¿Fracasó la “guerra contra el terrorismo” que desató el 9/11?
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, todos los presidentes estadounidenses han sido esclavos de “la guerra contra el
terrorismo”.
Aunque inicialmente asociado al grupo terrorista Al Qaeda, este concepto ideado por el gobierno del presidente George W. Bush representaba la lucha contra un enemigo trasnacional e inasible.
Una semana después de los mayores atentados de la historia, el Congreso aprobó una resolución que autorizaba al comandante en jefe a hacer uso de la fuerza militar contra quienes tomaron parte en estos ataques o para evitar que se repitieran
En octubre, Bush promulgó también la Ley Patriota que dotó a las agencias federales de mayores poderes de vigilancia, y permitió la detención indefinida -y sin derecho a juicio- de inmigrantes presuntamente vinculados al terrorismo.
Un mes más tarde, el mandatario ordenó que los ciudadanos no estadounidenses presuntamente afiliados a Al Qaeda o los “enemigos combatientes” capturados en Afganistán y otros “frentes” de esa "guerra contra el terrorismo", fueran retenidos en una prisión en la base militar de Guantánamo, en Cuba.
Guantánamo se convirtió en un espacio extralegal donde a quienes eran recluidos les fue negado inicialmente cualquier protección constitucional y hasta las normas del derecho internacional que rigen los conflictos.
De los 780 hombres musulmanes que Washington encarceló en Guantánamo, 39 siguen en el centro de detención; 28 de ellos, sin cargos.
Hueco negro legal
A lo largo de las dos últimas décadas, numerosas organizaciones proderechos humanos han denunciado las condiciones bajo las que son procesados estos reos y el trato que han recibido durante los años.
“Fueron torturados y, luego, Estados Unidos ha intentado procesarlos en un sistema diseñado para ocultar este hecho y para proteger a los torturadores”, señaló a Univision Noticias Andrea Prasow, subdirectora de la oficina en Washington de Human Rights Watch.
A los reos en Guantánamo no se les reconoció la condición de prisioneros de guerra, por lo que carecen de las protecciones establecidas bajo la Convención de Ginebra, que regula el derecho internacional humanitario.
Durante el mandato del presidente Barack Obama se reconoció que, “inmediatamente después del 9/11”, EEUU hizo “algunas cosas que van en contra de nuestros valores”.
“Torturamos a algunos tipos”, itió Obama durante una conferencia de prensa en 2014.
Coincidiendo con el 20º aniversario de estos atentados, se han reanudado las audiencias previas al juicio de cinco presuntos artífices de los ataques.
Entre ellos, Jalid Sheij Mohammed, considerado el autor intelectual de los atentados. Todos ellos llevan 15 años en celdas de aislamiento en Guantánamo. La última vez que comparecieron en una audiencia fue en 2019, antes de que la pandemia del coronavirus detuviera los procedimientos.
Prasow considera que los esfuerzos del Gobierno por esconder las torturas perpetradas contra los reos es parte del motivo por el que los procesos judiciales se han prolongado durante más de una década.
“Si el juicio hubiera comenzado en 2005 con un total a pruebas, con abogados y jueces, podría haber concluido hace años”, asegura la subdirectora de Human Rights Watch, quien señala que los magistrados de estos procesos han sido remplazados en numerosas ocasiones. Denuncia, además, que los reos “están siendo procesado en un sistema de comisiones militares que no cumple con los estándares internacionales de un juicio justo”.
Hasta la fecha, todos los procedimientos judiciales en Guantánamo se retransmiten con unos segundos de retraso, lo que permite a las autoridades silenciar fragmentos. Un sistema que se ha utilizado en instancias en las que algunos reos han denunciado estar sometidos a torturas en las instalaciones.
La persistencia de Guantánamo
Obama no pudo cumplir su promesa de cerrar Guantánamo, un esfuerzo que se vio bloqueado por acciones del Congreso que buscaban impedir el traslado de los prisioneros restantes a cárceles en EEUU. Al final transfirió a más de 200 reos a otros países.
Donald Trump revirtió cualquier esfuerzo por clausurar el centro de detención y solo repatrió a uno de los retenidos.
Ahora, el presidente Joe Biden ha expresado sus intenciones de llevar a cabo el objetivo que se marcó Obama y, en julio, reinició el traslado de los retenidos.
Biden parece querer replantear la lucha antiterrorista de la que han estado cautivos sus antecesores. La salida definitiva de tropas de Afganistán, el 30 de agosto pasado, al cabo de una caótica operación de evacuación final, es muestra de ello.
