Las dudas del algoritmo que define fianzas en Baltimore

Clarence Barnham es un tranquilo hombre de 53 años de edad con una voz sibilante y brillante, y ojos centelleantes. Ha luchado contra la adicción a las drogas y las enfermedades mentales durante más de una década y tiene un largo historial de arrestos debido a eso. Casi todas sus catorce condenas han sido por cargos de narcotráfico, pero nunca ha sido acusado de un delito violento y sólo faltó a su comparecencia en corte una vez.

No es el tipo de antecedentes penales lo que parecería indicar que Barnham, quien ha vivido en West Baltimore toda su vida, sería un riesgo para la seguridad pública o que podría fugarse. Pero, después de un arresto en agosto por posesión y distribución de heroína (acusaciones que él disputa), estuvo tres meses en la cárcel, sin posibilidad de poder pagar su fianza de 25,000 dólares. En octubre, después de haber encontrado un programa interno de rehabilitación de drogas mediante su defensor público, a Barnham se le concedió otra revisión de su libertad bajo fianza. En la nueva audiencia, tanto el defensor público de Barnham como el fiscal acordaron que debería ser liberado sin fianza, citando el programa de rehabilitación, el empleo estable y la red de apoyo de la familia. Pero el funcionario judicial que llevaba su caso insistió en la libertad bajo fianza de 5,000 dólares, revirtiendo la postura de su propia agencia en la primera audiencia e incluso interrumpiendo una vez que el fiscal había hablado para insistir sobre la fianza.

¿Por qué la agencia de servicios judiciales — que supuestamente es una parte neutral que proporciona información de antecedentes sobre los acusados a los jueces— quiso ser más estricta con un acusado que el fiscal? Parte de la respuesta podría estar en la puntuación secreta de riesgo previa que la agencia generó para Barnham.

La Agencia de Servicios Judiciales de Baltimore (‘pretrial services’, como se llama en inglés), al igual que muchos organismos a nivel nacional, utiliza una herramienta computacional que , en base a probabilidades estadísticas de no comparecencia a juicio o de nuevas detenciones, asigna puntaciones y evalúa el riesgo de los acusados en el sistema. Se supone que estas puntuaciones ayudan a los agentes de servicios previos al juicio a recomendar las decisiones sobre fianza a los jueces basados en criterios objetivos normalizados. Pero nadie involucrado en el caso, incluyendo el acusado y su abogado, llega a ver o siquiera escuchar su puntuación y mucho menos el impacto que tiene sobre su recomendación de fianza.

El uso de herramientas de evaluación de riesgos se ha extendido rápidamente a muchas partes diferentes del sistema de justicia penal, desde la libertad bajo fianza hasta la libertad condicional, en jurisdicciones de todo el país. Menos de un 10 % de las jurisdicciones de Estados Unidos utilizan las evaluaciones de riesgo previas actualmente, pero el apoyo a su introducción está aumentando en ciudades y estados de todo el país, financiado por las fundaciones interesadas en encontrar maneras de liberar más acusados de ‘bajo riesgo’ y reducir los miles de millones de dólares empleados en mantenerlos en prisión.

Pero en Baltimore, incluso algunos abogados no están conscientes de la utilización de esta herramienta en el proceso de recomendación de libertad bajo fianza. Poco se sabe acerca de los factores seleccionados para calcular el riesgo y los posibles impactos desiguales que estos cálculos pueden tener sobre las recomendaciones para la libertad bajo fianza para los acusados de comunidades altamente vigiladas. La transparencia sobre cómo se interpretan estas puntuaciones de riesgo —y cómo los jueces sopesan las recomendaciones basadas en ellas— es especialmente importante, conforme aumentan los llamados para reformar la libertad bajo fianza mediante la expansión de estas herramientas en Maryland.

Un algoritmo para medir el riesgo de las personas

La Agencia de Servicios Judiciales de Baltimore rechazó múltiples solicitudes de entrevista de CityLab para discutir las evaluaciones de riesgo. Pero una fuente ajena a la agencia le proporcionó a CityLab una copia de una evaluación de riesgo, arrojando luz sobre cómo está diseñada la herramienta de evaluación de riesgo de Baltimore. Gerard Shields, un oficial de información pública para el estado de Maryland, confirmó la validez de esta copia al emitir un modelo en blanco de evaluación de riesgo con las mismas categorías en respuesta a una solicitud de registros públicos.

En el formulario anterior, el acusado fue arrestado por un delito no violento de drogas, posesión de una sustancia controlada con la intención de distribuir, como Barnham. A diferencia de Barnham, el acusado siempre ha comparecido ante el tribunal. Pero otros factores se combinaron para darle a esta persona un total de diez puntos: numerosos arrestos previos, edad precoz del primer arresto, acusación actual por drogas y supuesto uso de drogas. Todo eso se combina para un nivel recomendado de riesgo ‘alto’.

