La lucha para que se pague sueldo en días de enfermedad se enciende en Texas

Una mujer que quiso abortar, pero no pudo conseguir tres días libres para poder hacerlo de forma segura. Un obrero de la construcción cuyo bebé tenía fiebre y convulsiones, pero que tuvo que regresar a su sitio laboral antes de que el niño volviera del hospital. Una víctima de abuso doméstico sostenido que necesitaba recibir asesorías legales durante su horario laboral, pero temía perder parte de su salario.

Todas estas son historias de trabajadores en Austin, capital de Texas, que se habrían beneficiado de una nueva política aprobada recientemente. Después de cinco horas de emotivos testimonios la noche del último jueves, el Concejo Municipal votó 9-2 a favor de un proyecto de ley que hará de Austin la primera ciudad en Texas –y del sur de Estados Unidos– que ampara las licencias remuneradas por enfermedad. A partir de octubre de 2018, unos 87,000 trabajadores allí empezarán a acumular una hora pagada libre por cada 30 trabajadas.

Hoy día, 40 millones de trabajadores en todo el país no reciben remuneración alguna durante el tiempo en que visitan hospitales o padecen alguna enfermedad. Estados Unidos, de hecho, es uno de los pocos países que no cuenta con una política general de esta índole (la excepción es la orden ejecutiva de la era Obama que se focalizaba en los trabajadores federales). Para llenar estos vacíos en la gestión federal, las ciudades han comenzado a implementar medidas locales, promulgadas primero en San Francisco en 2006 y, desde entonces, expandiéndose a metrópolis como Washington DC, Nueva York y Seattle. Pero estas mismas medidas, por otra parte, han sido menos exitosas en otros sitios: después de que Milwaukee aprobara su propia ley en 2008, el gobernador de Wisconsin firmó una ley estatal anulando los permisos por enfermedad pagados. Lo peor es que la ley de Austin podría enfrentar un destino semejante.

Ahora bien, la política aprobada en la capital de Texas no solo no tiene precedentes en su región, sino que es más sólida que las de otras ciudades: a diferencia de Washington DC, cuyo mandato incluye excepciones para industrias particulares (como los camareros en los restaurantes), la de Austin cubre todo el sector privado. La urbe exigirá que todos los empleadores privados con más de 15 empleados les permitan a estos acumular hasta 64 horas, u 8 días, de permisos pagados por enfermedad. Por otro lado, los negocios pequeños, con 15 o menos empleados, deberán otorgar hasta 48 horas; y los micronegocios, con 5 empleados o menos, también tendrán que proveer hasta 48 horas por el mismo concepto, aunque solo después de octubre de 2020. Los 'días por enfermedad', bajo esta política, incluirán además los 'días por seguridad', para aquellas familias lidiando con las repercusiones de salud y legales de la violencia doméstica.

El proyecto de ley fue notablemente defendido por el concejal de Austin Greg Casar, así como por organizaciones que luchan en favor de los derechos de inmigrantes y trabajadores, tales como Workers Defense Project, radicada en la propia ciudad. “Nos percatamos de que muchas personas, cuando se enfermaban, tenían que tomar una decisión difícil”, indicó Jose P. Garza, director ejecutivo del proyecto antes mencionado . “Entre aceptar un recorte salarial e ir al trabajo enfermo o enviar a los niños a la escuela sintiéndose mal”. Muy a menudo, esa carga recae en la vasta comunidad latina de la ciudad. “La mayoría de los latinos no tienen a esos permisos”, recalcó Casar. “Esta política cambiará las vidas de la mayoría de las familias trabajadoras de esa comunidad”.

Con todo, la victoria podría ser parcial. Los representantes del estado podrían revertir esta política, ejerciendo su poder prioritario y ya hay representantes republicanos que lo han prometido. “Cumpliré mi promesa de presentar una legislación el primer día en que pueda alterar el curso de esta y las demás políticas liberales que Austin ha aprobado”, sostuvo en el Texas Tribune el representante Paul Workman. Entretanto, la también representante Donna Campbell echó mano a Twitter para decir que lucharía contra “la intrusión de Austin en el sector privado”. Asimismo, las más polémicas han resultado ser las restricciones –o aperturas– en los negocios más pequeños: el concejal Jimmy Flannigan propuso eximir por completo a las microempresas, y en último caso firmar la versión que retrasa la aplicación de la ley hasta 2020.

Estas posturas tienen respaldo en algunos empresarios locales. Un grupo de 137 dueños de pequeños negocios en Austin suscribió una demanda contra el proyecto de ley, argumentando que estaban “no en contra de los trabajadores, pero sí de la política”. La legislación es parte de una guerra que tiene por objeto acabar con la pequeña empresa, aseguran, redactada y aprobada sin la menor de las intervenciones por parte de los negocios. Sin embargo, a menos que interfiera el estado, deberán acatar la regla y, si no cumplen lo establecido, serán multadas con 500 dólares cada vez que se viole la ley.

Por su parte, Casar cree que las potenciales ramificaciones políticas podrían frustrar a los disidentes. La legislatura estatal no se reúne de nuevo hasta enero de 2019, meses después de que se promulgue la política de la ciudad. “Si los legisladores estatales quieren revertir las medidas de Austin, tendrán que mirar a la cara a sus electores y explicarles por qué tratan de abolir la política en cuestión”, expresó.

