ACLU demanda al gobierno de Trump por negar asilo a quienes huyen de pandillas y violencia doméstica
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó este martes al gobierno de Estados Unidos por evitar que inmigrantes soliciten asilo huyendo de las pandillas en sus países o de la violencia doméstica en sus familias.
De esta manera, ACLU pretende que la justicia invalide la decisión que el fiscal general, Jeff Sessions, tomó para restringir los criterios para otorgar asilo el pasado 11 de junio.
La demanda fue presentada en nombre de 12 padres y niños a quienes, según la organización de derechos civiles, erróneamente se les negó el asilo por considerar que no tenían razones creíbles para tener miedo de regresar a sus países.
Según la demanda, si la orden de Sessions sigue en vigor, la gente que "busca seguridad desesperadamente será deportada ilegalmente a lugares donde temen ser víctimas de violaciones, secuestros, palizas y asesinatos".
El asilo puede ser otorgado a personas que han sufrido persecución en sus países de origen o podrían sufrir este flagelo si es que son forzados a regresar a sus hogares.
Miles de personas solicitan asilo cada mes en puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera con México, y precisamente la mayoría de ellos son de países centroamericanos azotados por la violencia, pandillas y corrupción.
Altos funcionarios del gobierno de Donald Trump aseguran que algunos inmigrantes se están aprovechando del proceso de asilo porque cuentan con pasar la entrevista preliminar de miedo creíble y que los dejen libres en Estados Unidos mientras esperan su audiencia con el juez de inmigración.
La nueva querella, presentada en Washington, amplía la confrontación legal que ya hay entre la ACLU y el gobierno federal por políticas de inmigración. Un juez federal en San Diego ordenó la reunificación de miles de familias separadas por la aplicación de la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Trump, después de que la ACLU presentó una demanda allí hace unas semanas.
Con la reciente orden de Sessions, el gobierno anuló la decisión de la Junta de Apelaciones Migratorias del 2014 que concedió asilo a una guatemalteca que huyó de su esposo tras aguantar, según la junta, un "repugnante abuso". La junta halló que la mujer cubría los requisitos para asilo porque era miembro de un grupo social especial, en este caso: mujeres casadas en Guatemala que no podían desvincularse de su relación.
Los tribunales y los jueces de inmigración son parte del Departamento de Justicia, y Sessions tiene autoridad sobre la Junta de Apelaciones Migratorias. En este caso, Sessions dijo que la junta se había equivocado.
