La educación bilingüe y la financiación de escuelas ganaron en las elecciones y las escuelas charter perdieron
Los electores estadounidenses revivieron en las urnas el martes la educación bilingüe en California, rechazaron la expansión de las escuelas charter en Massachusetts y aprobaron cientos de millones de dólares para financiar la educación primaria, secundaria y superior en sus estados, según los últimos resultados de las elecciones generales.
Estas fueron algunas de las propuestas sobre política educativa sometidas a votación en varios estados del país, que tendrán consecuencias en los sistemas de educación pública estatales y un impacto en los bolsillos de los electores.
En California, casi tres cuartas partes de los electores (73%) aprobó la Propuesta 58, que eliminó la prohibición de los programas bilingües de enseñanza en las escuelas públicas del estado.
Desde 1998 los estudiantes que están aprendiendo inglés en las escuelas de California reciben un año de instrucción intensiva de ese idioma antes de ser transferidos a clases donde sólo se enseña en dicha lengua.
La Propuesta 58 permite a los padres elegir si quieren que sus hijos estudien en un programa bilingüe o pedir que les enseñen solo en inglés.
Esta iniciativa se sustentó en distintos estudios que indican que la educación bilingüe, cuando está bien diseñada e implementada, puede ser al menos igual de buena que los programas tradicionales en inglés.
La guerra por las charter
Massachusetts, por su parte, fue escenario de otra contienda sobre política educativa muy reñida y en la cual los grupos a favor y en contra recaudaron decenas de millones de dólares para defender su opción: la Pregunta 2, que autorizaba la creación de un máximo de 12 nuevas escuelas charter al año en el estado o la expansión de la matrícula en las ya existentes.
La medida fue rechazada por casi dos terceras partes de los electores, 62%, mientras el 38% la apoyó.
Las escuelas charter son escuelas públicas que pueden reclutar estudiantes de un área más extensa que su propio distrito escolar, y tienen más libertad de acción en cuanto a su funcionamiento istrativo y métodos de enseñanza. Por lo tanto pueden ser más innovadoras y responder mejor a las necesidades de sus estudiantes, que las escuelas públicas regulares.
Massachusetts, que presume de uno de los mejores sistemas educativos de EEUU, limita por ley la creación de escuelas charter en el estado -a un máximo de 120 escuelas (hay 80 en la actualidad)- y la cantidad de fondos públicos que se pueden asignar a tales escuelas.
Los opositores a las charter alegaron que este tipo de escuelas les quitan a las públicas tradicionales los recursos que necesitan para funcionar.
Los mayores opositores a la Pregunta 2 fueron los sindicatos, sobre todo los de maestros, mientras que varias organizaciones comunitarias y que abogan por la libre selección de escuelas apoyaron la iniciativa. Los opositores recaudaron unos 11 millones de dólares para combatir la propuesta y los que la apoyaban unos 20 millones de dólares.
En Georgia, los electores rechazaron 60% a 40% la Enmienda 1 a la Constitución estatal, que creaba el ‘Distrito de oportunidad escolar', un ente que se encargaría de istrar las escuelas con peor desempeño del estado, istrarlas junto con un distrito escolar, convertirlas en escuelas charter o cerrarlas. Opositores alegaron que se trataba de una medida para entregar escuelas públicas a empresas privadas.
Otra propuesta aprobada por el 65% de los electores es la Medida 99 de Oregon, que aparta un máximo de 22 millones de dólares anuales provenientes de la lotería estatal para financiar el programa de ‘Escuelas al aire libre’, para que todos los estudiantes de escuela pública o privada, de entre 11 ó 12 años de edad, puedan pasar una semana acampando al aire libre y aprendiendo sobre la flora, fauna, recursos naturales, economía y conservación del estado.
La financiación de la educación salió ganando
La Medida 98, que exige al estado asignar unos 800 dólares al año por estudiante para la creación o expansión de programas contra la deserción escolar, educación vocacional o preparación para la universidad, también fue aprobada por el 65% de los votos contra 34%.
Otra serie de propuestas educativas en las papeletas estatales tenían que ver con la emisión de deuda o aumentos de impuestos para financiar distintos aspectos de los sistemas educativos estatales.
En ese sentido California aprobó la Propuesta 55 por 62% a 38% para que las personas con ingresos anuales mayores de 250,000 dólares paguen más contribuciones sobre ingresos para reemplazar los fondos perdidos durante la recesión destinados a la educación del kinder al duodécimo grado y a los colegios comunitarios de California.
También la Propuesta 51 (54% a 46% ) para autorizar al Gobierno a disponer de 7,000 millones de dólares en bonos públicos para modernizar y construir nuevas escuelas públicas y 2,000 millones para colegios comunitarios.
La educación también se vio beneficiada de la enmienda constitucional aprobada por 53%-47% en Arkansas y que legaliza la marihuana medicinal, pues los impuestos derivados de la venta de yerba serán destinados a escuelas vocacionales, institutos técnicos y entrenamiento laboral para los residentes del estado.
En Nuevo México, los electores aprobaron por 63% a 37% la emisión de bonos por un máximo de 142.3 millones de dólares para invertir en educación superior, escuelas especiales y tribales, y en Rhode Island aprobaron por 59% a 41% otra emisión de deuda por 45.5 millones de dólares para invertirlos en la restauración y construcción de edificios de la Universidad de Rhode Island.
No todos los electores, sin embargo, aceptaron aumentarse los impuestos para financiar la educación.
En Oklahoma, el 59% de los electores se negó a aumentar el impuesto a las ventas en un 1% para invertir 615 millones de dólares en la educación superior, y en Alaska rechazaron emitir bonos para financiar programas de préstamos estudiantiles a bajo interés estaba perdiendo según los datos más recientes
Loe electores de Maine, por su parte, aprobaron la Pregunta 2, que autoriza un impuesto de 3% a los hogares con ingresos mayores a 200,000 dólares anuales para financiar la educación pública entre el kínder y el duodécimo grado.
En una propuesta que no tienen que ver con financiación de la educación, los votantes de Lousiana rechazaron con el 57% de los votos la Enmienda 2 a la Constitución estatal, que autorizaba a las juntas directivas de los sistemas de educación superior a establecer el monto de sus colegiaturas y otras cuotas sin tener que pedir autorización a la Legislatura estatal.
