¿Cuáles son las opciones que tiene Biden en la frontera tras fracaso de plan en el Senado? Te explicamos
Tras el fracaso de la votación en el Senado del plan bipartidista migratorio para la frontera, la Casa Blanca busca salidas para atender una crisis que, sin dudas, afecta la campaña de reelección del presidente Joe Biden.
Tras el retiro del apoyo republicano el martes a un plan que asignada más de $20,300 millones para la frontera, el gobierno de Biden de inmediato inició la búsqueda de planes alternos para contener una crisis que en los últimos tres años ha agotado la capacidad de respuesta de los departamentos y agencias que participan en el proceso migratorio.
Pero las opciones se reducen, por ahora, al uso de la capacidad ejecutiva del presidente, un camino incierto que, en caso de ser utilizado, se expone a demandas en los tribunales de justicia, un escenario escabroso al que fue enfrentado el expresidente Donald Trump quien, tras promulgar severos decretos y prohibiciones migratorias en el marco de su política de tolerancia cero, fue acusado de “caprichoso” y “arbitrario”.
El principal argumento empleado por quienes se opusieron a la política migratoria del exmandatario fue que la Casa Blanca de aquel entonces violó la Ley de Procedimiento istrativo (APA) que regula el poder ejecutivo. La legislación estipula que, antes de proceder a un cambio de regla, primero la nueva norma debe ser publicada en el Registro Federal y abrir un espacio para el comentario público.
Transcurrido ese tiempo, el gobierno debe tomar las recomendaciones del público e incluirlas en una regla final que también debe ser publicada en el Registro Federal antes de que ésta entre en vigor. Este fue el principal error cometido por Trump y que Biden deberá evitar si utiliza la misma vía para cambiar, entre otras, la política de asilo para reducir el cruce ilegal de extranjeros por la frontera sur.
Se habla de un plan B
El miércoles, la cadena NBC reportó la Casa Blanca estaría considerando tomar medidas ejecutivas para disuadir y frenar la llegada de extranjeros a la frontera sur en busca de asilo.
Citando a dos funcionarios de la istración Biden, el medio dijo que el uso del poder ejecutivo presidencial es en respuesta al fracaso de las negociaciones bipartidistas en el Senado el martes, que tras meses de negociaciones a puertas cerradas entre la Casa Blanca, demócratas y republicanos habían redactado un proyecto de ley que permitiría a Biden contratar miles de agentes para la seguridad de las fronteras, unos 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración, crear 100 tribunales de inmigración y aumentar la capacidad de camas en las cárceles de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), entre otros.
Univision Noticias preguntó a la Casa Blanca si confirmaba o negaba la versión de NBC. Un portavoz, por medio de un correo electrónico, respondió que “la istración pasó meses negociando de buena fe para presentar el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza más estricto y justo en décadas porque necesitamos que el Congreso realice reformas políticas significativas y proporcione fondos adicionales para asegurar nuestra frontera”.
“Esta semana, los republicanos del Congreso optaron por anteponer la política partidista a nuestra seguridad nacional y votaron en contra de lo que los agentes fronterizos han dicho que necesitan”, agregó. “Ninguna acción regulatoria lograría lo que el acuerdo bipartidista de seguridad nacional habría permitido para la seguridad fronteriza y el sistema de inmigración en general”, concluyó.
Qué dicen los republicanos
Los republicanos siguen insistiendo en que Biden no necesita de una legislación para poder orden en la frontera y detener el cruce indocumentado. “La ley le permite, no solo ahora, sino desde siempre, cerrar la frontera si él quiere”, dice Alfonso Aguilar, un analista republicano.
Ante la pregunta qué medidas puede implementar el presidente y que la ley contempla, Aguilar, quien durante el gobierno del expresidente George Bush digirió la Oficina de Ciudadanía del servicio de inmigración, mencionó que el mandatario puede disponer de varias medidas, entre ellas, “continuar la construcción del muro en la frontera con México, restablecer el Programa Permanecer en México (MPP) y revertir las reglas de asilo que impuso y que liberalizaron el sistema de asilo y facilitan que cada día ingresen miles de extranjeros”.
