Financiamiento ilícito y elecciones en México
La semana pasada, Javier Corral, gobernador del partido conservador de oposición Acción Nacional o PAN del estado de Chihuahua causó un gran escándalo político al denunciar una triangulación ilegal de al menos 245 millones de pesos (12.9 millones de dólares) de recursos federales para la campaña del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, en ese estado durante la elección estatal de 2016.
La indagación en Chihuahua tiene implicaciones políticas graves para la elección presidencial de 2018. No solo implica al exgobernador Cesar Duarte, ahora fugitivo, y al PRI local, sino que apunta hacia figuras nacionales del partido que ha dominado a México durante casi toda su historia moderna. Ya Alejandro Gutiérrez, el entonces secretario adjunto del PRI nacional, un personaje muy cercano al presidente del PRI en ese momento, Manlio Fabio Beltrones, ha sido detenido como resultado de la investigación. Tomando sus precauciones, Beltrones, un viejo lobo del PRI, ha decidió ampararse judicialmente contra cualquier orden de aprehensión e incluso para no ser llamado a declarar sobre el asunto.
El desvío de fondos –de lo que el gobierno de Chihuahua dice que hay pruebas documentales– refleja la enorme insuficiencia de los mecanismos de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la autoridad encargada de organizar las elecciones, e incluso de haber voluntad para investigar por parte de dicho instituto.
El sistema operante de financiación de campañas políticas en México data de la reforma electoral de 1996. En ese momento se decidió otorgar un elevado financiamiento público a los partidos políticos, tanto para su sostén como para las campañas electorales. Era una forma de compensar que el PRI, que por décadas había sido partido de gobierno, ya no contaría, por lo menos como antes, con los recursos del Estado. La medida se justificó para evitar que el financiamiento ilegal de las campañas proviniera del erario público, del sector privado o del crimen organizado.
Pero ese objetivo fracasó rotundamente. Hoy en día, los partidos en general reciben dinero para sus campañas electorales –en distinta proporción– de esas tres fuentes. Justo en 2000, a cuatro años de la reforma, surgieron los escándalos de Pemexgate, que afectó al PRI, por el uso indebido de dinero del sindicato de trabajadores de la compañía estatal de petróleo, y de los Amigos de Fox por el uso indebido de fondos privados para apoyar la campaña del PAN. Y aunque fueron fuertemente multados esos partidos, quedó el precedente del desvío posible. El problema no ha sido resuelto, ni se ve cómo podría serlo.
Hoy en día, diversos estudios señalan que los partidos reciben fondos al menos cinco veces mayores por debajo de la mesa que el financiamiento público legal. Y las fuentes son diversas. El problema es que aunque la legislación electoral y el INE han desarrollado esquemas de fiscalización más eficientes, lo son solo para el dinero lícito pero no logran detectar las fuentes ilícitas de financiamiento.
Casos de ello sobran. En la elección del estado de México de 2017 se ventiló por ejemplo que la candidata de Morena, Delfina Gómez, en su gestión como alcaldesa de Texcoco, había incurrido en la práctica llamada de “diezmos”, recaudando el 10% del sueldo de los 1,040 trabajadores públicos del ayuntamiento. Esta es una vieja práctica priísta declarada ilegal por las autoridades electorales que desafortunadamente ha sido adoptada por varios partidos. Pero Gómez no sufrió consecuencias ni istrativas ni penales por tales faltas en el estado de México.
Otro caso revela lo frágil e ineficientes que son los esquemas de fiscalización electoral. Hace pocos días, el INE, promulgó una resolución sobre el uso ilícito de recursos por parte del PRI en la elección presidencial de 2012. La indagación tardó seis años en resolverse. Se trata de recursos manejados por empresas fantasma para pagar a los representantes de casilla del PRI, y por cierto, de algunos representantes de otros partidos, para comprar sus lealtades probablemente facilitando ilícitos en las casillas.
El INE inició la indagación en 2013, pero la información requerida del banco sobre la triangulación le fue negada hasta diciembre de 2017. No hay en esto falta de voluntad del INE para esclarecer el caso, sino del banco en cuestión. A víspera de los que todos prevén será una dura contienda por la presidencia, el caso enseña lo difícil que es fiscalizar los fondos que engrasan la maquinaria electoral mexicana.
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