A juzgar por estas medidas, Barnham probablemente habría conseguido al menos 14 puntos. Podría haber pasado a ‘moderado’ a causa de factores atenuantes tales como su edad, un empleo estable, y el apoyo de la familia. Pero una decisión de este tipo, a diferencia de los incrementos provocados por las drogas, quedaría a la discreción de un agente de servicios previos al juicio. Este criterio puede haber jugado un papel en la recomendación de fianza de 5,000 dólares que Barnham recibió de servicios judiciales en su segunda audiencia.

Varios de los criterios que la herramienta sopesa — como la edad del primer arresto y el número de arrestos— implican que aquellos como Barnham que viven en gran pobreza y en áreas de escasa población blanca tienen más posibilidades de ser considerados de alto riesgo por la agencia de servicios judiciales a causa del mayor, y a menudo discriminatorio, o con las fuerzas del orden. Estas evaluaciones podrían reflejar con precisión datos históricos que muestran que los residentes de los vecindarios negros altamente vigilados en Baltimore tienen más probabilidades de ser detenidos antes del juicio o no comparecer ante la corte. La pregunta clave es: ¿cómo se utiliza esta información?

Los defensores de las evaluaciones de riesgos dicen que, además de separar a los acusados de bajo riesgo, estas herramientas pueden utilizarse para delinear qué apoyos sociales, tales como rehabilitación de drogadictos y recordatorios de fecha de juicio, algunos acusados de alto riesgo necesitan e identificar cuáles de ellos deben ser detenidos por la seguridad pública. Los críticos sostienen que el uso previsto de la herramienta es irrelevante si los agentes de servicios judiciales no tienen recursos o requisitos para apoyar a los acusados, y en su lugar están utilizando clasificaciones de riesgo para promover rigurosas fianzas contra los acusados de vecindarios pobres fuertemente vigilados por la policía.

Todd Oppenheim, el defensor público de Clarence Barnham, dice que en su experiencia los agentes de servicios judiciales principalmente relacionan las puntuaciones de alto riesgo con personas peligrosas que necesitan que se les den altas fianzas para mantenerlas en la cárcel. "Los de servicios judiciales nunca encuentran estos servicios como a veces hacemos nosotros para nuestros clientes", dice Oppenheim. "A veces, cuando la persona de servicios judiciales se demora, le hago un comentario sarcástico al juez, 'sabemos que van a pedir un aumento de la fianza, así que ¿por qué no proseguimos y presentamos nuestras alegaciones ya?'".

Zina Makar, co-directora de la Clínica de Justicia Previa al Juicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, también argumenta que la continua práctica de las cortes de establecer importes inalcanzables de la libertad bajo fianza para acusados pobres sugiere que la herramienta no es un medio eficaz para presionar a la liberación de los acusados basándose en el riesgo de fuga o para la seguridad pública. "No hay una relación racional entre la capacidad de una persona para lograr la libertad bajo fianza y su nivel de amenaza a la seguridad pública", dice Makar. "Si se sigue dependiendo del dinero de la fianza, sin tener en cuenta la capacidad de pago del acusado, cualquier beneficio que una herramienta de evaluación de riesgos pueda tener, no se podrá optimizar si se opera en un sistema arbitrario".

Si tales experiencias no son anómalas, las recomendaciones de servicios judiciales, sobre la base de estas puntuaciones de riesgo, podrían reforzar la desigualdad racial ya presente en el sistema de libertad bajo fianza de Baltimore.

Por ejemplo , los residentes negros de Baltimore parecen ser mucho más propensos a recibir puntuaciones de alto riesgo bajo este algoritmo de evaluación del riesgo, el cual tiene en cuenta el número de arrestos (no las condenas), edad temprana de arresto, y arrestos por drogas. Según datos de arrestos de la ciudad desde enero de 2013 a diciembre de 2016, los residentes negros representaron un 81.5% de todos los arrestos (107,319 de 131,543 arrestos), a pesar de que representan un 63.7% de la población según estimados del censo. De los arrestos de personas negras en este período, un 36.2% fueron de personas de 25 años o menos. De los arrestos de personas blancas en este período, un 21.3% fueron de personas de 25 años o menos. Según los datos de arrestos por drogas de la ciudad de enero de 2013 a noviembre de 2016, los residentes negros representaron un 84.6% de los arrestos por sustancia peligrosa controlada y narcóticos.

