Maduro busca pasar por encima del Parlamento venezolano con su cuestionada reelección presidencial
Este jueves 10 de enero el presidente venezolano cuestionado Tribunal Supremo de Justicia, que le es afín políticamente.
El artículo 231 de la Carta Magna vigente indica que el presidente electo debe juramentarse el 10 de enero del año que debe tomar posesión y que debe hacerlo ante el Poder Legislativo: "Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia". En este caso, no se precisa el "motivo sobrevenido" que impediría cumplir con lo que dice la ley.
La justificación que aportó el segundo hombre fuerte de Venezuela y presidente de la chavista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, apunta hacia que la Asamblea Nacional está "en desacato".
De esta manera, Maduro pasaría por encima del Poder Legislativo, de mayoría opositora, que ha sido respaldado internacionalmente. Esa medida es el colofón de una cadena de irrespetos a la voluntad popular que lo llevó a realizar elecciones el 20 de mayo de 2017, sin garantías de justicia y transparencia, cuestionadas por la oposición interna, Estados Unidos, la Unión Europea y por el Grupo de Lima, con la única excepción del México de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, el mandatario venezolano ha activado su arsenal de propaganda para mostrar que tiene respaldo internacional para seguir adelante. "No detendrán nuestra marcha hacia la prosperidad", dijo en una alocución en la que acusó a lo que llama "el cartel de Lima" de sumarse a una conspiración en su contra.
Pero esta no sería la primera vez que Maduro y su gobierno intentan anular al Parlamento venezolano. El 30 de julio de 2017, como una forma de aplacar las fuertes protestas en Venezuela contra su régimen –que terminaron con más de 130 personas muertas– y sin ser sometida a referendo consultivo para su instalación como ordena la Constitución vigente, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente a favor del gobierno. Y no es hasta enero de 2019 cuando uno de sus creadores, el abogado constitucionalista y prooficialista Hermánn Escarrá, anuncia que en febrero "se verán algunos avances" de la nueva constitución que propondrán al país. ¿El temor principal? Que anulen definitivamente al Parlamento legítimo, aunque no ofreció más detalles. Escarrá ha defendido que Maduro se puede juramentar frente al Tribunal Supremo de Justicia o ante cualquier organismo del poder público, porque según él a fin de cuentas fue "el pueblo" quien decidió votar por él nuevamente.
En la sesión del martes 8 de enero, Gerardo Márquez, uno de los más de 500 de la chavista Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC), propuso la disolución del Parlamento legítimo, de contundente mayoría opositora, y llamar a elecciones para escoger de nuevo a los legisladores. “Propongo a esta ANC que nosotros evaluemos la posibilidad, dentro del ciclo constituyente, que esa Asamblea y esa directiva, que está en desacato, que apoya agresiones contra Venezuela, sea disuelta como lo establece la Constitución”, dijo Márquez durante su derecho de palabra. Recibió una ovación de pie.
Diosdado Cabello, lanzó una propuesta al pleno de juzgar por 'traición a la patria' a todos aquellos que apoyen "las últimas decisiones del Grupo de Lima", declaró a un canal a favor del gobierno.
Voceros y políticos estadounidenses como el secretario de Estado, Mike Pompeo, así como el secretario general de la OEA Luis Almagro, han mostrado públicamente su respaldo a la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano como único poder que reconocen en Venezuela. Al mismo tiempo que desconocerán un nuevo mandato de Maduro en Venezuela.
La crisis política en ese país solo parece agudizarse.