"Este gobierno nos está matando": la desesperación de los enfermos renales en Venezuela
CARACAS, Venezuela.- Al menos 16,000 pacientes con deficiencias renales en Venezuela están en riesgo de morir. La escasez de fármacos inmunosupresores amenaza el funcionamiento del órgano de quienes fueron trasplantados y la carencia de insumos en las unidades de hemodiálisis ha obligado a restringir el tratamiento que les garantiza la vida a los enfermos renales.
Sólo en lo que va de año se contabilizan 30 rechazos de órganos y 9 pérdidas, según la Coalición de Organizaciones por el derecho de la salud y la vida (Codevida). Cifras recopiladas por la Asamblea Nacional de mayoría opositora contabilizan hasta ahora 23 fallecidos, sin embargo no hay cifras oficiales y se teme que ocurran más. Por eso salieron este jueves a las calles de la capital para exigirle al gobierno que declare, de una buena vez, la emergencia humanitaria.
El director de Codevida, Francisco Valencia, alertó que los centros hospitalarios y extrahospitalarios vienen presentando fallas en los insumos, lo que ha obligado a muchos a dejar de ofrecer el servicio tres días a la semana y a reducir el tiempo de diálisis de 4 a 2 horas. "Desde 2016 venimos alertando sobre la intermitencia en el suministro a los centros de diálisis. Los pacientes no están quedando bien dializados y eso pone en riesgo sus vidas porque es su único sustento. Los enfermos renales no pueden pasar más de tres días sin dializarse porque es una sentencia de muerte".
Peregrinar en busca de una unidad de hemodiálisis con insumos disponibles no es una opción para los pacientes renales en Venezuela. Aquellas que permanecen abiertas están colapsadas, en vista de que han cerrado más de 35 centros extrahospitalarios. ¿Por qué? Porque los centros privados reciben una subvención del gobierno por cada paciente, que no se ha actualizado a pesar de la enorme inflación que afecta al país. Según explicó Valencia a Univision Noticias, el gobierno mantiene el pago por paciente de 40,000 bolívares (0,18 centavos de dólar, según el cambio del mercado negro), que es lo que ahora cuesta un café. Por eso no han tenido más opción que cerrar.
“Este es un gobierno vil que no tiene capacidad de solventar el problema. Aquellos trasplantados que pierdan su órgano por falta de medicamentos están en riesgo de morir, porque tampoco tienen dónde dializarse”, acotó.
El 90% de los fármacos escasean
Los medicamentos que requieren los enfermos con deficiencias renales registran una escasez que ronda 90%, según reporta Codevida. Entre ellos los inmunosupresores, que impiden que las defensas de los pacientes ataquen el órgano que recibió y estabilizan a quienes experimentan un rechazo y deben volver a diálisis.
Reinaldo Olivares puede dar fe de ello: su esposa le donó un riñón en junio de 2017. A los dos meses de su operación presentó un rechazo por falta de medicamentos y debió ser hospitalizado. Viajó a Colombia en busca de medicamentos, pidió donaciones, pero ahora sólo lo queda un mes de inventario. "Tengo temor de caer en diálisis por la ausencia de cupos. Ya perder un órgano es doloroso, pero en mi caso es doble porque me lo dio mi esposa".
El trasplante de Olivares ocurrió justo cuando la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene) –adscrita al Ministerio de Salud– anunció la suspensión de los trasplantes de órganos por la falta de medicamentos y por problemas en la infraestructura hospitalaria. Desde entonces, 5,000 venezolanos esperan por el levantamiento de la medida y la normalización del suministro de medicamentos para optar a un trasplante de riñón.
Entretanto, aferran su vida a la posibilidad de estar conectados a una máquina de hemodiálisis. Carmen Padilla es una paciente en condiciones óptima para recibir un trasplante. Tiene tres años en tratamiento de hemodiálisis, a raíz de una hipertensión crónica que le afectó sus riñones. Vive en el estado Lara, en el occidente del país, donde existen siete centros de atención a los pacientes renales y cuatro presentan fallas de insumos.
“Estuve cuatro días sin tratamiento, porque no habían dializadores que son los filtros que nos ayudan a depurar la sangre de las toxinas. Llegaron unos CX10 y nosotros necesitamos CX80. Para quedar bien, necesitaríamos estar 8 horas conectados con esos filtros y nos dejan estar nada más 3. Así que siempre voy a estar intoxicada. Eso me genera crisis de hipertensión, nauseas y la boca amarga por el exceso de urea. (…) Lo que el gobierno está haciendo con nosotros es un crimen”.
Uno de los diagnósticos más frecuentes que presentan los pacientes con deficiencias renales es baja de hemoglobina. En esos casos, deben acudir a un banco de sangre para recibir una transfusión. Pero debido a la escasez de reactivos, los laboratorios no pueden hacer el despistaje de hepatitis ni de VIH, así que tampoco cuentan con sangre para transfusiones. “La única opción es aceptar que estás recibiendo un concentrado sin despistaje y asumir el riesgo”, afirmó Padilla.
Los representantes de Codevida y de otras organizaciones relacionados con la salud instaron a los parlamentarios de la Asamblea Nacional a investigar las causas del desabastecimiento y a asignar responsabilidades individuales a quienes no están garantizando el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.
“Esta situación afecta a más de 300,000 enfermos crónicos, que padecen hemofilia, cáncer, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, trasplantados, entre otros, que dependen del suministro oportuno por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así como 77,000 personas con VIH”, afirmó Valencia. “Lo que queremos es vivir. Este gobierno nos está matando, nos está sentenciando a muerte y queremos que el mundo lo sepa”.
