Juez bloquea deportaciones exprés de inmigrantes a países de los que no son ciudadanos sin que puedan apelar
Un juez federal bloqueó temporalmente este viernes las deportaciones exprés realizadas por el gobierno de Donald Trump a un país diferente al de origen de los inmigrantes, sin darles la oportunidad de apelar y argumentar, si fuera el caso, que esto podría poner en peligro sus vidas.
El juez de distrito Brian Murphy en Boston, designado en su día por Joe Biden, emitió una orden de restricción temporal a nivel nacional, en respuesta a la demanda que la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración presentó el domingo en Boston.
La orden permanecerá vigente temporalmente, mientras el caso avanza en los tribunales.
No pueden ser deportados a "lugares donde su vida o su libertad puedan estar amenazadas"
La decisión de Murphy está fundamentada en una ley federal que limita las deportaciones a lugares donde la vida o la libertad de los deportados podrían estar amenazadas.
El juez citó además un tratado de Naciones Unidas contra la tortura, argumentando que los migrantes cuentan con protección contra su deportación a países donde corran el riesgo de ser torturados.
El Departamento de Justicia argumenta que permitir que las personas impugnen la deportación a un tercer país tras perder casos de inmigración interferiría con la aplicación de la ley.
El juez respondió a la demanda interpuesta por cuatro migrantes, no identificados, originarios de Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala.
Dos de ellos, que se encuentran libres en Estados Unidos, temen ser deportados cuando acudan a sus citas de con las autoridades migratorias, mientras que otro se encuentra recluido en una prisión del condado de Massachusetts.
El cuarto de los demandantes "permanece escondido en Guatemala", donde "es muy probable que sea perseguido", según se lee en la demanda.
Las deportaciones exprés violan "garantías constitucionales y leyes federales", según la demanda
La demanda alega también que las prácticas de deportación del gobierno de Trump violan la garantía constitucional del debido proceso, así como varios preceptos de la Ley de Procedimientos istrativos.
La orden de Murphy solo afecta a aquellos migrantes cuyos casos ya han sido litigados por un tribunal de inmigración y contra quienes se ha emitido una orden final de deportación.
Murphy presidirá una nueva audiencia el próximo 10 de abril para considerar una orden judicial preliminar más duradera que la de este viernes.
Kathleen Bush-Joseph, analista de políticas del Instituto de Política Migratoria, dijo al diario The New York Times que el caso forma parte de una serie de demandas centradas en los esfuerzos del gobierno de Trump para deportar migrantes rápidamente.
"Esto afectará la capacidad del gobierno para llevar a cabo deportaciones de alto perfil a terceros países, como las de Panamá, Costa Rica y El Salvador", declaró.
El gobierno alega tener la autoridad para eludir gran parte de ese proceso utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual empleó para deportar a más de 200 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador.
Otro juez también Corte Suprema.
Con información de The Associated Press.
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