“Toda la plata que tenía la puse en ese departamento”: el incierto camino legal para los sobrevivientes de la Champlain Towers South

Recién en diciembre, Ileana Monteagudo se decidió y puso todos sus ahorros, 600,000 dólares, para comprar el apartamento 611 de la Champlain Tower South. Desde el 24 de junio, cuando el complejo se desplomó y ella apenas pudo agarrar su cartera en la carrera por salvarse, siente que vive en una pesadilla de la que no sabe cómo despertar. A sus 64 años, lo perdió todo, quiere recuperarlo pero no tiene idea cómo.

“Es la primera vez que tengo un caso como este. No entiendo nada (...) Es difícil arrancar de cero”, dice al teléfono la cubana, mientras va de regreso al hotel en el que la Cruz Roja le paga temporalmente una habitación con las tres comidas incluidas. “Nos han dado un listado de apartamentos que están a la renta, pero imagínate en mi caso, que toda la plata la puse en ese departamento, empezar a rentar cuando las rentas están tan caras. Es bastante difícil, bien duro”.

Como Monteagudo, otras ocho personas compraron unidades en la torre sur en los últimos siete meses. La última, la 910, se cerró el 17 de junio de 2021 por 710,000 dólares. Y recién el 11 de mayo, David y Bonnie Epstein pagaron 2,880,000 dólares por el penthouse A. Tras el derrumbe, ambos murieron.

Para cuando esas ocho propiedades entraron en el mercado, la asociación ya avanzaba en las reparaciones urgentes que necesitaba la estructura del edificio —lo había hecho desde 2018—, el deck de la piscina y el garaje subterráneo, los realtors vendían balcones con vista al mar, pisos de mármol y espaciosos apartamentos.

Lo que no se veía

Monteagudo asegura que nadie le advirtió sobre ese deterioro estructural del edificio antes de que ella comprara el apartamento. Ella lo resiente: “Nadie me dijo que se estaba cayendo”. Se ha reunido con varios abogados para dar la pelea legal y recuperar lo que perdió, pero hasta ahora, dice, ninguno le convence: “No hay mucha experiencia en Miami con casos como este”.

La realtor Ángela Pedraza vendió otra unidad en el mismo piso que Monteagudo el 1 de abril de 2021. Su clienta, que pagó 735,000 dólares, también está entre los sobrevivientes del colapso de la torre sur. “Yo creo que nadie sabía que el edificio estaba como para caerse”, señala. Sin embargo, reclama que —como a Monteagudo— la asociación no le compartió el reporte con las reparaciones que se harían en el edificio por la recertificación: “Lo pedimos y se hicieron los tontos. No sabíamos el precio”.

A pesar de eso, su cliente decidió comprar la propiedad. Después de eso les informaron que el monto de la cuota especial que había que pagar al condominio por esas refacciones —que ya se calculaban en más de 15 millones de dólares— era de 115,000 dólares. “Nos dolió que nos engañaran”.

Univision Noticias intentó conversar con los realtors y brokers de las ocho propiedades vendidas desde diciembre de 2020 hasta junio para conocer en qué condiciones veían al edificio y si tenían información sobre la historia de inundaciones en el garaje subterráneo o de las filtraciones del deck de la piscina. Algunos no devolvieron las llamadas telefónicas y la mayoría respondió que no estaban compartiendo información con la prensa.

Es incierto si Monteagudo y las decenas de personas —muchas jubiladas— que sobrevivieron a la tragedia podrán recuperar en los tribunales todo el dinero perdido. Ante una situación inédita, como lo fue el derrumbe de buena parte de la estructura de la Champlain Towers South y la posterior implosión de lo que quedó en pie de ella, puede resultar difícil encontrar un responsable. Sobre todo cuando todavía se desconoce qué ocasionó su colapso.

Más de 30 demandas

Una decisión tomada esta semana por el juez de circuito de Miami-Dade Michael Hanzman busca agilizar la venta del terreno que albergaba a la torre de 136 apartamentos, cuyo valor podría alcanzar cerca de 100 millones de dólares, según estimaciones que aparecen en documentos judiciales. Hanzman pidió al síndico designado por la corte para encargarse de las finanzas de la asociación de residentes del edificio, Michael Goldberg, encontrar un comprador para que los sobrevivientes y familiares de las víctimas tengan una indemnización lo más rápido posible, dijo a la Radio Pública Nacional, NPR. Lo recaudado de esa venta se sumará a los cerca de 48 millones de dólares de seguro que tenía el edificio y a los casi 2.4 millones de dólares que algunos residentes habían pagado para las reparaciones truncas de la Champlain por el proceso de recertificación.

Ese mismo juez puso en un proceso acelerado una treintena de demandas presentadas por sobrevivientes y por los hijos, hermanos y otros familiares de los fallecidos a medida que las autoridades los han ido identificando.

Todas tienen un denominador común: la asociación. La acusan de no mantener el edificio en condiciones razonablemente seguras; al citar los informes de Morabito Consultants la señalan de no haber remediado a tiempo el daño estructural —aunque todavía debe ser determinado formalmente si lo había y cuál era su magnitud—, incluyendo las columnas de concreto afectadas; le reclaman no haber corregido los trabajos de impermeabilización “impropios” observados en el estacionamiento subterráneo y en el deck de la piscina, entre otros puntos.

