Cómo el rápido rescate de los estadounidenses en Matamoros contrasta con los más de 100,000 desaparecidos por décadas en México
Cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, las autoridades pusieron en marcha un esfuerzo titánico que llevó a hallar a los sobrevivientes en cuestión de días. Pero la agilidad mostrada para resolver este caso es algo fuera de lo común. De hecho, hay miles de mexicanos desaparecidos, algunos desde hace más de una década, sin que nadie los busque.
Las autoridades mexicanas se apresuraron en culpar al cartel del Golfo de haber tiroteado el viernes el vehículo en el que viajaban los estadounidenses que habían cruzado la frontera para que uno de ellos se sometiera a una operación de cirugía estética.
Cuatro días después los localizaron — dos muertos, uno herido y la mujer aparentemente ilesa— después de una intensa búsqueda en la que participaron militares y de la Guardia Nacional. Los supervivientes fueron escoltados hasta la frontera para que regresaran a su país.
En contraste, más de 112,000 mexicanos siguen desaparecidos en todo el país y en muchos casos, después de años o décadas, solo sus familiares los buscan.
“Estas personas podrían seguir desaparecidas si hubieran sido mexicanas”, afirmó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de la Universidad George Mason.
Es por esto que la velocidad con que se resolvió el caso de los estadounidenses provocó cierto enojo en Tamaulipas, un estado fronterizo dominado durante mucho tiempo por los beligerantes carteles del Golfo y del Noreste, y donde hay más de 12,500 desaparecidos, según cifras del gobierno federal.
Falta personal, equipos y voluntad para resolver miles de casos de desapariciones
Delia Quiroa, de la cercana ciudad de Reynosa, lleva nueve años buscando a su hermano Roberto, que en 2014 fue secuestrado por pistoleros, probablemente, pertenecientes al cartel del Golfo, el mismo grupo al que se atribuye el secuestro de los estadounidenses.
A pesar de realizar sus propias búsquedas y presionar a las autoridades para que investiguen, la familia no sabe nada de su paradero.
“Celebramos y damos gracias a Dios que se encontraron a esos cuatro ciudadanos estadounidenses”, quiso aclarar Quiroa al tiempo que expresó su deseo que el gobierno mexicano buscara a los desaparecidos nacionales con esa fuerza y diligencia.
Por eso, quiso transmitir a las autoridades mexicana su “total indignación, desesperación, angustia, impotencia y tristeza” por la inacción ante tantas desapariciones que sufren las familias del país.
Los equipos de búsqueda voluntarios, como el de Quiroa, a menudo se ven obligados a recorrer los desiertos del norte de México con barras de hierro y palas, en busca de fosas clandestinas donde puedan haber sido arrojados los cuerpos de los familiares.
Aunque en los últimos años ha habido mejoras, las autoridades suelen carecer de personal, equipos y formación -y muchos dicen que de voluntad- para investigar los secuestros; mucho menos para detener o castigar a los responsables.
Tampoco hay capacidad para identificar decenas de miles de cadáveres que se han encontrado.
El hecho de que haya estadounidenses implicados en el secuestro de Matamoros puede ser la razón que garantice que las autoridades mexicanas persigan a los responsables.
Unas dos docenas de sospechosos, la mayoría del cartel de Juárez, han sido detenidos en relación con los asesinatos en 2019 de nueve ciudadanos estadounidenses -mujeres y niños- en el estado fronterizo occidental de Sonora.
Facciones de carteles del narcotráfico disputándose el territorio
No está claro exactamente qué facción del cartel del Golfo pudo organizar el ataque en un estado donde las escisiones de las dos organizaciones criminales más poderosos —la del Golfo y la del Noreste— reciben apodos como 'Los Escorpiones', 'Los Ciclones' y 'Las Tropas del Infierno'.
En Matamoros, según Correa-Cabrera, son básicamente todos vástagos del clan Cárdenas, cuyo jefe, Osiel Cárdenas Guillén, fue detenido en 2003.
Sea el grupo que sea, a todos parece importarles poco los inocentes. En 2021, pistoleros de facciones del cartel del Golfo recorrieron las calles de Reynosa matando al azar a 15 transeúntes solo para intimidar a sus rivales.
El gobierno mexicano afirma que ha funcionado su estrategia de “abrazos, no balazos”, un programa contra la pobreza destinado a reducir el número de reclutas para las bandas. El número de homicidios oficialmente reconocidos cayó de 719 en 2020, a 707 en 2021 y 492 en 2022.
Eso sin contar a los desaparecidos.
Pero la situación no está tan mal como en los oscuros días de 2010 y 2011 en Tamaulipas, cuando los carteles de la droga masacraron a 72 migrantes, se llevaron a pasajeros de los autobuses y mataron a cientos que se negaron a luchar a muerte entre ellos con mazos.
Correa-Cabrera dijo que la disminución de los homicidios y la criminalidad en Matamoros en los últimos años puede haberse debido a que el clan Cárdenas reafirmó el control.
“Era muy claro que había ya un control a través de la familia Cárdenas del territorio y había una paz, una especie de pacto mafioso” en la ciudad, agregó la académica. Hasta que el escenario comenzó a cambiar.
“A principios de este año empiezo a recibir reportes de que el mismo grupo que controlaba la plaza como que empieza a tener comportamientos mucho más de extorsión”, añadió la investigadora que trabajó en la Universidad de Texas-Brownsville, justo al otro lado del Río Grande de Matamoros.
Las críticas también llegan desde Estados Unidos
Los más recientes acontecimientos han inquietado a las autoridades estadounidenses, que buscan actuar con cautela ante la tendencia nacionalista de la istración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Estados Unidos depende del gobierno mexicano para ayudar a controlar el flujo de migrantes procedentes de Sudamérica y Centroamérica, pero también observa impotente cómo el fentanilo fabricado en México fluye a través de la frontera, causando alrededor de 70,000 muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año.
En una crítica poco habitual, el embajador estadounidense Ken Salazar escribió el martes en su cuenta de Twitter: “Nos preocupa particularmente el control que ejerce el cartel del Golfo en una zona conocida como la frontera chica”, que se encuentra cerca de Matamoros.
Es probable que el gobierno mexicano se sienta presionado para, al menos, investigar a los implicados en el caso de los estadounidenses.
Además, los senadores republicanos Roger Marshall y Rick Scott introdujeron en el Congreso dos propuestas para autorizar la actuación del Ejército de Estados Unidos en contra de los carteles mexicanos.
Rápidamente, el presidente López Obrador les respondió: “Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas de Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos”, dijo López Obrador.
Andrew Rudman, director del Instituto México del Wilson Center, apunta que la violencia de los carteles es anterior al gobierno de López Obrador, "pero la política de ‘abrazos, no balazos’ no está dando los resultados prometidos, como lo demuestra el aumento de la violencia”.
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