Trump considera una orden ejecutiva para negar ciudadanía a hijos de indocumentados, según reporte. ¿Puede hacerlo?
Un viejo tema esgrimido por conservadores republicanos en las últimas dos décadas, y puesto sobre la mesa por el gobierno de Donald Trump desde el comienzo de su mandato, ha vuelto a rondar por los pasillos de la Casa Blanca.
Luego de su Joe Biden, la istración Trump “ha reactivado las discusiones sobre la adopción de medidas ejecutivas” encaminadas a cambiar el derecho de obtener la ciudadanía por nacimiento, tal y como lo estipula la Enmienda 14 de la Constitución. Con ello, buscaría impedir que los hijos de inmigrates indocumentados quer nazcan en territorio estadounidense automáticamente sean considerados ciudadanos de este país.
Un reporte del sitio The Hill dijo el viernes, citando a dos fuentes familiarizadas con el tema, que el presidente “ha hablado durante su primer mandato sobre poner fin a la ciudadanía por nacimiento”. Varios borradores de órdenes ejecutivas sobre el tema “han estado circulando durante algún tiempo” y el mandatario estaría barajando la posibilidad de hacerlo antes de que Biden asuma el mando el próximo 20 de enero.
The Hill dijo además que la Casa Blanca está consciente que de firmar Trump un decreto de esta naturaleza “será impugnado de inmediato en las cortes”, pero los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que esperan obtener un fallo sobre si la ciudadanía por nacimiento está protegida por la 14 Enmienda.
Legisladores y expertos han argumentado que la ciudadanía por nacimiento está protegida, pero los tribunales no se han pronunciado definitivamente sobre el tema. Y la estrategia de Trump durante su mandato es forzar a la Corte Suprema, que cuenta con seis de nueve conservadores (tres nominados por él), para que fije posición sobre sus políticas y decisiones sin el concurso del Congreso.
El ataque del 2018
En octubre de 2018 Trump lanzó la idea de firmar una orden ejecutiva para negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados, anuncio que generó muchas interrogantes en nuestros lectores.
La Enmienda 14 de la Constitución garantiza que toda persona que nace en territorio de Estados Unidos es ciudadano estadounidense. Pero Trump, al igual que lo hizo durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace cuatro años, insiste en que la redacción de la enmienda puede ser interpretada de una manera diferente.
“La llamada ciudadanía por nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una manera u otra”, escribió el mandatario en 2018 en su cuenta de la red social Twitter. “No está cubierto por la Enmienda 14 debido a las palabras 'sujeto a la jurisdicción del mismo'. Muchos eruditos legales están de acuerdo…”, agregó.
Trump no cede
Pese a las advertencias del presidente, el proceso para modificar o eliminar una enmienda constitucional no depende solo de la Casa Blanca, es un recorrido complicado y largo que necesita el visto bueno no solo de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, sino que además depende de la aprobación de tres cuartos de los 50 estado del país.
Para ser más concretos: una enmienda constitucional no se puede cambiar con una orden ejecutiva del presidente, porque las leyes constitucionales son permanentes y una orden ejecutiva no lo es, es decir, puede eliminarla otro presidente. Una enmienda constitucional solo puede ser deshecha por otra enmienda constitucional.
Pero a pesar de las posturas y explicaciones que dan los expertos sobre el tema, el presidente no cede en su esfuerzo de utilizar su autoridad ejecutiva para formar decretos y dejar de lado al Congreso y la opinión de las Asambleas estatales.
Sin embargo, las preguntas siguen llegando a nuestra sala de redacción y seleccionamos aquellas que reflejan el universo de dudas desatadas por las declaraciones del mandatario, quien sigue alimentando su discurso antiinmigrante de cara a las elecciones de mitad de periodo del próximo martes 6 de noviembre.
"Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé, se convierte en ciudadano de Estados Unidos… con todos los beneficios", dijo Trump en agosto del año pasado. Y agregó: "Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar", apuntó.
Ahora vuelve a surgir la pregunta: ¿puede el presidente hacerlo? ¿Es suficiente, por ejemplo con un decreto, cambiar la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos?
¿Es legal?
“Se supone que no”, dijo a Univision Noticias el abogado constitucionalista Filiberto Agusti. “ La respuesta es complicada”, agrega. Y tras una pausa señala: “El presidente no tiene derecho de cambiar la ley cuando así lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia”.
Agusti explica que, “en el siglo XIX hubo un caso en el que el máximo tribunal de justicia del país interpretó que las personas que nacen en los Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. La ley es bastante clara en estos momentos”.
El caso señalado por Agusti se refiere al juicio Dred Scott versus Stanford ventilado en 1857. Uno de los magistrados de aquella época, Benjamin R. Curtis, escribió en el dictamen que la ciudadanía “puede ser adquirida por nacimiento”. Cinco años más tarde, en 1862, el fiscal general de Estados Unidos, Edward Bates, emitió una opinión similar.
Batalla jurídica
A pesar de las advertencias de incurrir en un acto inconstitucional si el presidente firma una orden ejecutiva (decreto) para negarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos, “si lo hace, es seguro que habrá litigio inmediatamente en una corte de primera instancia”, dice Agusti. “Y esa corte emitiría inmediatamente una orden que le quitaría validez a la orden del presidente”, añade.
“Ahora, es bastante claro que el presidente, a través del Departamento de Justicia (DOJ) llevaría esa orden ante una Corte de Apelaciones del circuito correspondiente, instancia que es muy probable que también dirá que la orden ejecutiva está afuera de los poderes del presidente y con ello, entonces, abra la puerta para que el caso escale a la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
“Si es así, la Corte Suprema puede entonces que revise su punto de vista respecto a decisiones tomadas en el pasado sobre el tema de la ciudadanía”, indica Agusti. “En ese caso, los abogados tanto del gobierno como de los demandantes, a favor y en contra, presentarían sus argumentos en una audiencia para que los magistrados los tomen en cuenta y decidan si se mantiene o cambia la decisión tomada en el siglo XIX”.
A la pregunta si una orden ejecutiva tendría efecto inmediato, Agusti dijo que “si se encuentra en litigio, no”. Y que un proceso de este tipo duraría un año y medio “a lo sumo después que el presidente pierda el caso en primera instancia. Y es posible que la orden (ejecutiva) del presidente no entre en efecto”, presagió.
Cabe destacar que, durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, Trump acusó al expresidente Barack Obama de haber cambiado una parte de la ley de inmigración para darle beneficios a los dreamers sin la autorización o concurso del Congreso. Y apuntó que eso era una violación a las leyes y Constitución. Cuatro años más tarde, el mandatario quiere modificar una parte de la Constitución por la misma vía.