Un puñado de demandas apuntan también a la firma Morabito Consultants y, al menos un par de ellas, van hasta contra 14 entidades, incluyendo el desarrollador del edificio contiguo levantado hace algunos años justo en el límite de Miami Beach: el Eighty-Seven Park. A Morabito se le responsabiliza de haber fallado en comunicar la urgencia de la condición del edificio, el peligro de su colapso y por no haber hecho mayores inspecciones para medir la “degradación” del edificio, entre otras cosas. A Eighty-Seven Park por crear, con su construcción, “inestabilidad severa y significativa” en los cimientos y estructura de la torre, lo que como resultado pudo contribuir, según la demanda, con el colapso del edificio.

¿Qué hacer?

Univision Noticias consultó al abogado Pablo Arriola —especializado en casos de bienes raíces y asociaciones en Florida— para intentar explicar cuán cuesta arriba pueden ser esos desafíos legales y cuán fructífero puede resultar demandar a la asociación que, de acuerdo a una carta de abril de 2021 firmada por su entonces presidenta, Jean Wodnicki, tenía en sus reservas y fondos efectivo por solo 707,003.96 dólares. También para dilucidar qué otras avenidas judiciales tienen quienes, como Monteagudo, todavía no han decidido si demandar o contra quién o quiénes hacerlo.

Monteagudo aseguró que fue “engañada”. En su caso, que compró un apartamento en diciembre de 2020, son varios los puntos que el abogado Arriola explica se deben revisar.

“Cuando uno hace un contrato de compra venta en un condominio, que es el famoso ‘as is’, el que más se usa en el sur de la Florida, hay un documento adicional al contrato que es justamente un ‘condominium raider’, un adjunto al contrato donde el vendedor tiene que informar cuál es el (monto del) mantenimiento actual y tiene que también avisar si es conocido que hay un ‘special assessment’”, detalló.

Aquí comienzan a mezclarse las responsabilidades de ambas partes, la del vendedor y la del comprador, porque un estatuto de la ley del estado exige que se detallen solo los ‘special assessments’ que se están pagando al momento de la transacción. Estos son pagos adicionales que los dueños deben hacer de forma obligatoria para cubrir gastos que van más allá del presupuesto habitual.

“No tienen obligación legal de decir cuál es el ‘special assessment’ futuro, pero sí cuál es el que cobran ahora. Esa responsabilidad es del vendedor. El vendedor tiene que dar la información de lo que le piden, y tiene que dar la información de lo que se está pagando ahora si sabe que va a venir un cargo futuro”, dice el abogado. Eso implica que el comprador también tiene cierta responsabilidad de pedir información detallada al enterarse de que puede venir en camino ese ‘special assessment’.

En casos como el de Monteagudo podrían alegar lo que se conoce como ‘failure to disclose’ si el vendedor sabía que había un ‘special assessment’ en puertas y falló en decir todos los problemas que tenía el edificio.

“Se le puede hacer juicio al vendedor y también se le puede hacer juicio al broker y a los agentes de real estate. Yo a mis clientes cuando compran les pido que exijan un ‘seller disclosure’. Ese es otro documento extra al contrato en donde el vendedor tiene que específicamente contestar una serie de preguntas”, explicó, al precisar que incluyen cuestiones relacionadas con las reparaciones que pueda necesitar el edificio.

Ese documento incluso contempla al final una pregunta para que el vendedor especifique si conoce de algún otro problema que no aparezca en el listado y que el potencial comprador debe tomar en cuenta para su decisión final. Ahora bien, el potencial comprador, explica el abogado, tiene la responsabilidad de pedir esa información y el derecho de retirarse de la mesa de negociación si no se la entregan. Lo pierde si no lo hace valer.

Quienes todavía no han presentado demandas pueden optar por sumarse al grueso de las existentes y pedir cuentas a la asociación de condóminos, explicó el abogado. Ese es un escenario donde se vuelven a entrelazar las responsabilidades porque, como explica Arriola, “la asociación son los dueños, y cuando le meten un juicio a la asociación, si pierde, los que pagan son los dueños”.

En casos como esos habitualmente se evalúa cómo fue la cronología de sucesos, cómo se desarrollaron las reuniones de los de la junta y el resultado de las votaciones realizadas, si las hubo. “Por último, si fueran a juicio y (la junta) perdiera, de dónde va a salir el dinero si la asociación no lo tiene”, precisó Arriola.

En parte por eso, el abogado considera clave que se sepa primero qué o qué factores desataron el colapso del edificio y, con ello, quiénes fueron los responsables.

Determinar qué hizo que la Champlain Towers South se desmoronara en cuestión de segundo la madrugada del 24 de junio puede tomar tiempo. Los sobrevivientes que quedaron sin techo necesitan soluciones y los familiares de las víctimas aunque sea un cierre legal que les ayude a ir sanando sus heridas.

La conmoción en la que han quedado es evidente en la conversación con Monteagudo y con otros dueños de apartamentos y sobrevivientes. En medio del luto, quieren recuperar su patrimonio, pero al mismo tiempo se preguntan quién se lo puede devolver.

Monteagudo asegura que no logra dormir por las noches y que sus párpados están hinchados de tanto llorar. Tiene pesadillas recurrentes y fobia a las escaleras después de que bajó a la carrera las de la Champlain Towers South para no ser aplastada. “Trato de ser fuerte, pero… Son cosas que te marcan para toda la vida”.

Ella asegura que no puede llamar “indemnización” a lo que espera recuperar en una batalla legal: “Yo pagué para adquirir un departamento hasta que Dios me quitara la vida con la edad que tengo. Me engañaron y ahora no tengo dinero para comprarme nada. Me robaron, devuélvanme mi plata. Pero quién me la va a devolver”, se pregunta, como intentando encontrar una respuesta en su cabeza.

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