"No puedes andar con un cartel pegado que diga no me felicite, mi hija va a morir": el drama de una chilena que tuvo que esperar a que su bebé muriera en su vientre

SANTIAGO DE CHILE. - Andrea Quiroga tenía 36 años y 11 semanas de embarazo cuando llegó a la consulta de su ginecólogo en Chile para la primera ecografía de rutina. Era un día de septiembre de 2010 que quedó grabado en su memoria.

“Llegué al control y el diagnóstico fue inmediato. El doctor me abrazó y me dijo: 'Lo lamento mucho pero su guagüita (bebé) no va a sobrevivir'. Fue horroroso”, dice hoy. Su hija venía con dos malformaciones: una bolsa anormal en la nuca llamada higroma quístico y un problema cardíaco conocido como ducto venoso alterado.

Andrea Quiroga consultó a varios médicos más, pero todos le dijeron lo mismo: “Que era imposible que viviera y que yo tenía que esperar que muriera”, recuerda.

Esta mujer es una de las miles de chilenas que han vivido en carne propia lo que significa no tener al aborto terapéutico.

Chile es uno de los pocos países en el mundo –incluyendo el Vaticano- que no autorizan el aborto en ninguna circunstancia. Sin embargo, en los próximos días las cosas podrían cambiar. Tras dos años de trámite legislativo, se espera que la próxima semana el pleno del Senado apruebe la llamada “ley de aborto en tres causales”, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres situaciones: en caso de riesgo de vida de la madre, de inviabilidad fetal, y de embarazos que resulten de una violación.

A pesar de que según las encuestas un 70% de los chilenos está a favor de esta ley, su inminente aprobación no ha estado libre de obstáculos y ha revelado la gran resistencia que persiste en Chile por parte de un sector de la sociedad frente a la idea de entregarles a las mujeres autonomía de decisión en materia reproductiva, incluso en estas situaciones extremas.

“El proyecto de ley lleva más de dos años de debate legislativo y eso de por sí habla de las estrategias que ha habido, sobre todo de parte de la derecha y de los sectores conservadores para dilatar el proyecto de manera a no llegar a concretar la ley”, dice Gloria Maira, ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer y actual miembro de la mesa de acción por el aborto en Chile que agrupa a distintas organizaciones y ciudadanos que buscan aportar información al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

“A eso se suma que ha habido dentro de la coalición de gobierno y, particularmente con la Democracia Cristiana, un proceso que ha obligado a revisar permanentemente el texto del proyecto y buscar nuevas formulaciones que se acercan a lo que ese partido demanda”, añadió.

De país pionero a conservador

La aprobación de la ley de aborto en tres causales por el Senado marcaría un hito en Chile, poniendo fin a una prohibición que instauró en 1989 la dictadura del general Augusto Pinochet.

Pero, a diferencia de lo que se podría pensar, Chile no siempre fue conservador en materia de derechos sexuales y reproductivos. Desde la perspectiva histórica, explica Maira, el aborto terapéutico se incluyó dentro del código sanitario a comienzos de los años 30 debido al alto número de abortos clandestinos inseguros y a la necesidad de mantener a las mujeres en la fuerza laboral. También de vanguardia fue la decisión del Presidente Frei Montalva, en los años 60, de desarrollar una política de planning familiar.

“Chile fue uno de los primeros países que en América Latina que incluyó la interrupción del embarazo por razones de salud en su código sanitario. Y más tarde médicos chilenos desarrollaron un método anticonceptivo llamado el anillo de Zipper (antecesor de los dispositivos intrauterinos). Es decir que Chile tuvo un desarrollo en materia de salud reproductiva pionero en relación a otros países de la región y del mundo. Y eso fue abruptamente cortado por la dictadura”, lamenta Maira.

El retorno a la democracia no ayudó a volver hacia atrás en esa materia. Durante la transición, explican los expertos, se buscó evitar los temas de disenso para favorecer la consolidación de la democracia. Hasta hace pocos años, el aborto era un tema tabú y cada intento de que el Congreso votara la idea de legislar al respecto fracasó. Fue recién durante su segundo gobierno que Michelle Bachelet se atrevió a incorporar este proyecto de ley en sus promesas de campaña.

