Así es la rebelión antisantuario que está tomando forma en algunos puntos de California

Después de que en octubre de 2017 California oficializara su estatus como 'estado santuario', el gobernador Jerry Brown y el procurador general estatal Xavier Becerra recibieron una rápida respuesta de Jeff Sessions. El secretario de Justicia del gobierno de Trump inició una demanda contra esta medida.

Sessions alegó que tres de las nuevas leyes del estado (entre ellas el Proyecto N°54 del Senado) sobrepasaron sus derechos estatales y violaron la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense. Pero, mientras las autoridades de California esperan su turno en los tribunales, se está montando una nueva resistencia desde adentro del estado.

En marzo la pequeña ciudad de Los Alamitos, parte del área metropolitana de Los Ángeles, fue la primera en anunciar que priorizaría su compromiso con la ley federal y cooperaría con los agentes de inmigración. Para esto, la ciudad creó una ordenanza que les permitirá optar por no seguir las leyes estatales de santuario. Impulsadas por el ejemplo de Los Alamitos, otras ciudades en los condados de Orange y San Diego están redactando sus propias ordenanzas. Son el reflejo conservador de la ola de las liberales ciudades santuario como West Palm Beach, en Florida, y el condado de Dallas, en Texas, las cuales han luchado en contra de la aplicación estricta de leyes migratorias en sus estados conservadores.

Troy Edgar, alcalde de Los Alamitos, explicó el razonamiento detrás de la votación de la ciudad: “La manera en que las leyes de santuario son aprobadas es que entran en conflicto con la Constitución de EEUU, y específicamente con nuestros juramentos al cargo de defender y apoyar a la constitución”, dijo. La ordenanza de Edgar exime a la ciudad de la ley SB 54 de California. En marzo de este año, el concejo municipal de Los Alamitos votó por aprobar esta ley por un recuento de 4 a 1. Sin embargo, Jerry Brown, gobernador de California, insiste que “este proyecto de ley no previene ni les prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni al Departamento de Seguridad Nacional de hacer su propio trabajo de ninguna manera”, simplemente limita el nivel de cooperación que el estado tiene que proveer, particularmente con las deportaciones de los inmigrantes que no enfrentan cargos criminales.

Con una población de un 71% de blancos, Los Alamitos es un suburbio del Sur de California que se inclina un poco más hacia una orientación política conservadora que las otras ciudades en este estado sumamente azul: un 44% de los votantes allá votaron por Trump en 2016, mientras que un 46% votó por Clinton. “La mitad de nuestra ciudad es una base militar estadounidense y tenemos muchas personas que son veteranos jubilados o personal militar actualmente prestando servicio que están entre nosotros”, dijo Edgar. “Nuestros residentes están quejándose constantemente de la extralimitación por parte del estado” (por supuesto, no todos los residentes de Los Alamitos están a favor de la legislación. En la reunión del concejo municipal en donde Edgar propuso la ordenanza, un antiguo vecino le dijo al LA Times que era “un cambio políticamente cargado que no refleja a todos los residentes de Los Alamitos”).

Dado que es una California Charter City (ciudad organizada bajo su propia acta constitutiva en lugar de estar organizada bajo las leyes generales del estado), Los Alamitos puede aprobar leyes locales que aclaran la ley estatal, lo cual le da más autoridad para eximirse de políticas estatales que sus votantes protestan. No todas las ciudades pequeñas pueden actuar de manera tan agresiva, pero en los días después de que Edgar anunció su legislación, dijo que había recibido llamadas de partes interesadas de todo el Estado Dorado. Travis Allen —miembro del concejo de Huntington Beach— dijo que los planes de su ciudad de optar por no seguir la ley santuario de California se estaban cultivando antes del anuncio de Los Alamitos (Huntington Beach también tiene autoridad conferida por un acta constitutiva). Y Buena Park, Upland, Fullerton y Costa Mesa estarán promoviendo legislación parecida en futuras reuniones de sus consejos de ciudades, según indican sus representantes.

Dave Harrington, alcalde de la ciudad de Aliso Viejo, sabe que sin la designación de charter city, la ciudad no se puede eximir totalmente de la ley del estado, por lo que está preparando una resolución más simbólica. “Es como una afirmación de nuestro deseo de defender la constitución estadounidense primero y después la ley estatal de California”, dijo. Su concejo votó por unirse a las otras ciudades que están retando al estado sobre la ley migratoria.

Muchas de estas ciudades opositoras están ubicadas dentro del condado de Orange, el cual está realizando sus propias iniciativas de gran envergadura. Michelle Steel, supervisora del condado, anunció la semana pasada una ordenanza regional bajo la cual el condado no seguirá la ley del estado, lo cual produjo apoyo de Donald Trump en Twitter. “Mi istración se une en solidaridad con los ciudadanos valientes en el condado de Orange que están defendiendo sus derechos en contra de las políticas santuario ilegales y no constitucionales del Condado Orange”, escribió recientemente.

