Los policías, víctimas de la violencia en Venezuela

CARACAS, Venezuela. - Eliécer Rodríguez se equivocó. No ha debido moverse. Y ahora está muerto. Ocurrió el miércoles 20 de julio a las 5:50 de la mañana en el centro de Caracas, según los reportes de prensa. Dos delincuentes ingresaron al autobús en el que se dirigía al trabajo, muy temprano. “¡Todos quietos!”, ordenaron los maleantes. Rodríguez los desafió. “Se levantó de su asiento y caminó hacia atrás”, relatan los periódicos. Acto seguido, se escucharon un par de disparos. Una bala le impactó en el mentón, la otra atravesó su pecho. La historia terminaba.

Ese día le tocó a González, pero J. Ricardo sabe que la víctima ha podido ser él. Es lógico pensarlo. Sus perfiles son similares. Uno tenía 39 años, el otro cuenta 36. Son hombres sencillos, de extracción humilde, que se trasladan al trabajo en un sistema de transporte público que cada vez se hace más inseguro. Además, compartían profesión: los dos son efectivos de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.

“Aquí hay mucha violencia”, advierte J. Ricardo, quien prefiere resguardar su identidad. “Sabes que nosotros somos muy herméticos”, se excusa. Habla frente a su comando, ubicado en Montalbán, en el oeste de la capital venezolana. En la fachada del edificio de dos plantas, resaltan los rostros del Libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez. Una cita del difunto presidente ocupa una de las paredes laterales. “Ya pasaron los tiempos de aquella policía represiva, que actuaba de espaldas al pueblo…”, dice.

Sin embargo, estos tiempos no son mejores. Las denuncias de abusos y corrupción se mantienen. La Fiscalía General de la República, controlada por el chavismo, acaba de reconocer su “preocupación” por las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado. Pero, a su vez, se registra un nuevo fenómeno que se ha hecho cotidiano a sangre y fuego. El aumento del número de policías y militares que caen diariamente a manos del hampa.

“Estamos hablando de más de 1,300 policías asesinados en el país desde enero de 2010 hasta el cierre de 2015”, señala el criminólogo Fermín Mármol García, asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. El abogado considera que la estadística deja en evidencia “el altísimo primitivismo de la sociedad venezolana, donde no se respeta al funcionario policial y la institucionalidad que representa”.

En la mira

Los expertos coindicen en que los ataques contra los policías no son obra de la casualidad. “Por un lado es consecuencia de la inseguridad, que afecta a todos en Venezuela. Asimismo, los delincuentes buscan especialmente a los uniformados para quitarles las armas y motocicletas o por motivos de venganza”, expone Jackeline Sandoval, directora de la ONG Fundación para el Debido Proceso (Fundepro).

Mármol García estima que la impunidad provoca el auge de este tipo de delitos. “Nos acostumbramos a que mueran y no pasa nada”, lamenta. Agrega que, en algunos casos, el asesinato de un policía se convierte en una especie de rito de iniciación o ascenso dentro de las bandas criminales que se extienden por el territorio nacional.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro suele atribuir estos hechos a un plan de la oposición con intenciones desestabilizadoras. El ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, declaró vía Twitter en abril de 2015 tener "pruebas de que los recientes actos en los que han perdido la vida nuestros funcionarios policiales son parte de un plan perverso”. Luego, añadió: “La frustración y la derrota de los lacayos han llevado a la derecha maltrecha a aplicar el psicoterror contra nuestra pueblo ¡No volverán!”.

No obstante, González López jamás ha presentado esas “pruebas” ante la opinión pública y ningún dirigente opositor ha sido acusado formalmente por esos sucesos. Mármol García lamenta que el Ejecutivo politice las muertes de los efectivos y sostiene que pese al “desfile” de ministros y la veintena de estrategias que han desplegado desde 1999, la delincuencia no retrocede.

El Ministerio Público en 2015 contabilizó 17,778 homicidios en el país, equivalentes a 58.1 por cada 100 mil habitantes. La ONG Observatorio Venezolano de Violencia pone en duda la veracidad del dato, pues de acuerdo con sus proyecciones, la tasa alcanzó los 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, para un total de 27,875 muertes violentas. No hay datos oficiales concretos sobre la muerte de policías.