Para Andrea Quiroga, esa promesa llegó tarde. Los meses que pasó esperando que su hija muriera en su interior la marcaron para siempre, al punto que nunca volvió a intentar ser madre. Durante esas semanas, tuvo problemas de salud importantes y sufrió de depresión.

“Bajé mucho de peso, no salía porque empecé a tener guata (panza), la gente me felicitaba y uno no puede andar con un cartel pegado en la frente que dice no me felicite porque mi hija va a morir. Tuve que contarle a mi hijo, fue espantoso. A mí mamá, a mi papá. No es humano pasar por eso, no es normal. Nadie debiera pasar por estas situaciones” dice Andrea.

Cuenta que hubo médicos que le recomendaron hacerse un aborto clandestino; dice que “es un secreto a voces” que algunas clínicas privadas los realizan. También le sugirieron provocarse un aborto comprando en el mercado negro misoprostol, un medicamento para úlceras y artritis que se usa para inducir abortos con contracciones, pero que puede provocar hemorragias. Andrea no quiso arriesgarse.

“Pensé que si me pasaba algo, me iba a ir presa. Eso es lo difícil, esa es la impotencia, que nadie te diga: 'esta es la solución, piénsalo, analízalo'. Nadie te obliga a hacerte un aborto. A mí si me hubieran dicho que mi hija venía con un problema pero iba a vivir, la habría recibido feliz, pero lo que tuve que vivir fue hacerme ecografías todas las semanas no para ver si estaba bien sino que sí ya se había muerto. Al final, no podía caminar porque tenía un exceso de líquido amniótico, mi hija no tenía movimientos fetales. Y yo no quería que sufriera. Me obligaron a pensar en un ataúd en vez de una cuna”, dice.

Un debate violento

Andrea Quiroga supo que su hija había fallecido dentro suyo a las 26 semanas de gestación en una ecografía que se hizo al día siguiente de su cumpleaños. De inmediato, la llevaron a pabellón para inducirle el parto.

“Tuve contracciones durante más de seis horas, y nació muerta. Cuando me la entregaron le salía sangre de los ojos, de la nariz, de sus orejitas. Se la tuve que dar a la enfermera porque fue demasiado fuerte. Unos días después le di sepultura”, cuenta Andrea. “Fue muy duro. Afortunadamente tengo una familia al lado, amistades que me permitieron seguir adelante, porque nadie te ayuda. No hay un programa para acompañarte, te quedas muy sola. Aprendí a vivir con esta pena que no se quita. A mí esta ley ya no me va a servir. Pero lo único que espero es que el día de mañana le sirva a alguien, para que ninguna mujer pase por lo que yo viví”.

Es difícil tener una idea de la cifra de abortos clandestinos que se hacen en Chile. Según Gloria Maira, las estimaciones van entre 60,000 y 80,000 al año. Irma Palma, doctora en psicología de la Universidad de Chile, quien lleva años investigando sobre el tema, maneja otros datos y explica que cada año debieran estar sometidas a hipótesis de aborto alrededor de 10,000 mujeres que llegan a los servicios de salud por los efectos de potenciales abortos provocados. Son mujeres, dice, que podrían ser perseguidas por la justicia por infringir la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero que no lo son.

“En Chile las prácticas de aborto se producen en medio de una paradoja. El aborto está extremadamente penalizado y al mismo tiempo ocurre frecuentemente”, dice. “La policía no persigue porque pensar que 10,000 mujeres serían sometidas a sospecha cada año es insostenible para nuestra sociedad. Son mujeres adultas, con niños, que tienen que trabajar. Estudiantes, madres que cuidan a hijos pequeños. Sería intolerable”.

