"Yo lo maté, yo lo entierro": denuncian los abusos del régimen de Maduro en el funeral del capitán torturado Acosta Arévalo
No hubo flores ni banderas ni mensajes de despedida. Tampoco pudo pasar la prensa. Apenas su madre y una hermana pudieron presenciar el momento. La “inhumación controlada” del capitán de corbeta Nicolás Maduro ha manejado este escandaloso caso.
Tras doce días sin que le entregaran a sus familiares el cuerpo del oficial muerto en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en extrañas circunstancias el 29 de junio, señalado de estar vinculado a un supuesto complot contra el gobierno, las autoridades venezolanas hicieron un entierro bajo estrictas medidas de seguridad.
“Este fue un entierro donde participaron muy pocos familiares y demasiados funcionarios del Estado. Pareciera que el gobierno está diciendo ‘yo lo maté, yo lo entierro'”, expresó Alonso Medina Roa, abogado de Acosta Arévalo, desde el Cementerio del Este, citado en el sitio Efecto Cocuyo.
Medina Roa dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y “entregado al Estado” por orden de un tribunal. Fue enterrado ante la presencia de su madre, de 80 años, una hermana y numerosos funcionarios públicos para lo cual la policía tomó las entradas del camposanto, con el fin de impedir el ingreso de periodistas.
“La familia realizó todos los trámites, pero es el Estado quien lo está enterrando”, afirmó Medina Roa al denunciar que el gobierno estaba haciendo una “inhumación controlada”. El abogado indicó que, según la autopsia, el oficial murió a consecuencia de “politraumatismo generalizado”.
Un examen forense que dio a conocer el fiscal director de actuación procesal (en el exilio) Zair Mundaray indica que "el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo muestra 16 costillas rotas y quemaduras por posible electrocución".
Desde Colombia donde se encuentra exiliada, la esposa del fallecido oficial Waleska Pérez había denunciado en redes sociales las irregularidades en la entrega del cuerpo.
Familiares y abogado de Arévalo denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones y hematomas y restos de sangre en las uñas.
Medina Roa afirmó que han sido "muchos los obstáculos que ha puesto el Ministerio Público para procurar una investigación clara y transparente".
Por la muerte de Acosta Arévalo fueron arrestados la semana pasada un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que laboran en la DGCIM. Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de ese organismo.
El caso del oficial fue condenado por varios gobiernos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michellet Bachelet, que urgió a las autoridades a realizar una investigación “independiente” y “transparente” que incluyera una autopsia bajo estándares internacionales. El pronunciamiento de Bachelet se dio pocos días antes de que presentara un informe en el que denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Maduro.
En enero de 2018, el gobierno también realizó un entierro controlado del expolicía Óscar Pérez y seis de los integrantes de su grupo rebelde, que fallecieron en una operación a cargo las fuerzas de seguridad en una barriada a las afueras de Caracas donde se escondían. Opositores y activistas de derechos humanos consideraron el caso como una “masacre”.
Pérez se dio a conocer a mediados de 2017 tras atacar, desde un helicóptero que robó a la policía judicial, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia.
