Mayoría en la OEA aboga por que el gobierno de Maduro regrese al cauce democrático
Veinte países de los 34 activos de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitieron este martes una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta "en el menor plazo posible" para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.
El texto solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí recoge la declaración conjunta de 14 países publicada el pasado jueves y que este martes no se votó.
A esos 14 -Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay- se sumaron en la declaración Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana.
El texto de los 20 no se sometió a votación porque solo es el cimiento de una resolución más concreta que estará lista en los próximos días y, de aprobarse, establecerá un mecanismo de seguimiento a la situación en Venezuela.
Así lo explicó a los periodistas el embajador mexicano en la OEA, Luis Alfonso de Alba, al que se le atribuye el liderazgo del grupo de países "preocupados" por Venezuela, que han pasado de ser 14 a 20 en pocos días.
De Alba fue, junto con los representantes de EEUU, Canadá y Paraguay, el más crítico con Venezuela, un país donde considera que hay una alteración "al orden democrático" y falta de respeto a los derechos humanos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ha pedido al Consejo Permanente del organismo sancionar a Venezuela si no realiza elecciones generales en breve, celebró el interés mostrado por la crisis venezolana.
Venezuela, con el enérgico respaldo de Nicaragua y Bolivia, protestó el debate y luego su canciller Delcy Rodríguez lo declaró "inexistente".
La representación de Caracas desató la polémica al lanzar ataques contra los principales países detrás de la declaración, en un tono que condenaron varios embajadores y provocó la salida de la sala de la representante de Perú, Ana Rosa Valdivieso.
Opositores sin inmunidad
Pero mientras esto ocurría en la sede de la OEA, en Washington, en Caracas el Tribunal Supremo de Justicia emitía un polémico fallo que deja a los diputados, la mayoría de ellos opositores, sin inmunidad parlamentaria.
Al mismo tiempo, el máximo juzgado del país latinoamericano habilitó al presidente Nicolás Maduro a buscar el enjuiciamiento de la mayoría opositora en el Parlamento -incluso por delitos militares y terrorismo.
"Es una sentencia histórica", celebró Maduro este martes, al destacar que la decisión que le da un "poder especial" para "defender la institucionalidad, la paz y rechazar (...) cualquier agresión que se pretenda" contra su país.
Maduro se refería al apoyo a esa iniciativa por parte del Legislativo, plasmado en un acuerdo del 21 de marzo que un día después él mismo consideró como "traición a la patria", delito castigado con penas de 20 a 30 años de prisión.
A la oposición "más temprano que tarde le llegará la justicia", sentenció este martes el vicepresidente, Tareck El Aissami, quien ha sido incluido por el gobierno de EEUU en una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
El detonante del fallo fue el acuerdo parlamentario, que pidió a la OEA convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el país y fijar sanciones.
El bloque opositor rechazó este martes el fallo por considerar que "viola la autonomía parlamentaria, pretende erradicar la inmunidad de los diputados y conferir poderes exorbitantes" a Maduro.
"Le está dando al presidente un pase para que tome medidas contra diputados. La más grave sería abrirles un juicio militar", dijo a la AFP el abogado constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
Frente a la reunión el Consejo Permanente, el gobierno convocó este martes a miles de partidarios a una marcha que llegó a las inmediaciones de la Asamblea, donde la oposición sesionó.
Tras la movilización, Maduro presidió un consejo de ministros en el que llamó a un debate sobre la "pertinencia" de que Venezuela siga integrando la OEA, y celebró que el organismo -a su juicio- no haya llegado a acuerdos.
Con su nivel de aceptación en números muy bajos, Maduro descarta un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018, mientras las regionales siguen en el limbo pues debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no tienen fecha.
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