Los datos geográficos de los arrestos por drogas de Baltimore muestran cómo la vigilancia contra las drogas se concentra en los vecindarios de mayoría negra. De enero de 2013 a octubre de 2016, un 80.1% de todos los arrestos por drogas ocurrieron en secciones censales de mayoría negra, como puede verse en el siguiente mapa de lapso de tiempo. Desplácese sobre las secciones censales para ver determinados desgloses raciales:

En el mapa se ven los arrestos por drogas en los últimos tres años. En color azul, las personas de raza negra y en amarillo, los que corresponden a latinos.

Cómo se imaginó la herramienta

No está claro durante cuánto tiempo la Agencia de Servicios Judiciales de Baltimore ha utilizado las evaluaciones de riesgos, pero la versión más reciente fue formulada en 2010, según James Austin, presidente del Instituto JFA con sede en Washington, DC, que trabaja con los gobiernos para evaluar las prácticas de justicia penal. Austin fue un co-creador de la actual evaluación de riesgos previo al juicio de Baltimore. Afirma que la herramienta, en teoría, se supone que ayude, no castigue, a los residentes vulnerables, mediante la identificación de quiénes tendrán más dificultades para presentarse en la corte y permanecer fuera de la cárcel.

"Previo al juicio casi todos tienen una evaluación de riesgo lo suficientemente buena como para ser liberados porque las posibilidades de que el acusado no comparezca o sea arrestado están sólo en el rango de un 10% a un 20%", afirma Austin, quien sostiene que semejantes herramientas mejoran la precisión de los procesos subjetivos de toma de decisiones de los tribunales utilizando datos históricos para identificar a aquellos más propensos a no comparecer o a ser arrestados nuevamente. "No puedo hablar por los jueces en Baltimore, pero debería utilizarse para liberar a personas de bajo riesgo bajo palabra y crear condiciones de supervisión para las personas de alto riesgo".

Pero el historial sugiere que estas recomendaciones de fianza basadas en riesgo no parecen estar alentando a los jueces de Baltimore a liberar un porcentaje considerable de acusados ya sea bajo palabra o con apoyos y supervisión sociales, como Austin pretendía.

Un estudio de 2012 del Instituto de Política de Justicia, un grupo de estudio con sede en Washington DC que se enfoca en la reducción de las tasas de encarcelamiento, reveló que a un 57% de la población carcelaria de la ciudad de Baltimore no se le había ofrecido ninguna fianza por uno o más cargos. Y un nuevo estudio de la Oficina del Defensor Público de Maryland concluye que las decisiones de fianza afectan desproporcionadamente a los acusados de raza negra financieramente: de 2011 a 2015, dos de los códigos postales más pobres de Baltimore, de mayoría negra (Park Heights y Sandtown-Winchester) representaron un 20% de los 113 millones de dólares pagados por concepto de primas a fiadores judiciales de la ciudad de Baltimore (Eboni Pearson, analista del Tribunal de Circuito de la ciudad de Baltimore, no respondió a las solicitudes de CityLab de más datos actualizados sobre el porcentaje de los acusados a quienes se les ha otorgado la libertad bajo fianza, no se les ha otorgado la fianza o han sido puestos en libertad sin fianza).

El aparente fracaso de las evaluaciones de riesgo previas al juicio de Baltimore en transformar las prácticas de libertad bajo fianza de la ciudad no se le puede adjudicar solamente a la agencia de servicios previos al juicio, dado el papel de jueces y fiscales en las audiencias de libertad bajo fianza. Pero los defensores públicos sostienen que la agencia de servicios judiciales previos a menudo se ve limitada por factores institucionales e ideológicos que obstruyen su capacidad para utilizar las evaluaciones de riesgo para presionar por la liberación y el apoyo de más acusados. "Su principal miedo es al peligro del peor de los casos, y tienen muy poca orientación más allá de lo que dice la puntuación "de alto riesgo", dice Oppenheim. "Pero también, estos agentes están encasillados en un sistema donde no tienen opciones. Necesitan trabajadores sociales, expertos en tratamiento contra las drogas y expertos en salud mental en sus oficinas".

Makar encuentra a menudo servicios para sus clientes además de su trabajo jurídico. "En un mundo ideal, los de servicios judiciales previos son los que deberían conectar a la gente con estos servicios de libertad provisional", dice ella.

Un complejo método

Las categorías de evaluación de riesgo del Baltimore plantean otras preguntas acerca de los derechos de los acusados. Por ejemplo, ¿ cómo puede un agente de servicios previos determinar y marcar a un individuo por uso activo de crack, cocaína o heroína? A menos que el informe del arresto del individuo muestre evidencia del uso de drogas cerca del momento del arresto, la información se debe obtener en una entrevista en la cárcel sin un abogado presente.

