Por qué es tan grave que un audio exponga la presunta ejecución de rebeldes venezolanos: esto dicen defensores de DD.HH.
Cada día hay más elementos que confirman que el rebelde Óscar Pérez y su grupo se habían rendido en una operación policial que ya se conoce como 'La masacre de El Junquito', en Venezuela. La evidencia más reciente de presunta violación de derechos humanos durante la operación armada ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido un audio en el que claramente se escucha a comandantes de las fuerzas policiales hablando y dando cuenta de una negociación para detenerlos con vida. Pero luego, los cadáveres de las siete personas mostraban tiros en la cabeza, según informes forenses.
Pese a que el audio es un elemento que podría ser probatorio en una investigación –y ha provocado una gran reacción internacional (medios dentro y fuera de Venezuela, políticos, defensores de derechos humanos)– portavoces del Estado venezolano y sus instituciones permanecen en silencio.
Activistas defensores de derechos humanos como Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional; Rafael Uzcátegui, de Provea, y Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), han hecho la denuncia y ofrecieron a Univision Noticias declaraciones que llevan a inferir que lo ocurrido en El Junquito posee todos los elementos de un caso de violación de derechos humanos histórico que puede sumarse al expediente de denuncias que ya se han hecho ante organismos internacionales. Aquí lo explicamos.
Uso excesivo de la fuerza
Partiendo de los videos tomados en el lugar y su divulgación en redes sociales, los expertos han podido determinar el uso de armamento de guerra, como lanzagranadas RPG, armas largas y un grupo de hombres que parecen no haber cumplido los protocolos establecidos para resguardar la vida de los rebeldes atrincherados y permitir así que un tribunal los juzgara.
Irrespeto a la rendición
Los especialistas ponen luces sobre las múltiples veces que mediante videos subidos a redes sociales, Óscar Pérez y sus compañeros manifestaron la intención de rendirse y negociar su entrega. El audio confirma que se estaba produciendo esa negociación hasta un punto en el que no se sabe por qué no continuó y terminaron muertos. "¿Por qué si se ha venido presentando evidencia de que Pérez y su grupo tenía intención de rendirse..? ¿Por qué si hay un protocolo que en apariencia se venía cumpliendo (negociación entre el comandante de la acción y los rebeldes) aparecen todos en la morgue?", se pregunta Jiménez, de Amnistía. En uno de los videos publicado por el propio Óscar Pérez horas antes de su muerte se le ve y oye gritar en medio de un incesante tiroteo. "¡Nos vamos a entregar, no sigan disparando!".
Pena de muerte
En Venezuela está prohibida la pena de muerte y el Estado debe garantizar el derecho a la vida. Con preocupación, los defensores advierten que en el país hay un contexto de violación a este derecho que persevera. "Tenemos que entre 2012 y 2017 se han producido 8,000 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, según informe de Cofavic", explica Liliana Ortega.
El trasfondo de lo que viene ocurriendo
Existe una historia documentada de violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Algunas de las organizaciones consultadas, como Cofavic, nacieron producto de masacres como la del Caracazo, en febrero de 1989, durante las protestas populares durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Amnistía y Provea advierten sobre detenciones sin orden judicial, represión contra manifestantes fuera de las leyes establecidas (tanto en 2014 como en 2017) y las muertes asociadas al plan OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo, creada por fuerzas policiales) "con la justificación de estar aplicando la ley" contra delincuentes, refiere Uzcátegui.
Sin embargo, qué hace diferente este caso. "La impunidad de la que parecen estar seguros quienes hicieron este operativo en El Junquito, a plena luz y con redes sociales", explica Jiménez. "Pero luego destruyes la casa que es destrucción de la cadena de evidencias, retrasas la entrega de los cuerpos y luegos los escondes y los entierras irrespetando a los familiares y las leyes", subraya Uzcátegui.
Hostigamiento contra familiares
Se ha desatado una persecución y amedrentamiento contra familiares y personas que tuvieron relación con los rebeldes asesinados, además de las irregularidades en la entrega y reconocimiento de los cadáveres, sin las respectivas autopsias y entierros de cuerpos sin el marco legal establecido y en condiciones dolorosas para sus seres queridos.
"Hubo toda una situación de allanamientos de casas sin orden judicial, hay 22 personas detenidas a las que los defensores de derechos ni abogados hemos tenido " , refiere Uzcátegui, quien cuenta también que hay testimonios "de gente que dice que le han puesto pistolas en las bocas de niños de 3 y 5 años, que torturan con bolsas en la cabeza intentando asfixiar a familiares. Parecen patrones de dictaduras de regímenes anteriores".
Para hacer estas denuncias viajaron a Washington DC Danahis Vivas y Aminta Pérez, la esposa y la madre de Óscar Pérez, quienes se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y funcionarios del Departamento de Estado.
Actuación de civiles armados
La operación policial ocurrida en El Junquito contra los rebeldes expone la presunta actuación de civiles armados que suelen apoyar al gobierno (colectivos) para neutralizar opositores o "enemigos".
Es algo que ha venido ocurriendo en manifestaciones públicas y otros casos, sin que haya castigo ni se establezcan responsabilidades. Una de las dos víctimas mortales del lado de la policía fue Heycker Vásquez, quien pertenecía al colectivo Tres Raíces que opera en la barriada popular 23 de enero, al oeste de Caracas.
En medio del turbulento operativo Vásquez recibió un disparo presuntamente de "fuego amigo" y por la espalda.
Durante las protestas en Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro el 12 de febrero de 2014, también resultó muerto Juan Montoya, líder de un colectivo del 23 de enero. Las investigaciones revelaron que fue asesinado por "fuego amigo" y su segundo a bordo en la organización paramilitar, Hermes Barrera, fue condenado por su muerte.
Ausencia de instituciones
Los defensores de derechos humanos coinciden en que corresponde al Estado hacer una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso. Advierten que el protocolo de Minessota establece las formas para hacerlo y la manera como se puede garantizar transparencia, con comisiones especiales.
Pero, según los activistas, no es lo que está ocurriendo: "Esta vez no tenemos Defensoría del Pueblo. Tampoco Ministerio Público", dice Uzcátegui. "En este caso, las leyes internacionales establecen responsabilidad penal para esas autoridades" que no están haciendo su trabajo e incurren en complicidad, advierte Jiménez.
