Juez federal suspende las licencias forzadas para miles de empleados de USAID por parte del gobierno de Trump
Un juez federal pausó este viernes la orden del gobierno de Donald Trump para que 2,200 empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pasaran a estar en licencia con goce de sueldo desde la próxima medianoche.
El juez Carl Nichols respondió así a la demanda interpuesta un día antes por dos grupos de trabajadores de la agencia, que alegan que Trump no tiene autoridad legal para desmantelar una agencia de cooperación con seis décadas de antigüedad consagrada en la legislación del Congreso.
Los funcionarios del gobierno “no reconocieron las consecuencias catastróficas de sus acciones, tanto en lo que respecta a los trabajadores estadounidenses, a las vidas de millones de personas en todo el mundo y a los intereses nacionales de EEUU”, dice la demanda.
"CIERRENLA", escribió Trump este viernes en redes sociales sobre USAID.
Un grupo de funcionarios de USAID que hablaron con periodistas este viernes rebatieron las afirmaciones del secretario de Estado Marco Rubio de que los programas más esenciales para salvar vidas en el extranjero estaban recibiendo exenciones para continuar.
Sin fondos y con casi todos los empleados obligados a dejar sus puestos (con la excepción de menos de 300 trabajadores esenciales), la agencia “ha dejado de existir”, dijo un funcionario.
Apenas 600 empleados de USAID conservarían sus puestos
La istración Trump y su aliado multimillonario Elon Musk, que dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental encargado de recortar el presupuesto, han atacado a USAID intensamente en las últimas semanas.
El gobierno dijo a los funcionarios de USAID el jueves que planeaba salvar a 297 empleados de las licencias y suspensiones globales ordenadas para al menos 8,000 empleados y contratistas, según empleados de USAID.
A última hora del jueves, se realizó una nueva lista de 611 empleados que permanecerían en su trabajo, muchos de ellos para gestionar el regreso a casa de miles de empleados, contratistas y sus familias trasladadas al el extranjero, dijeron los funcionarios.
El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, confirmó esa cifra de 611 en la audiencia realizada este viernes en el tribunal.
Los funcionarios y empleados de USAID hablaron bajo condición de anonimato debido a una orden de la istración Trump que les prohíbe hablar públicamente.
Algunos de los empleados y contratistas restantes, junto con un número desconocido de 5,000 empleados contratados localmente en el extranjero, se encargarían de los programas que salvan vidas y que el gobierno dice que tiene la intención de mantener por ahora.
No está claro si esas reducciones serían permanentes o temporales, lo que potencialmente permitiría que más trabajadores regresaran después de lo que el gobierno de Trump define como una revisión de qué programas de ayuda y desarrollo quiere reanudar después.
Trump y Musk han hablado sobre trasladar los programas que sobrevivan a esta purga al Departamento de Estado.
Dentro del propio Departamento de Estado, los empleados temen reducciones sustanciales de personal después de la fecha límite para la oferta del gobierno de recibir compensaciones e incentivos financieros para que los trabajadores federales renuncien. Sin embargo, un juez bloqueó temporalmente esa oferta y fijó una audiencia para el próximo lunes.
30 días a empleados de USAID para volver a EEUU
A principios de esta semana, el gobierno dio a casi todo el personal de USAID destinado en el extranjero 30 días, a partir del viernes, para regresar a EEUU. El gobierno pagaría sus gastos de viaje y mudanza.
En un aviso publicado en el sitio web de USAID a última hora del jueves, la agencia aclaró que ninguno de los empleados en el extranjero que estaban en licencia se vería obligado a abandonar el país donde trabaja. Pero dijo que los empleados que decidieran quedarse más de esos 30 días podrían tener que cubrir sus propios gastos, a menos que recibieran una exención específica por determinadas dificultades.
Rubio dijo este jueves que el gobierno ayudaría a los empleados a regresar a casa en 30 días "si así lo deseaban", y que escucharía a aquellos con condiciones especiales.
Insistió en que estas medidas son la única manera de obtener cooperación porque los empleados estaban trabajando "para hacer los pagos a escondidas y que se realicen a pesar de la orden de suspensión" de la asistencia al extranjero. Los empleados de la agencia niegan sus acusaciones de obstrucción.
Rubio dijo que el gobierno seguirá proporcionando ayuda extranjera, "pero será una ayuda extranjera que tenga sentido y esté alineada con nuestro interés nacional".
Los legisladores demócratas y otros dirigentes calificaron la medida de ilegal, al no contar con la aprobación del Congreso.
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