Juez determina que el gobierno no puede eximir a niños migrantes del Título 42 en la frontera
Un juez de distrito de Texas fallo el viernes que el gobierno de Joe Biden no puede eximir a los niños inmigrantes no acompañados detenidos en la frontera con México de una orden emitida durante el gobierno de Donald Trump.
La controversial política, conocida como Título 42 del Código de Estados Unidos, fue activada como parte de las medidas para controlar la propagación del coronavirus, pero activistas alegan que también formó parte de la política migratoria de tolerancia cero del mandatario.
Durante el primer año de vigencia de la norma, el gobierno aplicó con severidad la medida de salud pública que permitió deportar de forma acelerada a menores no acompañados detenidos en la frontera cuando venían en busca de asilo, un recurso legal disponible.
Pero tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantuvo vigente el Título 42, con la excepción de los niños solos, recuperando la vigencia del Acuerdo Flores de 1997 y de la ley de prevención de tráfico humano de 2008, que prohíben la deportación acelerada de menores de países no fronterizos (México y Canadá) y que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.
Sin embargo, Pittman, un juez designado durante el gobierno de Trump, falló en contra de la exención del Título 42 a menores no acompañados, según se lee en el dictamen de 37 páginas.
Datos del fallo
El dictamen señala que los funcionarios de inmigración tienen prohibido abstenerse de hacer cumplir la ley basados “únicamente en el estado de niños extranjeros no acompañados”.
Pittman también dijo que la orden preliminar “permanecerá en vigor hasta que se dicte una decisión final” o hasta que la corte de apelaciones emita una nueva orden al respecto, y que el fallo debe ser implementado en un plazo de siete días.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo en su cuenta de la red social Twitter que el dictamen era una “¡Gran victoria contra Biden!” y que había encabezado la demanda contra la decisión del gobierno de Biden porque la no aplicación del Título 42 en menores no acompañados “contribuye a una ola masiva de contrabando” de personas.
“La corte federal acaba de bloquear a Biden para que no excluya a los menores extranjeros del proceso del Título 42”, agregó. “Es una ganancia para Texas y una pérdida para Biden y los ´carteles”, indicó el fiscal.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que desde el inicio de la puesta en vigor del Título 42 ha desafiado la regla en los tribunales de justicia, alega que la norma autoriza la deportación sumaria de menores no acompañados “sin ningún debido proceso, incluso si el niño está huyendo del peligro y buscando protección en Estados Unidos y no muestra signos de tener COVID-19”.
En enero, Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, dijo que “la orden del gobierno había permitido la rápida expulsión de más de 13,000 niños que necesitaban protección y que tenían derecho legal a solicitar asilo en Estados Unidos”.
ACLU exige al gobierno de Biden que “haga necesario” para rescindir esta “política ilegal” creada por la istración Trump.
Razones del juez
El juez Pittman dijo en la sentencia que el gobierno de Biden no justificó completamente las órdenes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que regularon la exclusión de menores no acompañados del Título 42, calificando las medidas adoptadas de "arbitrarias y caprichosas", el principal argumento expresado por el estado de Texas en la demanda.
El estado demandante también alegó que la decisión tomada por el gobierno de eximir a los niños del Título 42 no tomó en cuenta los intereses de los habitantes del estado sureño.
El dictamen de Pittman se produjo horas después de que un de la Corte de Apelaciones de Washington (Distrito de Columbia) prohibiera al gobierno usar razones de salud púbica para expulsar a migrantes a países donde sus vidas puedan correr peligro.
ACLU demandó la política del Título 42 en febrero del año pasado, dos semanas después de que Biden asumiera el control de la Casa Blanca. Un mes antes, un de jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia había avalado la política de Trump dejando sin efecto un bloqueo temporal emitido en noviembre del 2020 por una corte inferior en otra demanda presentada también por la Unión.
Biden ha batallado para mantener vigente el Título 42 con el objetivo de contener el alto flujo de inmigrantes en la frontera con México, un dolor de cabeza para la Casa Blanca y un problema que los republicanos utilizan para cuestionar la política migratoria del mandatario.
Aplauden sentencia
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), celebró el fallo de la corte de apelaciones y dijo que se trataba de una victoria para las familias migrantes que huyen de sus países y vienen en busca de asilo.
“La decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. es una victoria significativa para las familias migrantes que han afirmado correcta y consistentemente que la ley de esta nación protege a quienes huyen de la persecución, y para todos los que abogamos por el fin de esta cruel política”, dijo Allen Orr, presidente de AILA.
“En su decisión, el hizo dos puntos significativos. Primero, rechazó el uso de la orden de expulsión de salud pública de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para poner a las personas en peligro, y calificó la afirmación del gobierno de que ralentizó la propagación de COVID-19 como ‘cuestionable’.
Orr dijo además que el de jueces “reaccionó a la evidencia presentada por los demandantes de los secuestros, amenazas de muerte y otros daños que ellos y miles de personas más han enfrentado. Su conclusión fue que el gobierno debería dejar de obligar a las familias y los niños a ‘caminar por el tablón’ para volver a sufrir daños”.
“Dados los recursos judiciales que ya se gastaron en defender esta orden indefendible, la istración Biden necesita redirigir su energía para reabrir este país a todos los solicitantes de asilo, independientemente de su raza, idioma o credo, no solo a las familias, que buscan protección en los EE. UU. Let esta será la última vez que los tribunales deben recordarles su obligación bajo la ley”, precisó AILA.