El Departamento del Alguacil del Condado también dice que empezará a publicar las fechas de liberación de los inmigrantes que han detenido, lo cual le permitirá al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas a detenerlos más fácilmente en cuanto estén libres. “Estamos cansados del estado tratando de usar estos argumentos para prevenirnos de mantener seguros a los ciudadanos”, le dijo Shawn Nelson, miembro de la Junta de Supervisores del Condado Orange, a CBS.

El condado de Orange también aprovechará la demanda entablada por Sessions —la cual se basa en la inconstitucionalidad de SB 54, la Ley 450 de la Asamblea o ley de redadas en centros de trabajo y la Ley 103 de Asamblea o revisión de detenciones— al registrar un escrito legal tipo amicus curiae con respecto al caso federal, algo que las ciudades de Los Alamitos y Aliso Viejo también están haciendo. En el condado de San Diego, la junta de supervisores —todos republicanos— votarán sobre si registrarán su propio escrito legal el 17 de abril. Ese día también sopesarán si van a unirse a la demanda que entabló el estado de California en contra de la propuesta de la istración Trump de preguntar el estatus de ciudadanía de las personas en el censo de 2020.

“Simplemente pensamos [que probaríamos] algún tipo de estrategia más cauta”, dijo Edgar sobre el escrito legal de Los Alamitos. Si bien la ordenanza local de optar por no seguir la ley migratoria del estado podría ser obstruida si el estado de California decidiera demandar a Los Alamitos, un escrito legal tipo amicus curiae no se puede borrar en cuanto se una a una demanda federal. “Eso nos permite proveer un punto de vista sobre lo que pensamos que será un asunto constitucional que se llevará a la Corte Suprema”, dijo Edgar. “Queríamos asegurar que hubiera un mensaje que las ciudades locales dentro del estado de California no están de acuerdo con el rumbo que el estado está tomando con esto”.

Irónicamente, Edgar dice que fue inspirado a luchar en contra de esta política de estado santuario de Libby Schaaf —alcaldesa de Oakland— quien en febrero informó a sus electores sobre redadas del Servicio de Inmigración en la región de San Francisco antes de que ocurrieran. Schaaf dijo que creía que era su “deber y obligación moral como alcaldesa darles advertencia justa a esas familias cuando esa amenaza parezca ser inminente”.

Aunque el enfoque de Edgar con respecto a la inmigración es más agresivo —dijo que hubiera cooperado voluntariamente con el Servicio de Inmigración— sí piensa que él forma parte de esta ola de alcaldes retomando el control local. “Las personas pensaron que lo que hizo [Schaaf] era bastante inapropiado”, dijo. “Yo pienso que decididamente tuvo un impacto en las impresiones de que, vaya, un alcalde realmente marca una diferencia en este proceso”.

Estas ordenanzas no son la única manera en que las ciudades han podido desafiar el control estatal sobre la aplicación de leyes migratorias. En marzo 2017, CityLab reportó que memorandos recién publicados sobre la aplicación de leyes migratorias que fueron emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional tenían el propósito de “resucitar el ‘modelo de grupo de trabajo’ de 287(g)”, una provisión de una ley migratoria de 1996 que permite a las jurisdicciones locales a tomar un papel más activo en la aplicación de leyes migratorias. Sesenta jurisdicciones en 20 estados actualmente están cooperando — una cantidad que casi se duplicó en 2017— pero ningunos están en California.

No está claro si el estado de California luchará en contra de esta ola de rebeliones locales inmediatamente, o bien en cualquier momento, dice Rick Su, un profesor de Gobierno Local y Ley Migratoria en la Universidad de Buffalo. Le será más difícil al estado dividir su energía sobre un ataque por dos frentes, una de arriba y otra de abajo. “El único asunto pendiente es si el estado luchará en contra de ellas directamente al entablar demandas en contra de estas localidades o si concentrará sus esfuerzos en luchar exclusivamente en contra de la demanda del Departamento de Justicia”, dijo.

Según expresa Su, a nivel político quizás sea inteligente que California contrataque ferozmente, pero legalmente quizás resulte más efectivo concentrarse en ganar contundentemente la demanda del Departamento de Justicia, lo cual hará que muchas de las luchas con las ciudades sean irrelevantes. “Si ganan, entonces pueden usar eso para esencialmente decir que estos reclamos [de las ciudades] no tienen sentido y que no hay nada [que discutir]”, dijo. “Porque [si no se falla que la ley es inconstitucional], las ciudades todavía tendrían una obligación de seguir la ley estatal”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com