Qué implicaciones tiene que el gobierno de Trump haya retirado una demanda contra Idaho para garantizar el al aborto de emergencia
El Departamento de Justicia de la nueva istración de Donald Trump decidió abandonar el caso por el derecho al aborto de emergencia en Idaho, una batalla legal iniciada por el gobierno de Joe Biden.
En 2022, poco después de que la Corte Suprema anulara el histórico fallo Roe vs. Wade que daba protección constitucional al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno de Biden demandó a Idaho por su restrictiva ley estatal para prohibir el procedimiento.
La norma en cuestión convierte al aborto en un delito con pena de hasta cinco años de cárcel para quien lo realice o ayude, y cuestiona que se practique en las salas de emergencia de un hospital si no está en juego claramente la vida de la mujer.
En aquel momento, el Departamento de Justicia impugnó la ley de Idaho, argumentando que violaba la ley federal EMTALA.
La EMTALA o Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo es una legislación de casi cuatro décadas, exige que los hospitales que reciben fondos de Medicare brinden un tratamiento estabilizador de emergencia a toda paciente que lo necesite, incluidas las embarazadas.
Una de las muy escasas excepciones de la prohibición de Idaho al aborto es que la vida de la madre esté en peligro, pero no necesariamente su salud, lo que, según el gobierno federal, va en contra de la EMTALA.
Tras la demanda del Departamento de Justicia a la ley de Idaho, una corte federal emitió una orden preliminar que impedía al estado encarcelar a los médicos por brindar atención de emergencia a una paciente embarazada, incluido un aborto, de ser necesario. La orden fue levantada en enero de 2024 pero la Corte Suprema volvió a ponerla en vigor en junio.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema, que entonces actuó a favor del gobierno de Biden, fue limitada: si bien suspendía temporalmente las sanciones penales y civiles contempladas en la prohibición estatal de Idaho al aborto, y por lo tanto, permitía que se realizaran abortos en el estado como un tratamiento médico estabilizador de emergencias bajo la ley EMTALA, no resolvió legalmente qué atención deben brindar los hospitales y si la ley federal puede reemplazar la prohibición del aborto de un estado. La decisión dejó abierta la puerta a que el caso volviera a tribunales inferiores para su litigio.
La cuestión jurídica clave de este caso era si existe un conflicto directo entre las excepciones limitadas para la atención del aborto bajo la prohibición de Idaho y los requisitos más amplios exigidos a nivel federal a los proveedores médicos bajo la ley EMTALA.
Las implicaciones de la retirada del caso contra la ley antiaborto de Idaho
La decisión del Departamento de Justicia de abandonar el caso no implica que el aborto vaya a quedar prohibido inmediatamente en las salas de emergencia de Idaho. El sistema hospitalario St. Luke's, el más grande de ese estado, presentó su propia demanda a principios de este año y justo el martes consiguió una orden de restricción temporal que mantiene el al aborto en las salas de emergencia por el momento. Sin embargo, no está claro cuál será el recorrido de esa demanda ni qué podría pasar si el caso Idaho vuelve a la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
También se espera que el hecho de que el Departamento de Justicia haya desestimado el caso contra Idaho puede animar a otros estados a ampliar aún más sus leyes contra el aborto.
Deirdre Shifeling, directora política y de defensa de derechos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), destacó el impacto que tuvo la restrictiva ley antiaborto de Idaho durante los seis meses de 2024 en que fue aplicada: "Las consecuencias fueron devastadoras. Los hospitales se vieron obligados a trasladar a sus pacientes en avión fuera del estado o esperar a que sus condiciones empeoraran antes de que los médicos pudieran intervenir y proporcionar atención crítica para salvar la salud y las vidas de sus pacientes".
Por su parte, Alexis McGill Johnson, presidenta y directora general de Planned Parenthood Federation of America, denunció que en casos como el de Idaho "las personas embarazadas sufren consecuencias potencialmente mortales".
"Los habitantes de Idaho ya han pasado por suficientes traumas, incluyendo mujeres que han sido trasladadas por vía aérea fuera del estado para recibir atención que debería estar disponible en cualquier sala de urgencias", declaró Johnson en un comunicado.
La decisión del gobierno de Trump también aumenta las preocupaciones de que, al igual que hicieron en este caso, se retiren de una larga batalla legal por el a la píldora abortiva mifepristona.
“Creo que su decisión de abandonar este caso contra Idaho realmente muestra cuáles son sus verdaderas prioridades: impulsar una agenda política contra el aborto en lugar de apoyar las vidas, la salud y el bienestar de las mujeres embarazadas y las personas, no solo en Idaho sino en todo el país, porque este caso tiene un impacto de largo alcance”, declaró Brittany Fonteno, presidenta y directora ejecutiva de la Federación Nacional del Aborto.
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