La Corte Suprema desestima otra demanda contra la orden de Trump que excluye a inmigrantes indocumentados del censo
La inmigrantes indocumentados del censo, que se usa para asignar escaños en la Cámara de Representantes y la distribución de fondos federales.
En su dictamen, el máximo tribunal estadounidense señaló que “el caso es anulado” y lo remitió a las cortes del Distrito Norte de California y el Distrito de Maryland “con instrucciones de descartar por falta de jurisdicción”.
El comunicado señaló que el dictamen de este lunes sigue a una orden similar emitida por la Corte Suprema que desechó este mes de diciembre como "prematura" una demanda presentada en una corte de Nueva York contra el intento de Trump de excluir a los indocumentados de las cifras del censo, dejando abierta esa posibilidad.
En esa ocasión, los seis jueces conservadores de la Corte, incluidos los tres designados por Trump y confirmados por la mayoría republicana en el Senado, señalaron que no está claro a cuáles inmigrantes el Gobierno excluiría, y opinaron que la demanda iniciada contra la intención del mandatario por más de 20 estados está "repleta de contingencias y especulación que impiden una revisión judicial".
Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan disintieron de las decisiones del Supremo esta vez, al igual que lo hicieron en el caso anterior.
El pasado 21 de julio, el presidente Trump firmó un memorándum firmó un memorándum para impedir que los indocumentados fuesen considerados dentro del Censo 2020. En los argumentos del documento distribuido por la Casa Blanca, el presidente indica que “la Constitución no define específicamente qué personas deben ser incluidas en la base de repartición (de escaños en el Congreso)”.
“La discreción delegada en la rama ejecutiva para determinar quién califica como habitante incluye la autoridad para excluir de la base de repartición a extranjeros que están sin un estatus migratorio legal”, reza el texto del polémico memorándum.
Becerra dice que insistirán en la defensa de todos
En un comunicado emitido en respuesta al dictamen, el fiscal general de California, Xavier Becerra, sostuvo que “el objetivo de un censo completo y preciso es asegurar que todas nuestras voces sean escuchadas y que nuestros estados obtengan su porción de recursos para proteger la salud y el bienestar de todas nuestras comunidades”.
“Seguimos comprometidos con el principio de que todos cuentan. Aquí en California, continuaremos defendiendo a cada persona que llame hogar a nuestro estado”, añadió Becerra, quien también es el nominado del presidente electo Joe Biden para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Sociales.
El censo se realiza en Estados Unidos, por mandato constitucional, cada 10 años y de sobre sus resultados se distribuyen la representación de los estados en el Congreso federal y el Colegio Electoral, y miles de millones de dólares en fondos federales para educación, salud, vivienda, infraestructura y programas de asistencia social.
El censo también se usa como base de cálculo para el diseño de políticas públicas, como ampliación de zonas escolares o dotación de servicios públicos que respondan a la demanda del crecimiento (o decrecimiento) de la población.
