La lucha local por desmilitarizar a los policías en EEUU

Hace dos semanas, el fiscal general Jeff Sessions anunció una nueva orden ejecutiva que quitó una prohibición del gobierno de Obama sobre la compra de ciertos tipos de equipos militares —entre ellos lanzagranadas y bayonetas— por parte de los departamentos policiales locales. “Esas restricciones se pasaron de la raya”, dijo Sessions en un discurso ante la Fraternal Order of Police, uno de los principales sindicatos policiales de EEUU. “No pondremos preocupaciones superficiales por sobre la seguridad pública”.

El cambio ha provocado preocupaciones serias entre los grupos defensores de los derechos civiles y los expertos en la justicia criminal. Según argumentan ambos grupos, no sólo está poco claro si estas armas realmente son eficaces en reducir crimen y proteger a policías, sino que es probable que dichas armas también conduzcan a las violaciones de derechos, empeorando las ya tensas relaciones entre los policías y las comunidades de minorías. “Nuestras comunidades no son lo mismo que combatientes armados en una zona de guerra”, dijo Vanita Gupta, exjefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, quien ahora encabeza la Leadership Conference on Civil and Human Rights (Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos).

Eso significa que les toca a las ciudades y a los gobiernos locales a intervenir: o pueden decir 'no, gracias' a tales armas o pueden trazar un transparente proceso público mediante el cual sus cuerpos policiales harán estas adquisiciones.

“Con la falta de liderazgo de esta istración, los gobiernos locales y estatales tienen que crear sus propios lineamientos para limitar la adquisición de equipos militares y la forma en que estos se podrían utilizar”, agregó Gupta en una declaración.

La militarización policial se ganó escrutinio renovado después de que imágenes surgieron de una respuesta policial sumamente militarizada en Ferguson, Missouri, después de la muerte a tiros de Michael Brown: la policía apuntó vehículos blindados y ametralladoras pesadas contra manifestantes. Los agentes dispararon balas de goma, gases lacrimógenos, bombas de humo y granadas aturdidoras. A su vez, arrestaron a periodistas.

En un esfuerzo más amplio para mejorar la responsabilidad policial, la istración de Obama decidió imponer restricciones sobre ciertos tipos de equipos disponibles a través de llamado 'programa 1033': vehículos y aeroplanos armados, lanzagranadas, armas de fuego de altos calibres y bayonetas quedaron fuera de las posibilidades. Otros equipos —entre ellos Humvees, helicópteros y rifles de asalto M-16— se permitieron bajo ciertas condiciones.

En medio de escrutinio agudizado, Ferguson y otros departamentos policiales tuvieron que regresar algunos de sus equipos militares. Pero, en años recientes, los jefes policiales han estado alentando al gobierno a repasar estas reglas. En particular, algunos condados estadounidenses pequeños han estado ansiosos por obtener vehículos militares y armas, solo para darse cuenta dentro de poco que no tienen usos para ellos aparte de artimañas publicitarias para demostrar a los contribuyentes que su dinero fue bien gastado.

Una encuesta llevada a cabo por el Cato Institute (una organización libertaria) y YouGov encontró que un 54% de los estadounidenses piensan que la militarización de la policía está “yendo demasiado lejos”. Pero ahora, que el gobierno federal ha quitado estas restricciones, la mejor forma de invertir el avance es a nivel local, según expresan los defensores de los derechos civiles. Algunas jurisdicciones ya han aprobado leyes locales que prohíben tipos específicos de equipos militares para el uso policial, o bien han establecido obstáculos para su aprobación. Se trata de intentos de hacer que las adquisiciones sean menos opacas y hacer que los cuerpos gobernadores locales expresen su opinión sobre la propiedad de nuevos equipos para los departamentos policiales.

Y no se trata sólo de ciudades liberales. “Este es un asunto que transciende la política partidaria”, dice Kanya Bennett de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).

Montana es un buen ejemplo. En 2014 Bozeman City compró un BearCat (un vehículo blindado) mediante una subvención federal, lo cual provocó sorpresa y consternación entre los residentes y los representantes de la ciudad. El incidente provocó que la ciudad aprobara una ley con apoyo bipartidista que prohibía la adquisición o compra de equipos como drones, vehículos blindados, silenciadores y granadas. Había que hacer públicos los pedidos de cualquier otro equipo militar que se hicieran mediante programas federales. Nueva Jersey tiene una ley parecida, la cual exige la aprobación explícita de los cuerpos gubernamentales locales para aprobar cualquier adquisición de equipos militares. Legislación similar que limita la militarización policíaca ha surgido en otras partes del país, desde la California liberal hasta el Tennessee conservador. Estas leyes —al igual que la de Montana— han surgido después de que los legisladores locales se dieron cuenta de la extensión de la militarización en sus departamentos policiales.

