Trump habla de salud mental para explicar la masacre de Parkland cuando hace un año él agravó el problema
Inmediatamente después del Donald Trump achacó la culpa a la “enfermedad mental” del joven acusado de cometer la matanza.
Cada vez que se produce una masacre en un lugar público en EEUU, los que defienden lo que consideran el sacrosanto derecho consagrado en la Constitución a portar armas, argumentan que las armas no matan, sino la gente que las usa y que el problema no es la facilidad que existe en EEUU para adquirirlas, sino los desequilibrios mentales de quienes cometen los crímenes.
En su mensaje la mañana del jueves desde la Casa Blanca, supuestos desajustes que padecería el pistolero y sin tocar, ni siquiera nombrar, a las armas como parte del cuadro a resolver.
No es raro que el presidente se refugie en la trinchera semántica que usa el lobby de las armas capitaneado por la Asociación Nacional del Rifle. Lo ha hecho cada vez que se ha producido un evento de estos, como en Las Vegas en octubre.
Pero lo notable es que lo hace cuando precisamente su gobierno debilitó controles que buscaban impedir que personas registradas por problemas mentales adquieran armas. Y justo luego de presentar esta semana un proyecto de presupuesto para 2019 que recorta en 30% de los fondos del Instituto Nacional de Salud Mental.
Controles derogados
En febrero del 2016, Trump firmó una ley que desmontó en bloque muchas de las últimas regulaciones que dejó Barack Obama. Entre ellas estaba una que el expresidente firmó en diciembre que metía en la base de datos nacional para la revisión de antecedentes a personas que recibieran cheques de la Seguridad Nacional por enfermedades mentales y aquellos considerados incapacitados para manejar sus finanzas.
De haber entrado en vigencia, unas 75,000 personas habrían sido añadidas al registro que se usa para certificar que el comprador de un arma no tiene en su historial algo que le impida poseer un arma de fuego.
Cuando en 2013, después de la masacre de 20 niños en la escuela Sandy Hook de Connecticuit en diciembre de 2012 y cuando finalmente el presidente Obama la promulgó, la regla fue muy criticada por grupos pro Segunda Enmienda que cuestionaban una violación de un derecho constitucional.
Paradójicamente, algunos grupos de defensa de los derechos de personas con discapacidad, aunque favorables a los esfuerzos por reducir la violencia armada, tampoco vieron con buenos ojos la iniciativa porque temían que sirviera de precedente para cortar a otras áreas.
La Asociación de Libertades Civiles apoyó la posición de la NRA, aunque en su caso argumentaba que la decisión de Obama “refuerza los dañinos estereotipos de que la gente con discapacidades mentales, un grupo vasto y diverso de ciudadanos, son violentos".
Finalmente, en febrero de 2017 el Congreso aprobó una inusual Medida de Revisión de Leyes que permite a los parlamentarios anular decisiones tomadas por el poder ejecutivo con la que eliminó varias normas para protección ambiental, regulación financiera y la regla para incluir a personas con historial de enfermedades mentales en Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes.
El presidente la firmó, sin anuncio ni fanfarria, en contra del estilo que venía exhibiendo en aquellos primeros días de su mandato, cuando aprovechaba para promover cuanto documento firmaba.
Argumento engañoso
No es que a la NRA no le gusten las listas excluyentes. Pocos días después de la masacre de Sandy Hook, el jefe ejecutivo de la organización, Wayne LaPierre, asomó la idea de crear un registro para que gente perturbada no pueda acceder a las armas.
“¿Cómo podemos siquiera suponer cuántos (enfermos mentales hay) visto que nuestra nación se rehúsa a crear una base de datos nacional para los mentalmente enfermos?”, dijo LaPierre en lo que era la primera reacción del NRA a la tragedia de Connecticut.
Desde la Ley de Control de Armas de 1968 está prohibido vender armas a personas que han estado internadas por problemas mentales o han sido identificadas con problemas de salud mental. Al menos 38 estados tienen algún tipo de control, según el Centro para la Prevención de la Violencia Armada.
Pero no se trata de controles estandarizados, por lo que se da el caso de personas que bajo la ley federal no deberían tener a armamentos, pueden hacerlo en ciertos estados.
Fue el caso del pistolero de Virginia Tech en 2007, a quien un juez de Virginia declaró como un peligro para sí mismo, pero esa información nunca fue transmitida al registro federal porque no era algo que exigiera la ley estatal.
En cualquier caso, el argumento de la salud mental es engañoso. De acuerdo con un estudio publicado en 2016 por dos investigadores de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, James Knoll y George Annas, “tiroteos masivos por parte de personas con serias enfermedades mentales representa menos de 1% de los homicidios anuales por armas”.
En aquella conferencia de prensa LaPierre sugirió otras maneras para reducir la recurrencia de los tiroteos masivos en las escuelas: no darle tanta cobertura en medios de comunicación, permitir que se porten armas en los alrededores, censurar películas y videojuegos violentos, poner guardias armados en las escuelas y, sobre todo, no “perder precioso tiempo debatiendo legislación que no funcionará”.
“No debemos permitir que nuestros prejuicios políticos o personales nos dividan”, dijo LaPierre, resumiendo lo que es la respuesta tipo de los promotores del uso de armas cuando hay algún incidente violento, que cualquier debate sobre controles solo genera un interminable debate político.
Acuerdo imposible
Lamentablemente, la historia de la última década muestra que LaPierre tiene razón en aquello de que el debate sobre las armas es divisivo e infructuoso, en buena medida por la influencia que ejerce la NRA en Washington con sus donaciones a políticos y la inversión en cabildeo.
Un mes después de Sandy Hook, el Senado votó 60 a 40 contra una propuesta de la senadora demócrata por California Dianne Feinstein para retomar la prohibición de la venta de armas de asalto como estaba prevista en la ley que venció en 2000.
En esa ocasión 15 demócratas se sumaron a la bancada republicana para oponerse al proyecto.
Desde entonces, los congresistas no han considerado ninguna iniciativa seria para establecer un mayor control de armas, pese a los centenares de muertes que se han producido en tiroteos masivos y decenas de miles en incidentes con armas.
El diálogo es complicado porque, aunque las dos partes reconocen en la trágica muerte de inocentes un problema que requiere acción, las propuestas están en planos diferentes que nunca se tocan. Se habla dos lenguajes distintos.