La falta de respuestas a las agresiones contra los policías también ha generado malestar dentro del chavismo. “¿Cuántos funcionarios policiales y civiles deben morir? ¡Hay que tomar policial y militarmente los corredores de la muerte de Caracas!”, exigió en marzo pasado Freddy Bernal, directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que encabezó la comisión presidencial para la reforma policial.

“Es necesario ejercer toda la fuerza y autoridad del Estado ante la ola criminal que no discrimina entre civiles, policías o postura política”, manifestó Bernal, quien a través de su cuenta en Twitter fue tajante: “O ejercemos el peso de la autoridad legítima del Estado o el mismo se diluye ante la violencia criminal desatada en Venezuela”.

Las cifras rojas continúan en ascenso, subraya Mármol García. “En 2013 murieron 295 policías, 338 en 2014 y 351 en 2015. De seguir el ritmo que llevamos en 2016, podemos sobrepasar la barrera de un policía asesinado diariamente en promedio”, observa el profesor que colabora con el Parlamento venezolano.

Atacados y olvidados

Manuel Furelos tiene un serio problema. No solo debe vigilar una de las zonas más peligrosas de América Latina, el barrio de Petare, en el este de Caracas, sino que carece de los hombres suficientes para enfrentar este enorme desafío. “Deberíamos tener unos 2,000 efectivos, pero apenas llegamos a 745”, ite el director general de la Policía del municipio Sucre.

Furelos afirma que esa es la realidad de todos los cuerpos de seguridad en Venezuela, con un déficit de personal que superaría 50%. El panorama se agrava por los bajos sueldos que perciben los uniformados. “Los mejores prefieren irse a la empresa privada, donde pueden cobrar 120,000 bolívares al mes (unos 120 dólares en el mercado negro). Nuestra institución es una de las que mejor paga y yo, que soy el director, cobro 70,000”, apunta.

La Alcaldía de Caracas, istrada por el oficialista Jorge Rodríguez, anunció en enero un aumento para su Policía municipal que llevaba el sueldo mensual de un comisario a 34,215 bolívares. Ya en ese momento, el costo de la canasta básica familiar se calculaba en casi 158,000 bolívares en un país donde, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación remontará hasta 700% al final de 2016.

El colapso del sistema judicial y la laxitud de las normas contribuirían con el incremento de la violencia contra los uniformados. “Aquí debe aplicarse la pena máxima sin ningún tipo de beneficios procesales a las personas que atenten contra un policía, pero eso no es así”, cuestiona Furelos, quien reclama a las autoridades nacionales aprobar leyes y recursos para castigar las faltas leves y corregir las fallas del modelo carcelario.

El jefe policial indica que tampoco cuentan con los equipos necesarios para enfrentar a bandas que empuñan fusiles de guerra y lanzan granadas fragmentarias a sus comandos, como ocurrió el 9 de julio en Guanare, capital del estado Portuguesa en los llanos venezolanos, donde perdió la vida un agente y otras 25 personas resultaron heridas.

Un estudio presentado por el Gobierno en abril de 2015 concluía que 71.43% de los funcionarios asesinados por el hampa no estaban prestando servicio al momento de ser atacados. Casi la mitad (48.1%) no portaba ninguna identificación oficial y 66.1% tampoco vestía el uniforme.

Los porcentajes de la investigación parecen dar la razón a Furelos, quien subraya que “el policía es víctima de la delincuencia como cualquier ciudadano”. Quizás por su condición, resalta, “está más confiado y olvida que debe tomar ciertas precauciones, pero nosotros mantenemos unos cursos de formación constante para que los efectivos estén atentos”.

J. Ricardo confiesa que siempre está alerta. Si no está en su jornada laboral, evita salir a la calle armado o llevar el uniforme. Cumple a rajatabla las recomendaciones que ofrecen sus superiores. “Cuando tenemos que realizar un operativo, al menos debemos ir en grupos de seis”, confía. Y para cubrirse las espaldas, eleva una plegaria al cielo. “Esto está muy duro, aquí siempre hay que ponerse en manos de Dios”.