“Hemos deteriorado a Al Qaeda y a Estados Islámico, y hemos reducido la amenaza de atentados a gran escala en nuestra patria”, destacó la asesora adjunta de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, el pasado miércoles.
En un discurso sobre el futuro de los esfuerzos antiterroristas, la funcionaria de la Casa Blanca reconoció que “las amenazas terroristas se han transformado y se han metastatizado”, por lo que Estados Unidos necesita diseñar sus nuevas estrategias “no para combatir las amenazas enfrentadas en septiembre de 2001, sino las amenazas que enfrenta ahora”.
En Washington se reconoce que la estrategia antiterrorista marcada tras el 9/11 ha quedado obsoleta.
William Braniff, director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y la Respuesta al Terrorismo (START, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Maryland, cree que el riesgo de atentados es ahora mayor que en 2001, y señala a las redes sociales como parte del motivo.
“La amenaza terrorista para Estados Unidos ha cambiado de muchas maneras. Hay más grupos, que operan en más países en todo el mundo, afiliados a Al Qaeda o a Estado Islámico. Por ello, en teoría, existen muchas más ubicaciones desde las que se puede lanzar un ataque contra los intereses nacionales estadounidenses”, aseguró a Univision Noticias Braniff.
El catedrático señaló también un aumento del terrorismo interno, por lo que la amenaza no se limita a organizaciones yihadistas, algo que destacan los informes de las agencias de inteligencia estadounidenses.
“Movimientos como el supremacismo blanco o los extremismos antigubernamentales, que se dan dentro de nuestras fronteras, han aumentado en los últimos años y presentan toda una serie de retos constitucionales sobre cómo abordar el terrorismo cuando los individuos que toman parte de estos actos están protegidos por los derechos de libertad de expresión y de asociación”, sostiene Braniff.
Sin embargo, Braniff destaca que Washington ha hecho una gran inversión en la lucha antiterrorista en los últimos 20 años y valora positivamente que un atentado de las magnitudes del 9/11 no se haya vuelto a producir.
“No digo que ahora no seamos vulnerables al terrorismo, sino que las probabilidades de que pase desapercibida la planificación de un atentado tan complejo, con 19 individuos y meses o años de preparación, es más baja ahora dentro del territorio continental estadounidense”, indica el director del START.
1 en 3,8 millones
Después de años estudiando los vínculos entre inmigración y terrorismo, Alex Nowrasteh, director de estudios migratorios del centro de pensamiento independiente Cato Institute, coincide con Braniff.
Asegura que, según las estadísticas recabadas entre 1975 y 2017, la probabilidad de ser asesinado por un extranjero en un atentado terrorista en suelo estadounidense se sitúa en torno a 1 entre 3,8 millones al año.
“Lo curioso es que el 99% de los asesinados en esos casos fueron asesinados por personas que llegaron al país con visado de turista”, destacó Nowrasteh a Univision Noticias, por lo que cree improbable que puedan infiltrarse terroristas procedentes de Afganistán entre los evacuados que está acogiendo EEUU con el repliegue de sus tropas.
El académico del Cato Institute cree que los atentados del 11-S como “un caso atípico y extremo” y considera que el Gobierno estadounidense ha invertido una cantidad “desmesurada” de fondos y recursos en la guerra contra el terrorismo.
“El número de vidas que se deberían haber salvado y el número de atentados que se deberían haber evitado para que el presupuesto invertido fuera razonable es tan alto, que no tiene sentido”, considera Nowrasteh.
Un estudio del Instituto Watson de la Universidad de Brown, publicado este mes, estima que, desde el 9/11, la lucha antiterrorista le ha costado a Estados Unidos más de 8 billones de dólares.
Esto incluye el gasto derivado de las guerras de Afganistán e Irak, más operaciones militares en Pakistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Filipinas. Como consecuencia de estos conflictos, 38 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus casas y más de 929.000 han perdido la vida, entre ellas, 364.000 civiles.
“Los estadounidenses tienen la tendencia a pensar que una guerra se puede ganar o perder, en vez de ponderar los riesgos. Creo que después del 9/11, fuimos víctima de esta idea y pensamos que podríamos ‘ganar’ en Afganistán y en Irak”, indica William Braniff.
“No ganamos en ninguno de los casos. El conflicto alimenta el terrorismo, y un conflicto prolongado y largo es oxígeno para las organizaciones terroristas. Esta es la gran lección que deberíamos haber aprendido”, concluye el catedrático de la Universidad de Maryland.