Las grandes corporaciones también podrían encontrar razones para no luchar contra la ley. Jessica Milli, analista del Instituto para la Investigación de la Mujer, dijo al Texas Observer , “que la política ahorrará a los empleadores cerca de 4.5 millones de dólares, por concepto tanto de una menor cantidad de reemplazos como del hecho de que más empleados utilizarán apenas unos días de permiso al año”.

La medida de Austin es el más reciente de una serie de esfuerzos por los derechos de los latinos y los trabajadores en la urbe.

La colaboración de Casar con el Workers Defense Projects (Proyecto de Defensa de los Trabajadores) se inició cuando el mismo Casar era organizador en una comunidad, luchando por vindicar el derecho de los obreros de la construcción al descanso para beber agua. “Los trabajadores en nuestra ciudad estaban enfermándose o incluso muriendo en el trabajo”, explica. Aquí, los obreros deben trabajar los habituales 100 grados Fahrenheit en Texas, señaló Casar. En 2010, gracias a sus esfuerzos y a los de otras entidades ambientales y proinmigrantes sin fines de lucro, Austin aprobó una ley sobre el tiempo de descanso. Y en 2015, tras un arduo batallar se pudo incrementar el salario mínimo en la ciudad, que pasó de 11.39 dólares por hora a 13.03 dólares por hora. Y, cuando Texas aprobó la ley SB4, una severa ley anticiudades sanctuario, fueron estos mismos grupos los que demandaron al estado para impugnarla.

“No sorprende que el mismo tipo de coalición de funcionarios electos que fomentara la lucha contra el SB4 haya hecho suyo este problema”, aseveró Sarah Johnson, directora de Local Progress. “Los trabajadores y los inmigrantes son cruciales en la fundación de las ciudades. El trabajo realizado en torno al SB4 ha creado una fuerte coalición que ha se movido de la defensa al ataque”.

La defensa agresiva y la ofensiva son aspectos necesarios en estados sureños como Texas, donde los políticos están intentando blindar a sus ciudades más liberales para que no sucumban ante legislaciones progresistas: han reforzado prohibiciones de arriba abajo o utilizado la amenaza de futuros vetos para producir cierto efecto intimidatorio.

Casar sostiene que esta vez la amenaza de la prerrogativa estatal no fue un impedimento. “Si no aprobamos políticas progresistas porque sentimos miedo de que la legislatura las eche abajo, entonces somos esencialmente cómplices de la política en contra de los trabajadores que sale del Congreso”, recordó Casar. “Lo correcto es plantarse firme, aprobar políticas que protejan a los trabajadores y luego luchar contra la legislatura para mantenerlas”.

La aprobación de una política para permisos por enfermedad pagados como esta se hizo más urgente por las políticas estatales que ya limitaban los derechos de trabajadores y mujeres, destacó Casar. Texas impide que las ciudades aprueben un salario mínimo mayor que el límite federal de 7.25 dólares la hora. Tampoco permite diseñar ciudades partiendo de alguna de las formas de zonificación inclusiva, ni introducir el control de la renta, ni implementar una asequible asociación de viviendas. Y, al ser un estado que ha severamente limitado el al aborto, las texanas necesitan más tiempo libre que las residentes en otros lugares para dar seguimiento a esa riesgosa decisión.

“Para preservar las familias trabajadoras en nuestra ciudad, uno se enfrenta a restricciones de la legislatura estatal respecto a subir los salarios, por ejemplo, y disponemos de muchas menos herramientas para bajar el precio de las rentas”, reiteró. “Los permisos por enfermedad pagados son un derecho de los trabajadores que, al menos bajo la legalidad texana, no están vedados”.

Si bien Austin fue la primera urbe en rebelarse con éxito, no es la única ciudad progresista en el enorme estado rojo de Texas, refiere Casar. “Las ciudades de Texas -debido a manipulaciones, privación de votos y carencia de una reforma migratoria- están notablemente subrepresentadas en los gobiernos tanto federal como estatal”, indicó. Pero muchas de estas urbes fueron hechas y se mantienen gracias al aporte de personas de todas las etnias y orígenes. “A nivel local, no solo podemos resistir las políticas antiinmigrantes, sino que debemos ser un bastión de igualdad social y defensa de los derechos laborales”.

En Dallas ya hay legisladores planificando su legislación paralela. “Veo venir una medida similar en Dallas, que vendrá tanto del Concejo Municipal como de los grupos defensores de los derechos laborales”, dijo el concejal Philip Kingston al Dallas Observer.

Lo cierto es que ambas metrópolis cuentan con poblaciones que rondan el millón de habitantes, por lo que son mayores, incluso, que algunos estados de la Unión. Extender allí, de forma eficaz, los derechos de los trabajadores pudiera incitar a acciones de esta naturaleza en todo el país, se aventuró a decir Johnson, de Local Progress, siempre que las prerrogativas del estado no lo impidan.

“Por bastante tiempo, los funcionarios electos en Texas se han centrado en las cosas que nos dividen”, acotó Garza. “Pero este es un tema que nos une y pienso que la gente está deseosa de seguir adelante”.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com