El MPP, creado durante el gobierno Trump, devolvió a México a más de 70,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses. Y las reglas de asilo mencionadas por Aguilar, corresponden al parole humanitario que permite a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entrar a Estados Unidos por medio de un patrocinador autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y todos aquellos que no tienen visa o una causa legal para entrar y permanecer en el país, deben solicitar primero una cita CBP One o postular a cualquier programa de entrada legal vigente a través de un puerto fronterizo autorizado.
Las opciones de Biden
Si bien las opciones de Biden son limitadas, la Casa Blanca debe ahora decidir si acepta las recomendaciones republicanas que lo acercan a la política de tolerancia cero de Trump, quien busca por segunda vez la nominación presidencial del partido republicano para un segundo mandato, o se define por el uso del poder ejecutivo con todos los riesgos que eso conlleva, incluyendo demandas en los tribunales de justicia como las que entrenó el exmandatario entre enero de 2017 y enero de 2021.
Antes de la caída del acuerdo, Biden sostuvo que, si el Congreso aprobaba el plan, le daría una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada”. Ahora que el plan fue desestimado se baraja la posibilidad de que el presidente use su poder ejecutivo para alcanzar un objetivo similar, pero se están midiendo las consecuencias.
“Es un tema complejo y delicado”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la cátedra de inmigración en la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Hasta ahora y después de más de 10 años, está vigente una batalla judicial por el uso de ese poder ejecutivo en un asunto migratorio y no ha sido resuelto”.
La disputa se centra en la legalidad del Programa de Acción Ejecutiva para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012, creado por el entonces presidente Barack Obama. “Acusaron al expresidente de haber cambiado una parte pequeña de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso. Podemos entonces imaginarnos qué sucederá ahora si Biden hace lo mismo”.
A la pregunta si Biden pudiera utilizar ese poder eje cutiuvo9 para crear algún tipo de beneficio migratorio, por ejemplo, para indocumentados que viven en Estados Unidos desde hace años, Velásquez dijo que “aunque este sea pequeño, imposible. Ninguna orden ejecutiva le podrá conceder a un extranjero indocumentado una vía de legalización. Eso sólo le compete al Congreso”.
Los posibles escenarios
Para reparar el sistema actual colapsado, Biden necesitaba los $20,300 millones contenidos en el acuerdo bipartidista rechazado en el Senado. Sin esos fondos, las opciones son inciertas.
- No podrá, por ahora, contratar 1,3200 nuevos agentes para la Patrulla fronteriza.
- No podrá, por el momento, crear 100 nuevos tribunales de inmigración para descongestionar los más de 3.2 millones de casos acumulados y atender la demanda diaria de asilos en la frontera.
- Tampoco dispone de recursos para ampliar la capacidad en los centros de detención de ICE.
- No podrá contratar 4,300 nuevos agentes de asilo del servicio de inmigración para acelerar los procesos en la frontera.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, sin embargo, creen que Biden, a pesar del delicado escenario resultado del fracaso de las conversaciones, tiene dos opciones posibles.
“Una, en términos de lo que puede hacer para favorecer a la comunidad que ha estado esperando durante décadas (en referencia a los 10.5 millones de indocumentados que están en Estados Unidos), es el uso del poder ejecutivo, por ejemplo, para otorgarles permisos de trabajo a los trabajadores esenciales y que han estado esperando la reforma migratoria”, dice Juan josé Gutiérrez, director ejecutivo de la organización Derechos Plenos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.
Esa opción, sin embargo, es desestimada por Velásquez quien reitera que, cualquier cambio a la ley de inmigración sin autorización del Congreso para dar beneficios a los indocumentados, “no es posible”.
La segunda opción mencionada por Gutiérrez“ es culpar de los problemas migratorios a los republicanos, martillarles una y otra vez para sacar provecho electoral”, teniendo en cuenta que Biden es el candidato demócrata en los comicios de noviembre.
Lo que no mencionó el activista es que, de los 48 votos demócratas en el Senado 11 no respaldaron el plan porque no incluyó una vía de legalización para los 10.5 millones de indocumentados que hay en el país, un tema que para la campaña del presidente incomoda y que, de seguro, los republicanos lo utilizarán en algún momento una vez definan quién es el candidato que enfrentará a Biden.
