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    Trump bloquea información al Congreso sobre la polémica pregunta de ciudadanía del censo

    Horas después de que el presidente usara el privilegio ejecutivo para bloquear el al Congreso a los documentos sobre la decisión de incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo, un comité de la Cámara de Representantes recomendó declarar en desacato al fiscal general William Barr y al secretario de Comercio Wilbur Ross por no cooperar.
    12 Jun 2019 – 11:15 AM EDT
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    El presidente Donald Trump ha invocado el privilegio ejecutivo para negarle a la información al Congreso sobre la polémica pregunta de ciudadanía del Censo 2020, indicó el Departamento de Justicia este miércoles.

    Este jueves el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes declaró al secretario de Justicia, William Barr y al de Comercio, Wilbur Ross, en desacato, por negarse a cumplir con las citaciones que les fueron hechas para explicar al parlamento las razones que llevaron al gobierno a incluir la pregunta de ciudadanía.

    Justo la víspera, el pleno de la cámara había votado para autorizar al Congreso a abrir acciones judiciales contra Barr, luego de que el Comité Judicial lo declarara en desacato por no aportar el informe del fiscal espacial Robert Mueller sobre la injerencia de Rusia en las elecciones y la posible obstrucción de justicia en la que pudo haber incurrido el presidente Trump.

    La votación del comité quedó en líneas partidistas 24 a 15, con el voto solitario de un republicano crítico del presidente Trump, Justin Amash, de Michigan, uniéndose a la bancada demócrata.

    Barr ya había advertido un día antes al comité que si avanzaba con la votación sobre el desacato pediría al presidente que usara el privilegio para bloquearles a los materiales. El comité rechazó la amenaza y este miércoles se alistó para declarar en desacato a Barr.


    En la opinión del Departamento de Justicia, esta invocación de Trump liberaría del desacato a Barr porque impediría que el fiscal general entregue documentos que el presidente bloqueó.

    Desde Twitter, el comité citó a su presidente, el congresista Elijah Cummings: "Lo que hemos obtenido hasta ahora en esta investigación es preocupante".

    "Hemos obtenido evidencia que muestra que el secretario Wilbur Ross estaba presionando agresivamente a su personal para que agregue la pregunta de ciudadanía meses antes de cualquier solicitud del Departamento de Justicia, en la primavera de 2017, y lo hizo a instancias de la Casa Blanca".

    "También tenemos evidencia de que los asesores del presidente Trump comenzaron a discutir la pregunta de la ciudadanía mucho antes de que asumiera el cargo (...) Aunque tenemos información limitada, se nos ha impedido determinar la razón real por la cual la istración trató de agregar la pregunta de ciudadanía", indicó el comité.

    La crítica importancia de esa pregunta

    Preguntarle a una persona censada si es o no ciudadano estadounidense hará que millones que tienen problemas migratorios, que tienen parientes con problemas de ese tipo o que son indocumentados no respondan las preguntas por temor. Y si eso sucede, los datos del Censo 2020 estarán distorsionados.

    Eso es relevante porque decisiones vitales del gobierno federal, como por ejemplo partidas presupuestarias, se toman en base a los datos de población arrojados por el censo.

    La inclusión de la pregunta es vista por los críticos como una iniciativa de la línea más dura del gobierno de Trump para desfavorecer áreas con altos números de migrantes.

    Las intenciones detrás de la pregunta

    A pocas semanas de que la Corte Suprema presente su decisión sobre la constitucionalidad de la pregunta de ciudadanía, días atrás se hallaron documentos que sugieren que esa idea busca un beneficio político para el Partido Republicano y evadir la Ley de Derechos del Votante, como argumenta el gobierno.

    Archivos hallados de un destacado estratega republicano fallecido el año pasado sugiere que reintroducir el polémico tema décadas después de salir del Censo es parte de un plan para darle ventaja electoral a los republicanos, perjudicando a votantes de minorías, en especial los latinos.

    Los papeles pertenecían a Thomas Hofeller, un estratega considerado el arquitecto del diseño de distritos políticos. Estos 'rediseños' han sido dibujados desde los años 80 para dar ventaja al Partido Republicano.

    Los documentos muestran que Hofeller concluyó en 2015 un estudio en el que determinó que sumar la pregunta en el Censo 2020 “será claramente una desventaja para los demócratas (…) y una ventaja para republicanos y blancos no hispanos” a la hora de dibujar los distritos electorales. Luego promovió la idea con el gobierno de Trump en 2017.


    La hija de Hofeller, Stephanie Hofeller Lizon, encontró por accidente los documentos en los discos duros de su padre. Ella se los entregó a la organización Common Cause, un grupo que participa en una demanda contra el estado de Carolina del Norte por el diseño de distritos políticos supuestamente con motivaciones partidistas republicanas.

    Hofeller “jugó un rol significativo en orquestar la adición de la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020 para crear una ventaja electoral estructural para, en sus propias palabras, ‘republicanos y blancos no hispanos’”, según una carta que los abogados que representan a grupos que demandan al gobierno enviaron al juez de distrito Jesse Furman, uno de los tres que ha fallado en contra de la pregunta.

    Esos documentos contradicen los testimonios que dio Mark Neuman, el asesor del secretario de Comercio, Willbur Ross, y John Gore, un funcionario del Departamento de Justicia, quienes han declarado ante los tribunales en defensa de la inclusión de la pregunta.

    No está claro si esta nueva evidencia podrá ser presentada ante la Corte, que ya escuchó los argumentos de las partes el pasado 23 de abril y que se prepara para dar su sentencia a finales de junio. En esa sesión muchos analistas interpretaron que los jueces considerados conservadores -la mayoría en la corte- parecieron ser más comprensivos con la posición del gobierno.

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