Las señales contradictorias socavan la credibilidad de Estados Unidos en Honduras y Centroamérica
Un tuit, a primera vista inocuo, publicado el mes pasado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras felicitando al gobierno por la enmienda de una "ley de soberanía aérea" apenas recibió atención en ninguno de los dos países.Pero esta ley, combinada con las revelaciones publicadas por Univision el 15 de junio sobre la presunta participación del gobierno hondureño en el tráfico de cocaína, incluyendo al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH), debería ponernos los pelos de punta. El presidente niega cualquier participación en el plan.
Los cambios, en apariencia inocentes, en la Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo facilitarán la renovada cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y hondureñas. Esto implica que Estados Unidos compartiría inteligencia, probablemente incluyendo el seguimiento por radar de posibles narcoavionetas, con un gobierno extranjero encabezado por un co-conspirador no acusado en un caso de narcotráfico bajo investigación por parte del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Las últimas revelaciones de Univision involucraron la acusación de dos personas quienes presuntamente presenciaron un soborno de $1 millón destinado al presidente hondureño para proteger los cargamentos de drogas.
A modo de recordatorio, las acusaciones contra Hernández no son nuevas. Son apenas las últimas revelaciones en un caso de drogas que involucra al hermano del presidente, Tony Hernández, o 'TH' como se le conoce a veces. (Así es como presuntamente rubricaba sus cargamentos de cocaína)
TH fue declarado culpable por un tribunal federal en octubre pasado por, entre otras cosas, conspirar para importar a Estados Unidos hasta 200,000 kilogramos de cocaína y coordinar dos asesinatos. Durante el juicio, su hermano, el presidente, resultó implicado directamente en el plan.
El presidente Hernández gozaba del respeto de las autoridades estadounidenses en el período previo a su primera elección en 2013. Recibió elogios por su postura estricta contra el crimen organizado y por su disposición a extraditar líderes poderosos de la delincuencia hondureña.
El único problema en esta narrativa surgió con la aprobación de una ley en 2014 que, entre otras cosas, autorizaba a las fuerzas de seguridad hondureñasa interceptar y destruir aviones no identificados que atravesaran el espacio aéreo hondureño. Las fuerzas de seguridad hondureñas dependían en gran medida de la información de seguimiento de radar proporcionada por Estados Unidos, generada por un centro de fusión de inteligencia ubicado en Key West y conocido como la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur, o JIATF Sur (por sus siglas en inglés).
Pero el hecho de que Honduras confiara en la inteligencia estadounidense para derribar potencialmente aviones no identificados le atribuiría a Estados Unidos responsabilidad directa por cualquier error de cálculo o errores trágicos cometidos por las fuerzas de seguridad hondureñas.
Las autoridades estadounidenses le dejaron claro a JOH en 2014 que, si seguía con la idea de implementar la política del derribo, se le acabaría el a la inteligencia estadounidense procedente de la JIATIF Sur. Y así quedaron las cosas hasta mayo de 2020, cuando el congreso hondureño eliminó las disposiciones que impedían el a la información de seguimiento aéreo de Estados Unidos.
El panorama político hondureño ha cambiado significativamente desde 2014. JOH y su partido han estado profundamente envueltos en escándalos de corrupción desde principios de 2013 cuando se reveló que el saqueo del sistema de salud pública de la nación había beneficiado, en parte, los propios fondos de campaña del presidente.
El presidente Hernández se postuló a la reelección en 2017 con unas premisas legales bastante dudosas después de que la Corte Suprema del país dictaminara que la prohibición constitucional contra la reelección era, en sí misma, inconstitucional.
Las revelaciones más preocupantes surgieron del caso contra el hermano del presidente en Nueva York. Entre otras cosas, la acusación que resultó en la condena de TH declaró: "HERNÁNDEZ ganó millones de dólares mediante su tráfico de cocaína, y canalizó millones de dólares de ganancias generadas por el narcotráfico a las campañas del Partido Nacional para influir en las elecciones presidenciales hondureñas en 2009, 2013 y 2017".
Según lo informado por Univision la semana pasada, dos primos guatemaltecosse entregaron a las autoridades estadounidenses y se espera que confirmen que fueron testigos de cómo el célebre narcotraficante mexicano, 'El Chapo' Guzmán, le entregó a TH un soborno de un millón de dólares para asegurarse de que su hermano, el presidente Hernández, garantizara el paso seguro de cocaína a través de Honduras.
Es increíblemente importante no adelantarse al curso del enjuiciamiento en este momento. El fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman obtuvo una sentencia contra TH, pero no ha acusado al presidente en funciones. En general, el Departamento de Justicia no acusa a los presidentes en funciones para evitar intervenir en los asuntos políticos de otro país. Pero parece razonable asumir que una vez que termine el mandato de Hernández en enero de 2022, enfrentará una acusación en Nueva York a menos que intente orquestar otro desacertado intento para postularse a la reelección.
El presidente Hernández niega todas las acusaciones. También ha tomado numerosas medidas para congraciarse con Trump apoyando la política migratoria del presidente; reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel y viajando a dicha ciudad para inaugurar personalmente una oficina diplomática; y garantizándole a Estados Unidos que Honduras no reconocerá a China diplomáticamente como lo hizo su vecino El Salvador en 2018. Otro ejemplo probablemente sería si acordara abandonar la política del derribo y revivir la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
A pesar de que el presidente es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, ¿no sería prudente que Estados Unidos evite compartir inteligencia sobre la lucha contra el narcotráfico con alguien que pueda estar vinculado a los narcotraficantes? ¿Cómo puede Estados Unidos garantizar que a esta información no se le dará un uso inapropiado? Quizás Estados Unidos loha persuadido de cooperar contra otros traficantes, pero están socavando su propia credibilidad y provocando grandes daños a los hondureños en el proceso. ¿Cómo puede responder esto al interés nacional de Estados Unidos?
En el proceso, Estados Unidos da a entender que no se toma en serio el respeto al estado de derecho y la lucha contra la corrupción. Estos deberían ser los pilares de la política estadounidense en la región, pero especialmente en Honduras y en toda Centroamérica.
Nota : La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.