Trump se equivoca: el presidente sí puede tener conflictos de interés

Aunque un sinnúmero de circunstancias alrededor de la elección y futura presidencia de Donald Trump contribuyen a que haya roto todos los moldes de la política convencional y esté creando precedentes sobre la figura del presidente, hay una que se presenta como una soterrada amenaza a su gobierno: conflictos de interés por sus negocios.

Si bien los escándalos sobre la ética de los poderosos pueden no ser nuevos, nunca en Estados Unidos se había elegido a un ciudadano con una fortuna privada y un imperio comercial tan grande y complejo como los de Trump.

Aunque las estimaciones de su riqueza varían sustancialmente, las más moderadas como la de la Revista Forbes, la situán en $ 3,7 mil millones fruto de un sinnúmero de negocios extendidos por todo el mundo a través de la Organización Trump. Durante la campaña, y antes, Trump ha asegurado que su riqueza llega a los 10 mil millones de dólares.

Varias leyes limitan su accionar como presidente pero una en especial, que data de 1787, tiene debatiendo por estos días a constitucionalistas y expertos.

Se trata de la cláusula de emolumentos extranjeros, que prohíbe a cualquier persona que trabaje en el gobierno federal recibir regalos de gobiernos extranjeros o pago alguno por servicios que se intercambien con ellos. Es decir, prohíbe la compensación.

Expertos consultados por Univision no solo coinciden en que esta cláusula y otros códigos de ética e incluso las leyes anti-soborno cobijan también a la máxima cabeza del ejecutivo, en contravía con lo que le dijo Trump al New York Times: que un presidente no puede tener conflictos de interés.

“Esta cláusula asentada en la Constitución, que es la primera cláusula que legisla sobre conflictos de intereses, por supuesto que cubre al presidente. Tiene todo el sentido en los términos de la historia legislativa”, aseguró a Univision Norman Eisen, becario visitante de Brookings Institute in DC, quien fue el principal abogado de ética de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama entre el 2009 y el 2011.

Eisen fue quien elevó consultas ante el Departamento de Justicia para saber si Obama podría recibir el premio Nobel de Paz , que le fue otorgado en Oslo en 2009, sin entrar en ningún conflicto de interés.

“Quien le entregó el premio fue la entidad privada del Nobel no el gobierno Noruego por lo cual no había la violación de la ley, pero en el caso de Trump, la naturaleza de sus negocios es mixta. Allí hay inversión pública y privada. Al trabajar en el mercado de bienes raíces, Trump necesita conseguir licencias de construcción, o negociar con terrenos que por ejemplo sean propiedad del gobierno. Es muy complejo”, agrega Eisen, quien también ofició como embajador ante la República Checa.

De acuerdo al sitio web de la Organización Trump , el negocio familiar de la dinastía tiene intereses inmobiliarios en varios continentes, el portafolio de golf de Trump incluye “adquisiciones recientes en Escocia, Irlanda y los Emiratos Árabes Unidos”, y hay planeadas nuevas inversiones en áreas “desde Europa del Este hasta el Sudeste Asiático, Medio Oriente, Suramérica, China continental y Estados Unidos”.

En las escasas dos semanas transcurridas desde su elección como presidente, Trump se reunió con el político británico Nigel Farage a quien le pidió oponerse al tipo de parques eólicos que podrían limitar la vista de uno de sus dos campos de golf escoceses. También según reportes de prensa hizo una llamada al presidente argentino, Mauricio Macri, para que le ayudara a conseguir una autorización para su proyecto de rascacielos en el centro de Buenos Aires.

“Las formas en que puede quebrantar la ley con el objeto de beneficiar sus negocios son muchas”, continúa Eisen. “Desde que renta una de sus habitaciones en los hoteles Trump a funcionarios de un gobierno extranjero, hasta si recibe regalos o prebendas (como favoritismos en licencias) que puedan significar la espera de algo en retorno, el llamado quid pro quo. Hay una línea muy delgada para leer esos intercambios como sobornos a cambio de influencia política”.

Incluso si Trump rentara las habitaciones de sus hoteles a precios fuera de los estándares del mercado, sus inmediatos competidores podrían sentir que sus negocios se perjudican e iniciar una litigación civil por competencia desleal. “ Yo creo que es imperante que el señor Trump nombre a un consejero de ética pues tiene un montón de conflictos con la ley que pueden ser un precedente para una investigación del Congreso que podría terminar en un impeachment”, advirtió el experto.

Confianza ciega

Hoy día todos los ojos están sobre Trump, pero lo cierto es que esta cláusula también aplicaba en la controversia sobre las contribuciones a la Fundación Clinton hechas por gobiernos extranjeros mientras Hillary Clinton era Secretaria de Estado.

Las leyes anti-soborno y el Código de regulaciones federales, una carta de navegación de los estándares de conducta ética para empleados de la rama ejecutiva, son las versiones modernas de esa cláusula de emolumentos. En 1966 el congreso promulgó la Ley de Regalos y Decoraciones Extranjeras, que proporciona una orientación mucho más específica sobre qué tipos de regalos pueden darse en contextos diplomáticos y su valor.

Todas estas cobijan a Trump por igual aunque muchas de las decisiones sobre su posible violación recaigan en análisis del Congreso, que en teoría debe alertar sobre cualquier tráfico de influencias.

Los expertos recomiendan que para empezar, “Trump ponga cuanto antes sus activos en un blind trust”, aseguró a Univision, David Abraham, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Miami. “Ha sido de una gran tradición en todos los partidos políticos en las últimas cuatro décadas que quienes ocupan cargos ejecutivos creen estos fideicomisos independientes para istrar sus bienes”, añade.

Se les llaman ciegos porque el presidente deposita en otros las decisiones sobre sus inversiones, cómo pueden ser usadas, canjeadas, o vendidas, disminuyendo así el conflicto de interés con socios que en el fondo, él desconoce. Aunque crear un fondo de esta naturaleza, no es una obligación legal, ningún presidente desde Jimmy Carter ha dejado de hacerlo. Y tampoco ningún presidente, hasta Trump, había tenido tantos potenciales conflictos de interés.

“Por los negocios de Trump en China y su amenaza de desatar una guerra comercial con ese país, claramente necesita que haya otra cabeza en Asia sobre sus empresas y no la suya”, agrega Abraham.

Otro de los inconvenientes para medir el grado de conflicto en el que el presidente Trump pueda verse envuelto, tiene que ver con una exigencia permanente que se hizo durante la campaña y sobre la que al final los ciudadanos nunca tuvieron respuesta: la publicación de sus impuestos.

“Mientras el presidente Trump no haga públicos sus impuestos también es imposible saber cuántas compañías tiene, la naturaleza de ellas, si son públicas o privadas”, advierte Allan Litchman, profesor de historia de la American University en Washington DC.

Para Litchman, Trump representa "una amenaza única a nuestros complejos asuntos de seguridad nacional si no hay transparencia de qué implican esos tratos que haga con gobiernos de países donde tiene sus negocios”.

“Si hay un negocio del que debe ocuparse es el de manejar el país. Debe enfocarse en ganar la confianza de la gente que votó por él y de la mitad que no lo hizo”, puntualiza el experto.