A pesar de eso, los dos años de debate legislativo y las vivas discusiones que se han producido a nivel público dan cuenta de lo polarizadas que siguen estando las posiciones sobre este tema. Desde que se introdujo el proyecto de ley en el Congreso en 2015, ha habido múltiples protestas y campañas comunicacionales por parte de organizaciones provida.

En las editoriales de los medios, en los programas televisivos, y en las distintas comisiones del Parlamento, el debate fue arduo, antes incluso de que se presentara el proyecto de ley. En 2012, Ena von Baer una joven senadora de la Unión Democrática Independiente, el partido más conservador de Chile, declaró en un debate radial sobre aborto que las mujeres no podían aspirar a terminar con un embarazo porque solo “prestan su cuerpo”. Sus dichos levantaron una ola de críticas. En 2015, Pablo Lorenzini, un diputado de la Democracia Cristiana, tuvo que pedir disculpas después de expresar sus dudas sobre la causal de violación diciendo: “Hay mujeres que tienen relaciones (sexuales) porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más ¿es violación también?”.

“Hay una serie de barreras culturales pero también político-ideológicas y ahí vemos que hay poca voluntad de poder dar el salto hacia la aprobación de la ley”, dice la socióloga Claudia Dides, creadora de la fundación MILES que promueve los derechos sexuales y reproductivos. Dides explica que en este proceso, dos puntos fueron particularmente polémicos: la causal de violación y el requisito que pidieron algunos senadores de ampliar la objeción de consciencia que el proyecto inicial autorizaba solo para los médicos, a todo el equipo médico del pabellón quirúrgico e incluso a instituciones médicas completas.

“La voz de las mujeres siempre ha sido cuestionada en todo el debate del proyecto de ley. Pone en la mesa esta idea de que las mujeres pueden mentir. Y hay un concepto instalado por la elite dominante de siempre echarle la culpa a las mujeres por la violación”, dice la socióloga.

Uno de los argumentos recurrentes por parte de los parlamentarios que se oponen esta causal fue, efectivamente, que las mujeres la malusarían para hacerse abortos que de otra manera no les estarían permitidos. Por eso, algunos pidieron que el aborto en esta causal estuviera subordinado a una obligación de denuncia por parte de la víctima. Un requisito que muchos consideraron complejo en un país donde más de un 80% de las violaciones se producen dentro de la familia y aproximadamente un 65% de las víctimas son menores de edad.

El pasado 3 de julio, esos puntos quedaron finalmente resueltos: a través de una votación en la Comisión de la Constitución, en la que participaron también los ministros de Justicia, Salud y de la Mujer, los senadores determinaron que un equipo médico estará a cargo de constatar la existencia de una violación y que no se exigirá denuncia de la víctima para realizar el aborto. Asimismo se acordó ampliar la objeción de conciencia a todo el personal de salud que intervenga en el pabellón, pero se rechazó aplicarlo a instituciones médicas enteras. Falta ahora que vote la sala completa del Senado, lo que debiera ocurrir la próxima semana. Para algunas de las activistas, esto no es una victoria.

“Lo que ha sucedido es que se han puesto una serie de requisitos de manera que si se aprueba este proyecto de las tres causales, el lograr acceder a la prestación va a ser una carrera de obstáculos en la que lo más seguro es que la mujer pierda la oportunidad de hacerlo”, lamenta Gloria Maira.

“Con tanta traba hay un espíritu del proyecto de ley que se puede estar acabando que es el del derecho e las mujeres a poder decidir, su autonomía”, agrega Claudia Dides.

Para Andrea Quiroga, sin embargo, lo más relevante es que exista la posibilidad de elegir, aunque la legislación sea más restrictiva de lo que muchas puedan haber esperado: “Creo que si está bien o está mal la ley no importa”, dice. “Lo que importa es que haya una ley que puede proteger a las mujeres. Yo con un aborto terapéutico, lo único que quería era evitar mi dolor, el de mi familia, el de mi guagüita (bebé). No es más que eso. No valía la pena esperar a que me entregaran a mi hija muerta que se me desarma en los brazos. No era necesario”.

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