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    Trump y el asalto al Capitolio: diferencias entre lo que investigan el Congreso y Departamento de Justicia

    El Departamento de Justicia está analizando en una investigación criminal las acciones Trump y sus esfuerzos para anular los resultados electorales de 2020. El comité selecto de la Cámara de Representantes considera que el expresidente fue el instigador de una dinámica que desembocó en violencia.
    Publicado 28 Jul 2022 – 07:00 AM EDT | Actualizado 28 Jul 2022 – 07:31 AM EDT
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    Luego de los reportes de medios de que el la que lleva adelante el Comité Selecto del 6 de enero.

    La principal diferencia entre ambas investigaciones está en las consecuencias que pueden acarrear las mismas para quienes son objeto de las investigaciones (principalmente para Trump), pero no termina allí.

    Ya se sabía que el Departamento de Justicia (DOJ) estaba investigando la insurrección protagonizada por seguidores de Trump que el 6 de enero del 2021 irrumpieron violentamente en el Capitolio para interrumpir el proceso democrático de certificación de votos del Colegio Electoral que sellaban la victoria de Joe Biden.

    Pero lo que no se sabía era el alcance de la pesquisa que, ahora se conoce, llega hasta las acciones del mismo Trump. Estas son las claves para entender el tamaño 'histórico' de esta investigación del DOJ y la diferencia con lo que está haciendo el Congreso.

    1- La investigación del DOJ sobre las acciones de Trump

    El trabajo del DOJ hasta el momento ha llevado tres etapas.

    La primera, tiene que ver con la investigación sobre los insurrectos específicamente: allí se identificaron a decenas de los atacantes que estuvieron ese 6 de enero en el Capitolio y muchos de ellos fueron detenidos, algunos encarcelados por diferentes cargos.

    La segunda, se extendió sobre la estrategia de los aliados de Trump conocida como 'falsos electores'. El DOJ aquí lanzó una pesquisa específicamente sobre la estrategia de aliados de Trump que elaboraron listas falsas de electores en algunos estados muy disputados, como Georgia y Arizona, e intentaron presentarlas al Congreso sin tener la debida certificación del estado. Buscaban crear confusión y retrasar la certificación del resultado electoral. Eso puede ser considerado un intento de fraude electoral.

    Ahora, se sabe que hay una tercera etapa en movimiento y llega a lo más alto: las acciones del mismo Trump para alterar el resultado de la elección. Reportes indicaron que los fiscales que están interrogando a testigos ante un gran jurado, incluidos dos importantes asesores del exvicepresidente Mike Pence.

    En los interrogatorios se indagó sobre conversaciones con Trump, abogados y aliados. Los fiscales han hecho "preguntas detalladas sobre las reuniones que Trump dirigió en diciembre de 2020 y enero de 2021; su campaña de presión sobre Pence para anular las elecciones; y qué instrucciones dio Trump a sus abogados y asesores sobre electores falsos y el envío de electores a los estados", indicó The Washington Post, citando sus fuentes.

    También están inspeccionando registros telefónicos de alto personal de la Casa Blanca de Trump. Esas preguntas pueden ser pistas de lo que el DOJ está observando y lo nuevo aquí es que se están investigando las acciones de un presidente, algo que no había sucedido antes.

    2- ¿Cuál es la diferencia con la investigación del Congreso?

    Esta pesquisa del Departamento de Justicia es separada de la investigación que lleva adelante el Comité Selecto de la Cámara Baja.

    Tras poco más de un año de trabajo, durante el cual han interpelado a centenares de personas, el comité realizó 8 audiencias públicas en las que dibujó a un Trump instigador y último responsable de generar una dinámica, mediante la difusión de la 'gran mentira' de que hubo fraude en las elecciones, que desencadenó la violencia contra la sede del Congreso.

    Pero las conclusiones que finalmente se presenten en el eventual informe que redacte la comisión no implicarán sanción alguna para Trump y quienes le ayudaron en el esfuerzo, más allá de la condena moral y el potencial impacto político.

    Es de esperar que si el comité hallara que las acciones del expresidente y su círculo fueron un "intento de golpe de Estado", la tesis que ha venido presentando en sus audiencias públicas, remita sus conclusiones al Departamento de Justicia con la recomendación de que se abra una investigación criminal.

    Como hemos visto, esa investigación ya parece estar en curso. A diferencia del Congreso, el DOJ tiene el poder de hacer investigaciones criminales, hacer acusaciones y eventualmente presentar cargos contra los investigados.

    3- ¿Trump podría tener cargos en su contra?

    La investigación del DOJ ha dado como resultado cientos de cargos penales contra decenas de revoltosos (algunos tras reconocerse culpables y otros en juicios), pero aun es muy pronto para decir si Trump o algún allegado podrían enfrentar cargos formales.

    Durante más de un año, muchos criticaron al DOJ por no iniciar pesquisas sobre los intentos de Trump de subvertir las elecciones presidenciales. Ahora que se sabe que hay indagaciones sobre el expresidente, no se conoce el alcance y las informaciones están sumamente protegidas, como corresponde cuando hay procesos en marcha sobre los que los fiscales no comentan.

    Según el reporte de The Washington Post hay dos pistas que el DOJ evalúa que podrían ampliar la pesquisa sobre Trump: uno es sobre conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un proceso gubernamental; el otro es sobre posible fraude asociado con el esquema de falsos electores o con las presiones que Trump y sus aliados pudieron haber ejercido contra funcionarios electorales y del propio DOJ.

    Lo cierto es que nunca un expresidente estadounidense ha sido acusado de un delito y el DOJ, siempre celosos de su relativa independencia dentro del Poder Ejecutivo, siempre ha evitado cuidadosamente no investigar a estas personalidades políticas para que la Justicia no sea potencialmente usada como arma para usar contrincantes políticos y evitar sesgos de politización en su trabajo.

    Los casos del expresidente Richard Nixon (1969-1974) y Bill Clinton (1992-2000) muestran cómo el DOJ ha balanceado casos esos políticamente delicados.

    Nixon, quien renunció por su responsabilidad en el caso de espionaje político del Watergate, quedó protegido de cualquier proceso criminal gracias al amplio (y cuestionado) perdón presidencial que le otorgó su sucesor, Gerald Ford. Clinton evitó ser procesado tras superar el impeachment en el Congreso por mentir al FBI en el caso de su amorío con Monica Lewinsky.

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