Ahora que el gobierno federal ha quitado las restricciones, los activistas que luchan contra la brutalidad policial les están urgiendo a los residentes que aboguen por leyes parecidas a nivel de las ciudades y los estados. "Llame a sus representantes locales y estatales y pida que aprueben legislación que prohiba a la policía recibir armamento militar", dijo en Twitter el analista y activista Samuel Singyanwe, quien además publicó una lista con las agencias policiales que ya tienen este tipo de equipos y llamó a los ciudadanos a pedir que se devuelvan.

Los activistas tienen buenos motivos para estar preocupados. En un reporte de 2014, la ACLU encontró que era probable que los departamentos policiales que recibieran equipos militares los usaran y no sólo para operaciones especiales o situaciones raras de alto riesgo con rehenes, sino con actividades rutinarias. Emplearon despliegues agresivos de SWAT (unidades policiales de armas y tácticas especiales) para ejecutar ordenes de registro e incautar drogas de bajo nivel, incluso en lugares en que sabían que niños pequeños y mujeres embarazadas estarían presentes. La peor parte de estas tácticas agresivas la sufrieron las comunidades de minorías.
Eso resulta particularmente preocupante a la luz de un estudio de 2017 que muestra que una mayor cantidad de equipos militares corresponde con una mayor cantidad de asesinatos policiales. “A medida que la militarización se va filtrando por sus culturas, las agencias policiales dependen más de la violencia para solucionar problemas”, escriben los autores de este estudio.

De hecho, en la opinión de muchos críticos las restricciones de la época de Obama no llegaron lo suficientemente lejos en primer lugar. Según ellos piensan, los pasos adicionales por los que se les obligó pasar a los departamentos policiales no eran suficientes para asegurar el traslado seguro y la supervisión de equipos peligrosos mediante este programa. La Government ability Office (Oficina de Responsabilidad Gubernamental o GAO por sus siglas inglés) puso a prueba este programa en 2017. Organizó un departamento policial falso y solicitó un valor de 1.2 millones de dólares en equipos, los cuales recibió rápidamente sin ni siquiera una revisión de antecedentes. “Era como conseguir cosas en eBay”, le dijo Zina Merritt —directora del equipo de capacidades y gestión defensivas de la GAO— al The Marshall Project.

Pero incluso si se eliminara este programa, los departamentos policiales pueden acceder y de hecho acceden a otras subvenciones federales para comprar estas armas de guerra en cantidades que suman millones de dólares en valor.

Sin embargo, las restricciones de Obama cumplieron un propósito simbólico. Radley Balko —autor del Rise of the Warrior Cop o El auge del policía guerrero— explicó el significado de la prohibición y las implicaciones de reducirla en una serie de tuits. "Las restricciones de Obama se trataban de hablar, tanto a la policía como a la comunidad, sobre a quiénes sirven los agentes: la policía son servidores públicos, no una fuerza de ocupación. Están ahí para servir y proteger, no para acosar e intimidar", dijo Balko.

Sin embargo, muchos en la comunidad policial ahora han aplaudido la eliminación de las restricciones porque piensan que el equipo de guerra protege a los policías y reduce el crimen. Un aumento en equipos militares no letales tiene un efecto muy, muy pequeño en el crimen no violento: uno que quizás se observe porque menos crimen se reporta en primer lugar. Pero incluso estudios favorecedores muestran que el aumento en armas militares letales no tiene efecto alguno en el crimen.

Y, durante el término de Obama, las muertes policiales eran más bajas de lo que fueron bajo varios presidentes que lo precedieron. De hecho, Tom Nolan —profesor adjunto de Criminología en Merrimack College y quien prestó servicio en el departamento policial de Boston durante 27 años— argumenta que las calles son más peligrosas tanto para civiles como para policías cuando las armas militares entran en juego.

“La policía va a buscar una excusa para (…) sacar los juguetes”, dice. “Cuando los vistes como soldados y los equipas como soldados, van a actuar como guerreros; van a estar en nuestras comunidades, en nuestras calles, en nuestras casas, participando en una guerra”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.