se quedarán en tiendas de campaña y puede desatarse un grave desastre humanitario”, indicó la experta.
Velázquez enfatizó que, en medio de la respuesta a la pandemia, Estados Unidos no está preparado para esa potencial crisis en la frontera, pues el foco del gobierno está puesto en frenar la propagación del virus y paliar la crisis económica.
Las dos crisis
Biden ha hablado a grandes rasgos del problema, pero no ha entregado detalles respecto a qué pasos dará en el comienzo de su mandato para enfrentar el posible deterioro de la situación en la frontera.
Pero, a pesar de lo poco que se sabe en cuanto a la estrategia que utilizará para recuperar el sistema, hay quienes piensan que el mensaje del nuevo gobierno va dirigido a sanear los ‘daños políticos’ causados por el gobierno de Trump.
“Hay dos crisis, la humanitaria que conocemos de los inmigrantes que huyen de sus países y vienen a Estados Unidos buscando ayuda y la provocada por el gobierno con el MPP, que ha devuelto a miles de peticionarios de asilo a territorio mexicano a esperar por sus casos”, dijo Ezequiel Hernández, abogado de inmigración que ejerce en Phoenix y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
“La crisis generada por Trump fue por falta de atención en los tribunales de inmigración, fue una crisis causada por su por su política de ‘tolerancia cero’”, precisó.
De lo poco que se sabe hasta ahora de esa estrategia de Biden asoma la cabeza del DHS, que estará a cargo del abogado Alejandro Mayorkas, un hijo de inmigrantes cubanos que durante el gobierno de Barack Obama y del vicepresidente Biden ocupo los cargos de director de la Oficina de Ciudadanía y Servicio de Inmigración (USCIS) y subdirector del departamento que ahora comandará.
Bajo su mando en el servicio de inmigración, Mayorkas estructuró y istró en sus inicios el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y afrontó la crisis migratoria de la frontera en 2014.
Biden, a su vez, ha prometido que en los primeros 100 días de su mandato enviará al Congreso un plan de reforma migratoria que incluirá una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Mientras tanto, aseguró, desde el primer día de su presidencia protegerá a los dreamers y extenderá el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en la actualidad protege de la deportación a unos 300,000 inmigrantes indocumentados.
La comunidad inmigrante, mientras tanto, le pide al presidente electo una moratoria total de redadas y deportaciones.
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