La agencia de servicios judiciales previos de Baltimore se negó a discutir sus prácticas de evaluación de riesgos, pero acusados que salieron recientemente de la cárcel describieron cómo fueron interrogados por agentes. Jeffrey Thomas, quien actualmente enfrenta acusaciones de agresión, afirma que los agentes de servicio previo le hicieron preguntas tendenciosas acerca de su uso de drogas y no le informaron que dicha información podría utilizarse para una evaluación del riesgo. "Me preguntaron, ‘¿qué drogas te gustan?', así que les dije cuál era mi droga preferida", dice Thomas, quien afirma que actualmente está luchando contra una adicción a la heroína. Dice que pensaba que eran preguntas para darle oportunidades de rehabilitación. "No me informaron de esa puntuación. En cualquier momento que alguien te pregunta algo que afecta tu caso, debes poder hablar con un abogado primero".

En su entrevista con servicios previos, Clarence Barnham también informa que la agencia de servicios judiciales previos no le dijo que sus respuestas sobre su residencia y el uso de drogas podrían ser utilizadas en un algoritmo de evaluación de riesgo, una herramienta de la que nunca había oído hablar hasta nuestra entrevista. "Me preguntaron cuánto tiempo había estado usando drogas", dice Barnham. "Yo les dije que había estado usando heroína durante unos 20 años. Ésa fue la última pregunta... Yo no hubiera hablado con ellos si hubiera sabido lo que usted acaba de decir".

Austin sugiere que estas líneas de interrogación son importantes para garantizar la precisión de los datos de la puntuación de riesgo, suponiendo que a los individuos se les ha dicho que están siendo analizados para determinar el riesgo. "Normalmente, si se quiere obtener una buena respuesta, se podría preguntar, '¿Qué drogas estaba usando en el momento del arresto?'", afirma Austin. "Si usted les pregunta a las personas, '¿Están usando drogas?', algunas personas se niegan a itirlo, aunque estén usando drogas. El objetivo es intentar que sean tan honestas como sea posible porque quienes responden sí a esa pregunta tienen mayores tasas de no comparecencia y más posibilidades de ser arrestadas nuevamente".

Los acusados pueden negar siempre el derecho a contestar preguntas, agrega Austin, pero tanto Barnham como Thomas dicen que no se les informó de ese derecho, y defensores públicos señalan que dicha negación no se vería bien en la corte. "Si alguien tiene un cliente que no desea hablar, la persona de servicios previos al juicio lo anuncia en la corte", dice Natalie Finegar, Defensora Pública Adjunta del Distrito. "Se le considera una gran señal de alerta".

Es difícil discernir si estas supuestas prácticas interrogatorias violaron el protocolo departamental, pero están en el centro de la polémica sobre las herramientas de riesgo previas al juicio, lo cual básicamente se reduce a cómo se selecciona y usa la información de evaluación de riesgos. "No tenemos estos cálculos de evaluación de riesgo porque la agencia de servicios previos al juicio se ha negado a proporcionarlos", dice Finegar. "¿Cómo podemos explicarles a nuestros clientes si no podemos ponerlos en el contexto de lo que está formando específicamente la base de la recomendación de decisión?".

Makar coincide con este punto. "No se discute abiertamente", dice ella. "Si se utilizan herramientas, necesitamos asegurarnos de que el proceso sea transparente, de modo que el abogado sepa por qué la herramienta produce esos resultados, en qué contexto se refiere al delito en cuestión, y cuánto peso le da el tribunal".

Mientras la relación entre las puntuaciones de riesgo, las recomendaciones de fianza y las decisiones sobre fianza sigan siendo opacas, es difícil afirmar definitivamente si la implementación de la herramienta de evaluación de riesgo de Baltimore está ayudando a los acusados a salir o está justificando el encarcelamiento de muchos más. La poca evidencia disponible sobre las capacidades institucionales de la agencia de servicios previos al juicio y el historial de fianzas de los tribunales sugieren que a menudo se pasa por alto la ruta de la no encarcelación.

La ruta escogida puede tener grandes consecuencias. Gracias a la decisión tomada por un juez en octubre de ignorar la recomendación de la agencia de servicios previos al juicio, y liberarlo sin fianza, Barnham está ahora fuera de la cárcel y en un programa de rehabilitación de drogas en una instalación del Hospital Johns Hopkins. También está recibiendo tratamiento para una enfermedad mental de la que, sin saberlo, había estado sufriendo durante años.

"Solía quedarme despierto cuatro o cinco días seguidos, sin dormir, preocupado. Oigo voces, creo que la gente está hablando de mí", dice Barnham, quien ha estado en el programa durante más de un mes. "Doce años de uso de drogas. Así que Dios me puso aquí".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.